La Covid-19 ha supuesto un shock a la economía mundial. Más concretamente, las caídas previstas del Producto Interior Bruto (PIB) en las principales economías de África y Latinoamérica como consecuencia del virus (según el Fondo Monetario Internacional, de un un 5% de media para 2020) nos anuncian un periodo post-pandemia de fuerte crisis económica. ¿Qué respuestas dará el mundo de la cooperación al desarrollo?
Por lo pronto, el G-20 y el Club de Paris han acordado moratorias al pago de intereses de las deudas que los países en vías de desarrollo tienen con los países desarrollados. Algunas voces incluso claman por una condonación de esas deudas, al estilo de la iniciativa
HIPC/MDRI (Heavily Indebted Poor Countries/Multilateral Debt Relief Initiative). También parece estar produciéndose una reorientación en sus prioridades de las diferentes agencias de cooperación nacionales y multilaterales, hacia el reforzamiento de los sistemas sanitarios de los países en vías de desarrollo y, también, a sostener su tejido económico, conformado mayormente por pymes.
Estas respuestas a corto plazo, necesarias aunque no suficientes, ponen de nuevo de manifiesto una realidad a la que la cooperación al desarrollo debe enfrentarse:
¿bastará con incrementar/reorientar los fondos destinados a los países menos desarrollados y seguir con el 'business as usual' para capear la situación? La respuestas es no. Seamos sinceros, en los últimos 60 años, la ayuda al desarrollo ha encontrado siempre razones para justificar que se aumente su dotación: si ha alcanzado sus objetivos, porque se demuestra su eficacia, y si no lo ha hecho, porque sus fondos habían sido insuficientes. Parafraseando a Winston Churchill, la cooperación al desarrollo ha sido como el champán: en los casos de éxito, te lo mereces, y en los casos de fracaso, lo necesitas. Además, las tentaciones de reducir los fondos destinados a cooperación para poder contar con más margen en la recuperación nacional post-Covid-19 son cada vez más fuertes. ¿Cómo sobrevivir al virus?
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La cuestión tiene más enjundia de lo que parece y esconde un dilema perverso. No son pocos los que plantean la cuestión como una dicotomía
fondos para cooperación al desarrollo vs
fondos para la recuperación económica nacional que esconde una alternativa infundada, al partir de una motivación simplista, más ideológica que racional.
La cooperación al desarrollo no es, o no debiera ser, una política de caridad, sino una política utilitaria técnicamente fundada; y, por ello, no es alternativa a la recuperación económica nacional, sino complementaria. No lo es porque ya no existe, o no debería existir, una visión moralista o humanitarista de la ayuda del desarrollo que simplifica e infantiliza su fundamentación alimentando la falsa priorización de
primero yo, después el otro. La política de cooperación al desarrollo no se basa, o no debiera basarse, en la volátil sensibilidad de lo que se ve, sino en el sentido de justicia e interés (en el buen sentido de la palabra) de lo que existe.
Por ello, debería tener un carácter estratégico y no táctico-caritativo, gozando así de estabilidad en cuanto a su dotación. Es decir, justificada por los beneficios (económicos o no) puramente egoístas que aportase o, si se prefiere, fundamentada en criterios de interés propio. En efecto, en el momento en que dejamos de movernos en el plano moralista y pasamos a un enfoque basado en una racionalidad participativa que beneficia tanto a una parte como a la otra y, además se hace en términos de equidad, se desvanece la tentación de reducir los fondos para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
Visión estratégica vs
caridad táctica: ése es el verdadero punto de decisión en el que la Covid-19 ha colocado a la cooperación al desarrollo.
Mientras el enfoque táctico-caritativo tiene la ventaja de la inercia del
business as usual, la visión estratégica, por el contrario, requiere romper algunos tabúes. Quizá el mayor de todos sea la participación del sector privado en un sector de cuyas motivaciones siempre ha recelado. Afrontémoslo,
la división estanca entre el sector público y el privado está cada vez justificada a la luz del aumento de colaboraciones publico-privadas de éxito. La búsqueda del beneficio económico del sector privado no es necesariamente incompatible con el objetivo de desarrollo en los países menos avanzados. De hecho, bien canalizado a través de iniciativas como el
blending o mecanismos de garantías, puede suponer un aumento exponencial de los fondos (
from billions to trillions) que se destinen a estos países y, con ello, un mayor impacto en el bienestar de las poblaciones de los países menos desarrollados.
