La Covid-19 está reflejando y expandiendo las desigualdades sociales que ya existían, y así lo están mostrando recientes estudios realizados desde distintas disciplinas. Se han exacerbado las desigualdades vinculadas a la edad, al género, la precariedad laboral, el lugar de residencia y, sobre todo, a la clase social. Hasta el momento, el grupo más vulnerable ha sido el de los adultos mayores; en especial, aquéllos que viven en residencias de mayores.
En España, la muerte de 19.061 personas en residencias a causa de la Covid-19 o síntomas compatibles (
con datos del 23 de mayo de 2020) nos obliga a mirar desde distintos ámbitos cómo mejorar las políticas de atención a los adultos mayores.
Diversos estudios ya habían alertado de los problemas estructurales de esta política, relacionados íntimamente con la poca prioridad que ha tenido en la agenda de gobierno y, en consecuencia, con su escasa dotación de recursos públicos: por ejemplo,
entre 2010 y 2014 España destinó de promedio un 0,85% del Producto Interior Bruto (PIB) para políticas de cuidados de larga duración de las personas mayores, en comparación con el 1,7% en Alemania, el 2,5% en Dinamarca y el 2,8% en los Países Bajos.
El objetivo de este breve análisis es subrayar la importancia de hacer transparente la información sobre esta política, sobre las instituciones responsables de implementarla y sobre sus procedimientos de gestión. Esa transparencia no se limita a la visión minimalista de hacer público el número de plazas (ocupadas y disponibles) de estos centros, sino que abarca medidas de mayor calado en las políticas de atención de mayores que tendrían que implementarse en todas las comunidades autónomas, pues es en éstas en quienes recae principalmente la responsabilidad de gestionar, financiar y evaluar este servicio.
[telegram]En especial, las políticas de transparencia están relacionadas con la provisión de información sobre la toma de decisiones, los contenidos de éstas y sus resultados y efectos.
La transparencia es un prerrequisito de la rendición de cuentas, pues sólo a partir de información disponible se puede evaluar y comparar la calidad de este servicio, evitar la corrupción en su gestión y sancionar a los responsables en caso de un mal desempeño. La crisis ocasionada por la Covid-19 también nos ha demostrado que la falta de transparencia puede tener consecuencias graves para los residentes en estos centros.
¿Quiénes deben estar sujetos a mecanismos de transparencia?
Un primer elemento fundamental es señalar con claridad quiénes deben ser los responsables de proveer esta información. Por diversos estudios, sabemos que la provisión de este servicio tiene una alta participación del sector privado en un gran número de países,
incluso en países con estados de Bienestar universalistas, de manera que
estas medidas deben obligar tanto a centros públicos como privados a hacer pública información sobre aspectos diversos de su gestión. Como se observa en la siguiente tabla, la política de atención a los adultos mayores tiene un grado muy alto de
mercantilización. Por ejemplo, según datos de los
Informes de envejecimiento en red, de un total de 372.985 plazas en España, el 73% pertenecen a centros privados, y en algunas comunidades autónomas como Cantabria, Cataluña, Valencia este porcentaje es igual o mayor al 80%.
Tabla1.- Distribución de centros y plazas residenciales por provincia
Los efectos de la Covid-19 han mostrado que
tanto en los centros públicos como en los concertados y privados en España existen claras deficiencias de gestión. Sin embargo, las organizaciones privadas (a diferencia de las públicas) presentan, en ausencia de regulación, dos riesgos fundamentales en materia de transparencia: primero, están menos sujetas a mecanismos de rendición de cuentas, tanto a otras instituciones públicas como a los ciudadanos en general; y, segundo, cuando hay una ausencia de competencia en el mercado y de regulación (por ejemplo, cuando la prestación del servicio se concentra en pocas manos, como un número reducido de
empresas multinacionales), la gestión de estas organizaciones puede conllevar grandes riesgos de opacidad y de asimetría de la información.
Asimismo, también es necesario arrojar luz, como medida de control del sector privado (en sus distintas formas de gestión mixta o directa), sobre que estudios empíricos han demostrado que su participación puede tener consecuencias negativas en
la calidad de la prestación y en la
satisfacción de los ciudadanos.
¿Cuáles deberían ser los contenidos de esta información?
Por un lado, es necesario
un sistema de información homogéneo que garantice la recopilación y publicación de indicadores e informes de calidad sobre estos centros de todas las comunidades autónomas, pues hasta el momento existe mucha variación según territorios. Se requieren reformas en las políticas de transparencia que garanticen la publicación de información sobre aspectos cruciales que permitan evaluar la calidad de cada centro, como la ratio de personal (médico y de enfermería) y sus cualificaciones profesionales, condiciones laborales y funcionamiento de los sistemas de turnos del personal, la asignación presupuestaria (por ejemplo, el dinero destinado a gastos administrativos, a pago de servicios de limpieza o de cocina) y la ratio de espacio disponible para cada adulto mayor.
Y, sobre todo, es necesario homogeneizar y hacer transparentes los procedimientos de autorización, acreditación y registro, los criterios de las inspecciones, sus resultados y, en su caso, las sanciones impuestas.
Asimismo, los centros también tendrían que estar obligados a proporcionar información homogénea y detallada a los propios usuarios (parece olvidarse que son ciudadanos con plenos derechos) sobre los protocolos de ingreso, la prestación de servicios médicos disponibles y la disponibilidad o medios de acceso a espacios exteriores y al aire libre; también, información detallada sobre los procesos de atención individualizada, como el seguimiento de la medicación de los adultos mayores, su dieta y las actividades que realizan (físicas y sociales).
Es importante señalar que
el derecho a la protección de datos de carácter personal (destinado a proteger principalmente la información personal de los residentes) no se contradice con el derecho a la transparencia. Cabe mencionar, como ejemplo, las encuestas realizadas anualmente por el Consejo Nacional de Salud y Bienestar de Suecia (
'Socialstyrelsen'): por un lado, esta institución sondea la satisfacción de los residentes respecto a la atención que reciben en las residencias, incluyendo aspectos como la percepción que tienen sobre el trato del personal del centro o sobre el seguimiento de sus planes de atención individualizada; y, por otro lado, encuestas destinadas al propio personal administrativo de cada centro, con el objetivo de tener información más detallada sobre los indicadores de calidad, su tamaño, el tipo de servicios que prestan, la ratio de personal de enfermería o el número de residentes de cada centro. Todos estos mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas son una vía idónea para medir la
calidad de cada residencia y para estudiar
sus efectos.
La Covid-19 ha hecho evidente que la falta de transparencia en la gestión de las residencias ha contribuido a este escenario devastador. En los próximos años habrá que construir estos sistemas de información, pues sin ellos no se podrán analizar los efectos de esta política ni comparar los resultados de distintos modelos de gestión. Tampoco se podrían asignar responsabilidades (y sanciones) a quien lo está haciendo mal. La evaluación de esta política no puede reducirse al coste del servicio, sino que debe abarcar el cumplimiento de requisitos mínimos de calidad que garanticen una vida digna a los adultos mayores que viven en ellas.
