La pandemia de la Covid-19 ha representado una explosión destructiva en el corazón de la UE. Ha puesto de manifiesto, una vez más, las debilidades económicas, las actitudes y prioridades nacionales divergentes.
En medio de esta destrucción, el Tribunal Constitucional alemán ha disparado ahora otro misil. Al dejar de lado una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y pedir aclaraciones al Banco Central Europeo (BCE) sobre su programa de compra de bonos, ha planteado incómodos interrogantes sobre el ordenamiento jurídico de la Unión. Todo ello ha provocado mucha indignación y crujir de dientes.
Aunque se ha escrito mucho sobre los méritos, deméritos y impacto político de la bomba del Tribunal Alemán, quiero examinar los principios fundamentales, más que los detalles legales, que la sentencia ha puesto en duda.
En primer lugar, seamos claros: el Constitucional alemán no es un pseudo-tribunal políticamente controlado que está 'fuera de control', como algunos han sugerido. Es la institución más respetada en el mayor y más poderoso Estado miembro; un Estado que es, tal vez, más obsesivo que la mayoría sobre la aplicación meticulosa de la Ley.
En una UE que se enorgullece de su ordenamiento jurídico, los fallos del Tribunal no pueden ser desestimados de antemano, como parece que intenta hacer el BCE. Tampoco ayudará el procedimiento de infracción contra el Gobierno alemán, ya que la separación de poderes que sustenta una democracia que funciona significa que el Ejecutivo no puede, y no debe, coaccionar al Constitucional para que cambie su sentencia.
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No es ningún secreto que, durante muchos años, las instituciones de la UE, y en gran medida en respuesta a graves tensiones, han estado empujando los límites de la forma en que interpretan los mandatos que les fueron dados en virtud de los diversos tratados. Tampoco es un secreto que muchos en Alemania y en otros lugares se han sentido cada vez más incómodos con lo que consideran una ampliación de objetivos injustificada.
La controversia en torno a la sentencia del Tribunal se reduce a una sola cosa: ¿quién tiene la jurisdicción y la última palabra sobre la legalidad de las medidas adoptadas por las instituciones de la UE?
La posición de la Unión es clara: afirma que su ordenamiento jurídico deja claro que el TJUE tiene la jurisdicción última en cuestiones relacionadas con el Derecho europeo y la interpretación de los tratados. La Ley significa lo que la TJUE interpreta que significa. Fin de la historia.
El Constitucional alemán ha tomado una visión más matizada. Si bien no ha impugnado la posición de la TJUE como árbitro del Derecho de la UE, sí ha introducido cuestiones relativas a la responsabilidad democrática. El argumento es tan simple como explosivo.
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El Tribunal germano sostiene que Alemania, como Estado miembro, sólo puede participar en las iniciativas de la Unión Europea si se ajustan a los límites de lo que su Gobierno, con el consentimiento democrático, ha acordado en los tratados que ha firmado. Si las acciones quedan fuera de esos mandatos, entonces el Ejecutivo germano carece del permiso democrático para participar. En efecto, los jueces afirman que es su función determinar si el Gobierno alemán se comporta legalmente y dentro de los límites del consentimiento de su pueblo, y no de la TJUE.
Este argumento es particularmente relevante con respecto a las acciones del BCE. Mientras que éste, por insistencia alemana, es independiente de la interferencia política cuando establece la política monetaria, no tiene mandato para determinar la política social o económica. Sin embargo, es imposible llevar a cabo el tipo de política monetaria en la que el BCE se ha embarcado ahora sin que tenga importantes impactos sociales y económicos.
La forma en que un banco central aplica su política monetaria tiene consecuencias significativas para quien se hace más rico y quien se hace relativamente más pobre. Estas decisiones de distribución son propiamente políticas, no tecnocráticas. Como advertimos hace cuatro años en el contexto del Reino Unido, plantean serias cuestiones de responsabilidad democrática en torno al significado y los límites de la independencia del banco central en una época en que la política monetaria se ha ampliado mucho más allá del simple control de la inflación mediante la fijación de las tasas de interés, para convertirse en un protagonista central de la política económica y la distribución de la riqueza. Esto nunca se previó cuando los bancos centrales fueron declarados independientes.
En la zona euro, la misma cuestión se hace aún más difícil, ya que las acciones del BCE están comprometiendo a los estados miembros con gastos, responsabilidades y riesgos que tienen un impacto en las finanzas nacionales, pero que están fuera del control de los parlamentos nacionales; algo que nunca se ha acordado en ningún tratado. Las acciones del BCE "afectan a los límites establecidos por la responsabilidad presupuestaria global del Bundestag alemán", según el Tribunal.
La sentencia arroja una luz incómoda e inoportuna sobre las líneas divisorias de la estructura jurídica de una Unión que no es ni chicha ni limonada. Una vez más, ha dejado al desnudo para todos el eufemístico déficit democrático de la UE.
Hasta ahora, tales contradicciones e ilegitimidad dentro de la Unión se han empapelado con apaños políticos. Esta vez, será más difícil. La sentencia se encuentra en el centro del ordenamiento jurídico y la legitimidad democrática de la Unión Europea y no puede simplemente suprimirse o enterrarse. El torrente de ira que surge de las instituciones de la UE se interpreta mejor como los gruñidos de un tigre acorralado que como una indignación legítima ante un juicio erróneo.
Los jueces de toga roja se han detenido justo antes de la opción nuclear; hasta ahora. Le han dado al BCE la oportunidad de demostrar que su programa es "proporcionado" y, por lo tanto, legal. Pero su mensaje a las instituciones europeas es bastante claro: hasta ahora, han estado traspasando los límites impunemente. Están llegando al punto en que ya basta. Vayan con cuidado.
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