La visión estratégica en el mundo de bloques que se avecina se antoja vital, especialmente en el marco de las relaciones de la Unión Europea con el continente africano. África ya no es el hermano pequeño que hay que cuidar, sino el joven atlético que gana protagonismo frente a la anciana Europa. Una alianza geopolítica, que contrarrestaría el polo creciente de poder en el Pacífico y el modelo de capitalismo de Estado chino, es no sólo deseable, sino necesaria para la supervivencia del modelo del Estado democrático y social de derecho europeo, asentado en un Estado de Bienestar sin menoscabo de las libertades.
Pero más allá de estos intereses estratégicos propios, el objetivo último de toda política de cooperación al desarrollo debe buscar, paradójicamente, su propia desaparición, ya que sólo entonces sabremos que hemos llegado a ese punto en el que los países en desarrollo se habrán apropiado de su destino; el destino que les pertenece. ¿Cómo lograrlo? Para empezar, hay que reformular su dependencia de la propia AOD afrontando los cuatro grandes retos que permitan el desarrollo de vectores de crecimiento económico: la profundización en los intercambios comerciales internacionales, la obtención de recursos internos propios con el desarrollo de sistemas tributarios eficaces, la lucha contra el cambio climático y el reto demográfico.
El incremento de los intercambios comerciales internacionales es una certeza generalizada en el mundillo económico por su capacidad para generar economías de escala, aprendizaje y especialización, permitiendo el desarrollo tecnológico. Pero, para que sea provechoso para ambas partes, debe darse en un marco regulatorio justo y su profundización ha de apoyarse en ambos sentidos (quizá mediante cadenas de valor regionales UE-África o UE-Latam), así como fomentar los denominados intercambios sur-sur. El
'African Continental Free Trade Agreement', que entró en vigor el 30 de mayo de 2019, es un ejemplo de avances en esta dirección.
La obtención de recursos internos propios mediante el desarrollo de sistemas tributarios, aun siendo prematuro en algunas economías, requerirá en muchos casos de un esfuerzo de formalización de unas economías que, a día de hoy, se caracterizan por una fuerte informalidad.En este sentido, el desarrollo de
fintechs favorecería esa mayor formalización en economías poco bancarizadas, pero con un uso muy generalizados de los
smartphones. Por ejemplo, se calcula que un aumento del 10% de la cobertura digital redundaría en un incremento de un punto del PIB africano. Adicionalmente, la digitalización de la Administración conllevaría un mayor control y, por ende, en una mayor dificultad para la corrupción de las autoridades.
Gráfico 1.- Economía informal (media) en porcentaje del PIB
Fuente: Molina, Leandro y Schneider, Friedrich, 'Shedding Light on the Shadow Economy: a Global Database' (2019, FMI Working Paper).
La lucha contra cambio climático debiera re-enfocarse no como una obligación de los países que no han contribuido a su deterioro, sino como la oportunidad de ahorro, en tiempo y dinero, que supondría saltarse las etapas de
carbonización y
petrolificación de las industrias y economías menos desarrolladas. Además, sería un incentivo para que los países altamente dependientes de la exportación de crudo diversificaran sus economías y, con ello, fueran menos vulnerables a los
shocks en el precio del petróleo. Apelar a la lucha contra el cambio climático debe hacerse desde el pragmatismo y asegurando condiciones en la financiación que hagan atractivos los proyectos de energías verdes frente a las inversiones en combustibles fósiles; no desde el deber de contribuir a solucionar un problema global del que los países menos desarrollados no son causantes.
El reto demográfico se da en una doble vertiente: por un lado, la creciente urbanización, que permitirá llevar a cabo actuaciones con un mayor impacto en las poblaciones de países que tradicionalmente han tenido una gran dispersión geográfica. Este impacto se dará tanto en la mejora de las condiciones de vida (agua y saneamiento, urbanismo, etc.) como en un mayor acceso a oportunidades de empleo, de comercio, de información y otras externalidades positivas de las urbes; por otro lado, el empoderamiento de la mujer permitirá no sólo acabar con una injusticia social, sino también tener un impacto positivo en la
demografía y, con ello, en el desarrollo de economías menos avanzadas.
El enfoque estratégico a la hora de afrontar estos cuatro retos se manifiesta en el conjunto de medidas propuestas, algunas de interés propio y otras de emancipación de los países en vías de desarrollo. Sólo perdiendo la dimensión moralista que aún pervive en el mundillo de la AOD, la volátil cooperación al desarrollo de blanqueo de conciencias dará pie a otra estable, estratégica y basada en una racionalidad orientada equitativamente; un enfoque integrador de intereses que no tienen que ser forzosamente contrapuestos. Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis de la Covid-19 es que, en un mundo interdependiente, lo que le pasa al vecino me acabará afectando. ¿Y si lo que le pasase al vecino fuese que, por fin, pudiese salir del bucle del
statu quo de falta de oportunidades en el que se despierta cada mañana?
