La economía mundial afronta su mayor desafío en décadas, detonada por la pandemia del coronavirus y sus efectos brutalmente disruptivos sobre prácticamente todos los mercados; pero está pegando con particular fuerza en las economías emergentes. Y, entre ellas, las de América Latina se están viendo empujadas a la contracción más aguda de la actividad productiva y del empleo de su historia moderna.
La emergencia es mucho más grave y compleja que las crisis de balanza de pagos tan frecuentes en la región, asociadas al colapso de los precios de las
commodities o a problemas de servicio de la deuda externa. En primer lugar, a diferencia de éstas, la crisis actual es doblemente amenazadora, pues afecta tanto a la salud física y mental de la población como a su bienestar socioeconómico. En segundo lugar, siendo global,
sus efectos adversos se transmiten en cascada con tiempos e intensidades variables entre países y en el interior de cada uno. Frena el turismo, pero también el comercio al cortar cadenas globales de valor por el cierre de la producción en eslabones clave. Asimismo, deprime la inversión (extranjera y local) y
da vuelo a capitales
golondrinos desde las economías del sur a las del norte.
En tercer lugar,
al ser un golpe global, toda política económica nacional tiene un potencial muy limitado. Paliar la crisis exige respuestas coordinadas a nivel regional e internacional, con el compromiso de recursos extraordinarios e incluyendo, entre otros actores, al G-20 y al Fondo Monetario Internacional. Ante la intensificación de las presiones y efectos adversos de la crisis, las economías emergentes se ven urgidas de capitales frescos, con necesidad de apoyo de organismos financieros internacionales. En varias de ellas ya se vislumbra en el horizonte la necesidad de reestructurar su deuda soberana, mediante una quita parcial. Atenderlas en tiempo y forma con fondos frescos va más allá de arreglos puntuales, caso por caso. Requerirá soluciones sistémicas globales, la acción concertada de organismos multilaterales, regional o globalmente. Y para ser más efectivos, debiera verse acompañado de un nuevo esquema de administración de flujos de capitales de corto plazo para evitar alimentar las fugas del sur al norte, complicando más la recuperación.
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En cuarto lugar,
el efecto disruptivo de la pandemia cobra un orden especial de magnitud ante la ausencia de vacuna o cura. De esta forma, la decisión de gobiernos, agentes productivos y ciudadanos en cuanto a mantener, graduar o interrumpir la fase de confinamiento social implica la valoración de riesgos vitales (en salud física y económica) en un contexto de gran incertidumbre. Son decisiones éticas, urgentes y cruciales, con implicaciones extraordinarias a corto y largo plazo sobre la vida y la salud individual, pública y económica.
Retomando la perspectiva económica, la pandemia (a diferencia del
choque de balanza de pagos típico) afecta tanto a la oferta como a la demanda agregadas. En cuanto a la primera congela, de golpe y luego progresivamente, una amplia gama de actividades el cerrar comercios, empresas y proyectos por miedo al contagio y por las medidas de distanciamiento social ante la emergencia sanitaria. En cuanto a la segunda, la demanda agregada mundial y el comercio colapsan con la desaceleración (e incluso contracción) de las potencias industrializadas y, luego, del conjunto de países. Además, la creciente volatilidad en los mercados cambiarios y financieros se traduce en flujos mayúsculos de fuga de capitales.
Este contexto impacta en la formación bruta de capital fijo, por la incertidumbre sobre la duración y profundidad de la emergencia sanitaria y económica. A la vez, la
astringencia financiera y
descalces cambiarios presionan los balances y pueden llevar a que problemas temporales de liquidez desemboquen en quiebras permanentes. La caída en la inversión pública se añade a este
cocktail nocivo, mientras la privada retrasa o cancela planes de ampliación de infraestructura, de modernización de maquinaria y equipo. Este círculo vicioso deprime la actividad diaria y mina el potencial económico de largo plazo.
Este episodio se traducirá irremediablemente salvo que se toman medidas para impedirlo en un incremento de la desigualdad en cada país, en cada ciudad. Ello,
en una región ya agudamente desigual y con una vasta pobreza, supone un grave impacto socioeconómico en la población. Además, debilita el mercado interno, gripando de esta forma el otro posible motor de repunte ante el colapso de la demanda externa.
La pandemia y sus efectos han dado un golpe en la mesa donde se discutía sobre los méritos y los fallos del mercado y del Estado. Los problemas que hay que resolver implican decisiones organizativas que abarcan a la sociedad en su conjunto; más allá de divisiones de clases, de especificidades sub-regionales o diferencias culturales, de credos, de género o de otro tipo
. Estas decisiones sólo pueden ser tomadas de manera legítima por el Estado. Es el único agente con el sustento político, avalado por la elección en democracia, para decidir el uso de los recursos nacionales ante la emergencia. Es quien tiene el mandato y capacidad para aplicar las políticas públicas ante la pandemia en todo el territorio. Dado lo extraordinario del momento, el Gobierno debe adecuar las respuestas con base en un renovado pacto social, en un acuerdo nacional.
