Cuando, el 15 de marzo, el Gobierno decretó el confinamiento en España para luchar contra la pandemia del coronavirus, no fueron pocas las personas sobre todo mujeres que pensaron que había llegado el momento de que la sociedad pusiera en valor los cuidados y se dieran respuestas a problemas que las instituciones públicas seguían posponiendo. Hoy, casi tres meses después de ese primer encierro, los primeros trabajos de
universidades, organizaciones sindicales, asociaciones feministas, etc. están sacando a la luz resultados preliminares que no pueden ser más desalentadores.
en avances supuestamente alcanzados y consolidados en ese manido, pero no resuelto, tema de la conciliación familiar, laboral y personal. Retrocesos que, como todo aquello que tiene que ver con este asunto, recaen de manera significativa en las mujeres, a pesar de que la conciliación debiera ser una cuestión prioritaria para la sociedad, los poderes públicos y las empresas.
Cuando hablamos de conciliar, en el imaginario colectivo seguimos pensando en medidas que permitan que las mujeres accedan al mercado laboral o permanezcan en él sin menoscabo de que puedan continuar con las labores familiares que llevan asociados los roles del cuidado. Pero seguimos olvidando que las acciones que se adopten y posteriormente se implementen deben ir, precisamente, encaminadas hacia cambios estructurales para que ambos hombres y mujeres puedan encontrar un equilibro vital que no lleve a que sean sólo ellas las que, en última instancia, elijan hasta dónde están dispuestas a renunciar o cuál es el precio que quieren pagar por no hacerlo.
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Las políticas públicas de conciliación deberían ser una de las prioridades de un Estado de Bienestar que tenga como objetivo la igualdad real y no sólo formal de su ciudadanía. Aunque en España existe una ley de conciliación que data de 1999 y otra
de igualdad estatal del año 2007, lo cierto es que los datos y los hechos nos demuestran que ambas no han sido capaces de
revertir los roles asociados a las labores y acciones que se consideran propias del ámbito público y del privado,
así como de los géneros vinculados a ellos.
Este hecho tiene su razón de ser en que, en un alto porcentaje de los casos, las normativas que regulan la conciliación no favorecen que sean los hombres los que asuman las acciones que las desarrollan. Siguen pensando que conciliar es
cosa de mujeres y que los planes de igualdad no están concebidos para que ellos puedan también ejercer esa conciliación. Lo cual, en última instancia, da lugar a que sean ellas las que se decanten por trabajos a tiempo parcial, por permisos retribuidos o no para poder compatibilizar su actividad laboral con las necesidades familiares o, por sólo citar las más conocidas y debatidas, aquellas relacionadas con la maternidad y
la paternidad. Todo ello no sólo está provocando una mayor carga de trabajo y responsabilidad en las mujeres en el momento presente, sino que
a largo plazo se espera que aumente la brecha salarial y que repercuta de manera negativa en la salud y en la calidad de vida de éstas.
En este sentido, durante la cuarentena han sido las mujeres las que han vuelto a colocar los cuidados en el centro de su proyecto vital.
Sin los dos pilares que fraudulentamente han permitido que se siga pensando que en España conciliar es una posibilidad las abuelas y los abuelos, por una parte, y las escuelas, por otro, ellas han realizado las tareas del mantenimiento del hogar, de la familia, de la enseñanza y, en aquellos casos en que sus actividades productivas remuneradas se lo han permitido, del teletrabajo. Para ello, han disminuido sus horas de sueño y se ha producido un aumento considerable de la carga mental que han debido soportar y el estrés derivado de esta cuádruple jornada laboral. Aún es pronto para medir los efectos de esta saturación en la salud y en las distintas brechas derivadas de la situación de anormalidad a la que nos hemos encontrado abocados y abocadas; las cuales, además, se podrían ver incrementadas a medio plazo en función de qué vaya a ocurrir con los centros escolares en el mes de septiembre, pero lo cierto es que los primeros datos con los que contamos de los trabajos que se han venido realizando durante estos meses
no dibujan un panorama esperanzador.
Las mujeres han buscado mantener el ya débil equilibrio que existía antes de la cuarentena entre la familia y el trabajo,
olvidando la tercera pata de estas políticas: la personal. La falta de un espacio propio, la necesidad de no flaquear en el cuidado de los demás y en mantener la actividad productiva remunerada a través del teletrabajo les ha llevado a aceptar este último como la panacea a la conciliación sin problematizar todas las implicaciones que el mismo está suponiendo y supondrá. Y ello si hablamos de un escenario de familia de dos progenitores, pero no podemos olvidar las innumerables casuísticas existentes donde las dificultades se han acrecentado de manera exponencial y ha sido impensable hablar de conciliar, o en aquellos otros en los que las mujeres desempeñan puestos incompatibles con el teletrabajo y que se han visto afectadas de manera directa por
la crisis laboral y económica. Para las trabajadoras del hogar, las cuidadoras informales o las camareras de piso, por citar tres empleos que mayoritariamente están ocupados y desempeñados por mujeres, la conciliación no entra en su vocabulario porque no se puede conciliar cuando no hay con qué hacerlo.
En los estudios más utilizados sobre los usos del tiempo antes del coronavirus se ponía de manifiesto que los hombres solían realizar aquellas actividades del hogar que implicaban estar más tiempo fuera de casa o se hacían al aire libre; habitualmente, bajar la basura. En tiempos de la Covid-19, a ello se le ha unido
sacar al perro y hacer la compra, es decir, dos actividades que han permitido
salir del confinamiento aunque fuese bajo unas estrictas medidas de seguridad. Las primeras lecturas que se están haciendo sobre estos datos pueden ser contradictorias: o bien se debe a que ellos se exponen más al
peligro junto al privilegio de salir del hogar, o bien a que ellos asumen que la carga de trabajo debe compensarse y buscan qué actividades pueden realizar, aunque sea utilizando el indebido término de
ayudar.
El escenario que se abre en los próximos meses no es nada alentador. Si
la crisis ha puesto de manifiesto las deficiencias de las políticas públicas de salud, así como de los servicios sociales y cuidados hacia nuestros mayores, por citar aquellas que más repercusión mediática han tenido, no es menos cierto que
las medidas hacia las familias y las instituciones educativas están siendo las grandes olvidadas. Se tendrá que plantear un debate donde se dejen de minusvalorar los cuidados y se incluya en la agenda pública de los estados la necesidad de trabajar sobre nuevos modelos que no prioricen sólo aquello que se asocia a los roles de producción, sino también a los de reproducción. Es el momento de que las políticas públicas de igualdad de oportunidades se conviertan en una prioridad estatal y no en una moneda de cambio en busca del rédito electoral. Gestionar con perspectiva de género es prioritario para poder responder, a través de una corresponsabilidad social, a las viejas y nuevas demandas de las aspiraciones de las mujeres. En caso contrario, tendremos que asumir la pérdida del talento de una gran parte de la sociedad que quisio creer que, a través de la conciliación, podían equilibrar y alcanzar sus proyectos de vida y que se han encontrado, de nuevo, en la casilla de salida.
