21 de Mayo de 2020, 20:19
El Ejecutivo declaró el estado de emergencia el 15 de marzo, nueve días después que se detectara el primer caso de coronavirus, con sólo 86 casos detectados. La reacción rápida del presidente Martín Vizcarra, basada en la experiencia de otros países, incluyó la cuarentena y, tres días más tarde, el toque de queda. En el marco de sus facultades constitucionales, dispuso que las Fuerzas Armadas apoyaran a la Policía Nacional para garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas.
Las medidas del Ejecutivo y las limitaciones del Estado
El presidente tomó diversas iniciativas para mitigar los problemas económicos de los hogares por la cuarentena: entre otros, bonos de alrededor de100 dólares mensuales para los hogares pobres y pobres extremos, así como un bono familiar universal de 200 dólares para los trabajadores independientes. Otra medida apuntó a la retirada de un monto de 600 dólares de los fondos acumulados en cuentas personales de las administradoras de fondos de pensiones, para quienes no hubieren aportado en los últimos seis meses. Para las empresas, se creó el Fondo de Apoyo Empresarial para las micro y las pequeñas empresas, así como el programa Reactiva Perú, a fin de garantizar créditos para que cumplan con sus responsabilidades económicas y garantizar la cadena de pagos. Hasta la fecha, el plan de estímulo fiscal equivale al 14,4% del Producto Bruto Interno (PBI) peruano.
Como medida de transparencia y rendición de cuentas, el Ministerio de Economía y Finanzas ha puesto a disposición de los ciudadanos herramientas que facilitan el oportuno seguimiento del presupuesto para la lucha contra el Covid-19.
La popularidad de Vizcarra ha subido en esta coyuntura. Si bien ya era superior a la de sus antecesores, en mayo es de 80%, tres puntos por debajo del mes de abril. Desde el primer día, asumió la portavocía del Ejecutivo. Durante las primeras semanas, ha dado mensajes diarios al mediodía, al lado de su Gabinete, buscando transmitir liderazgo en las medidas tomadas. Sin embargo, las comparecencias se han ido espaciando y las noticias no han sido buenas.
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La pandemia ha develado las limitaciones del Estado peruano, la fragilidad de los servicios de salud y de infraestructuras, la informalidad, la dificultad para hacer compras públicas eficientes, el hacinamiento en las cárceles, la brecha digital y otros problemas estructurales.
De acuerdo con Ipsos, cuatro de cada 10 peruanos se ha quedado sin trabajo y no recibe ingresos. Explica Carlos Ganoza que con "11 millones de personas cuyo sustento depende de una actividad informal, para la gran mayoría no salir a trabajar significa no generar ingresos". El coste económico de la cuarentena es del 1% de PBI por semana, se ha puesto en marcha la reactivación por sectores y fases y se han establececido protocolos para conciliar la recuperación económica y la protección de la salud.
La relación entre el Ejecutivo y el nuevo Congreso
Las relaciones entre ambos poderes del Estado en los regímenes presidenciales se determinan por la colaboración y el control político. El presidente disolvió el Congreso y convocó elecciones parlamentarias el año pasado. El Parlamento entrante se instaló al día siguiente de la declaración de emergencia por la pandemia de la Covid-19. A los pocos días, aprobó la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, a fin de atender desde diversos ámbitos la emergencia sanitaria: salud, política fiscal, seguridad ciudadana y educación, entre otros. Así, se dictaron 58 decretos legislativos y 30 decretos de urgencia; estos últimos, en materia económica y financiera. De ellos, el Ejecutivo debe dar cuenta al Congreso para el respectivo control del Legislativo. Pero durante el interregno parlamentario ha dictado decretos de urgencia sobre diversas materias y el presidente del Consejo de Ministros debió sustentarlos ante el nuevo Congreso, obligación constitucional postergada por la emergencia. Esto ha generado malestar entre algunos de los nueve grupos parlamentarios.
El Ejecutivo ha presentado cinco proyectos de ley. Luego de aprobar la delegación de facultades legislativas, dos de estas iniciativas fueron archivadas. Una de ellas estaba dirigida a disminuir el hacinamiento de la población penitenciaria y en los centros juveniles. El Congreso consideró que se trataba de un problema que debía resolver el Ejecutivo y votó en contra. El problema no es menor, por las condiciones en que se encuentran los penales del país, con un número importante de reos afectados por la enfermedad.
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Otro proyecto archivado es el que proponía una comisión multisectorial para la reforma integral del sistema de pensiones. El Congreso resolvió crear una comisión especial integrada sólo por parlamentarios.
Otras dos leyes promovidas por congresistas fueron promulgadas por el presidente del Congreso: la primera, por haberse superado el plazo para promulgar o presentar observaciones sin que el presidente haya optado por hacerlo y la segunda, por insistencia ante las observaciones remitidas por el Ejecutivo. En efecto, la aprobación del Congreso de una iniciativa que suspende el cobro de peajes en la red vial durante la pandemia fue observada, pues según el Ejecutivo vulneraría la Constitución al modificar legislativamente contratos de concesión. Pese a las observaciones y advertencias sobre posibles arbitrajes que podrían comprometer económicamente al país, el proyecto fue aprobado por el Congreso mediante insistencia. Se requerían 66 votos, se aprobó con 103 votos a favor. El Ejecutivo ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad.
Paridad y alternancia
Perú celebrará elecciones generales el próximo año. Ni el presidente ni los congresistas pueden ser reelegidos. El año pasado se aprobaron algunas de las reformas políticas propuestas por el Ejecutivo. El Congreso se encuentra debatiendo la aplicación de la paridad en listas cerradas y bloqueadas. Vizcarra defendió la reforma política en una de sus conferencias de prensa: "No vaya a ser que, cuando salgamos de la pandemia, cuando podamos vencer al coronavirus, gracias al esfuerzo de todos los peruanos, nos encontremos con una serie de normas y leyes que van a generar más perjuicio y daño que el propio virus". El presidente del Congreso respondió poco después acusando al Gobierno de estar fracasando en la lucha contra la pandemia y pidió que su homólogo del Consejo de Ministros se presente a pedir el voto de confianza, obligación constitucional pendiente.
En un marco de desentendimientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, Perú combate la pandemia y debate las reformas para el proceso electoral del próximo año. No es fácil compartir los costes de la crisis sanitaria y de una economía que se ralentiza.
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