La política
macro tiene como prioridad dirigir recursos a atender la emergencia sanitaria y económica. Asimismo, deberá hacer todo lo posible para garantizar la subsistencia de la población más golpeada por el
apagón de la actividad productiva, incluyendo las pérdidas de empleo o los recortes brutales de los ingresos. En este empeño, hay consenso sobre que deben ponerse en marcha programas e iniciativas de apoyo directo a muy diversas empresas para que preserven sus puestos de trabajo; para que sus problemas temporales de liquidez no se traduzcan en cierres. La apertura post-confinamiento, el regreso a llamada
nueva normalidad será mejor si se cuenta con el mayor número de empresas que, antes de la pandemia, operaban de manera solvente, para que reincorporen a los trabajadores a sus actividades.
La gravedad de la emergencia, la magnitud de los recursos requeridos para atenderla en tiempo y forma para aminorar sus severos impactos y la urgencia de otorgar los apoyos efectiva y rápidamente obliga a dejar de lado la preocupación por mantener un balance presupuestario no deficitario. Como se reconoce desde todas las corrientes del pensamiento económico, a partir de las lecciones de la Gran Depresión, en las épocas de recesión, de declive de la actividad económica,
los gobiernos deben incurrir en políticas fiscales deficitarias, deben alejarse de la austeridad. Ello es particularmente cierto para países como México, que carecen de estabilizadores automáticos significativos como, por ejemplo, los seguros de desempleo.
La política monetaria, en coordinación estrecha con la fiscal, debe ayudar a solventar la ampliación del espacio fiscal. Ello requerirá del apoyo de la banca central y la de desarrollo, sea financiando directamente la deuda pública o canalizando indirectamente fondos al sector privado, sea o no vía banca comercial. Deben reconocerse los riesgos a medio plazo en términos de solvencia fiscal, por lo que es recomendable que los programas macroeconómicos de emergencia (sobre todo si presionan el espacio fiscal en algunos puntos del PIB más allá de los usuales) se acompañen de reformas.
Éstas, cabe aclarar, habrían aplicarse en una futura fase de estabilización expansiva de la economía, aunque sea moderada. Hacerlo antes sería una torpeza, pues la búsqueda del retorno a una llamada prudencia fiscal asfixiaría el repunte y, seguramente, aumentaría el cociente de la deuda y el PIB, con una caída más pronunciada de la actividad productiva y con la revalorización de la deuda externa ante la inevitable depreciación cambiaria.
La pandemia debe estimular una reflexión sobre la adecuación y la calidad del
toolkit de políticas macroeconómicas para encarar emergencias; en particular, sobre el marco institucional de conducción de las finanzas públicas de manera contra-cíclica, sobre los ámbitos de acción y prioridades de la banca central y la política monetaria y financiera. Debe obligar a una reconsideración de las políticas sociales ante estos retos episódicos y, también, de la forma en que se abordan los retos fundamentales de larga data: la desigualdad y la pobreza.
Pero también invita a repensar la agenda de desarrollo a largo plazo, más allá de la emergencia. En este esfuerzo, hay que redefinir las nociones de
público y de
privado. La emergencia hizo dramáticamente evidente que asegurar la salud las condiciones de alimentación, saneamiento, acceso a agua, prevención y atención médica de los más vulnerables es indispensable para garantizar la salud de todos. Hizo patente la inaceptable vulnerabilidad de amplias mayorías de la población cuando su subsistencia se ha visto vitalmente puesta en jaque, amenazada por el confinamiento social de unas cuantas semanas. Y sin olvidar las agudas desigualdades evidenciadas entre
nuestra población en edad escolar, en tanto que gran proporción (quizá el 40%-50%) se ha quedado sin acceso a educación de calidad: muchos de ellos, además, expuestos ahora a mayor violencia e inseguridad alimentaria.
A manera de conclusión, para combatir la emergencia y sus efectos a corto, medio y largo plazos urge un nuevo acuerdo social cuyo compromiso sea asegurar universalmente la protección social, alimentación y educación de calidad, con sostenibilidad ambiental. Este acuerdo, para que cobre una expresión funcional y presupuestaria indispensables, requiere de un compromiso de los actores políticos, económicos y sociales relevantes en torno a las siguientes preguntas: ¿qué economía y sociedad queremos? ¿Qué dialogo social debemos reconstruir para ello? ¿Cuánto cuesta, cómo se financiará y cómo se repartirán las responsabilidades y cargas para ponerlo en marcha? El camino en la búsqueda de la
nueva normalidad debe apuntar hacia una igualdad mucho mayor a la hora de repartir los beneficios del crecimiento económico. Sólo así se aprovecharán las lecciones de la pandemia en materia ética y de políticas económicas y sociales, a fin de asegurar nuestro devenir como sociedad civilizada en un marco de derechos y responsabilidades ciudadanas en democracia.
(Una versión más amplia de este análisis será publicada por el Programa Universitario de Desarrollo Económico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Unam)
