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Crisis del coronavirus y reforma tributaria en España

Mario Cuenda García

14 de Mayo de 2020, 20:43

España tiene un largo historial de altos niveles de deuda pública y de crisis de deuda. La última ocurrió en 2010-2012, pero a lo largo de todo el siglo pasado el país tuvo niveles de endeudamiento insostenibles en al menos cuatro ocasiones, precedidas por periodos de déficits excesivos. En la historia contemporánea, la emisión de deuda para financiar al Estado se remonta hasta el siglo XIX, cuando los ingresos de la Hacienda Pública resultaban insuficientes para cubrir los gastos extraordinarios.

A lo largo de los siglos, cuando estallaban crisis de deuda, el Estado recurría a dos soluciones: una era su impago (España arrastra una larga lista desde el siglo XVI) y la otra consistía en emprender reformas tributarias para aumentar la recaudación. Historiadores como Comín, Martorell, Fontana y Artola han descrito detalladamente la evolución de la deuda pública española y las reformas fiscales a lo largo de la historia.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda española alcanzará en 2020 el 113,4% de su Producto Interior Bruto, su cota máxima en los últimos 100 años. El parón de la actividad económica ha reducido los ingresos tributarios mientras que el gasto público se ha disparado drásticamente.

En los últimos meses, el debate fiscal a nivel europeo ha girado en torno al formato de la deuda que contraerán los estados miembros de la Unión Europea. Ha habido divergencia de opiniones entre los países del norte y del sur en torno a los eurobonos, la utilización del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede) o la creación de un fondo de reconstrucción. Todos estos debates –de los que salen especialmente malparados los países con mayores niveles de endeudamiento, tales como España, Italia, Francia o Portugal– se centran en el acceso al crédito.

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Sin embargo, la discusión sobre el formato de la deuda es sólo una de las caras de la moneda. No hay que olvidar la otra: la recaudación futura. Con los niveles de endeudamiento que se van a alcanzar en los próximos meses y años, no cabe duda de que para evitar una crisis por esta variable en el futuro será necesario emprender reformas tributarias de calado. En este sentido, cabe recordar que los estados miembros de la UE conservan la soberanía sobre sus políticas fiscales: España y los demás países del sur de Europa pueden y deben emprender reformas tributarias a nivel nacional para aumentar la recaudación.

El debate sobre la reforma tributaria ha ganado fuerza en esta última semana. El Gobierno español y sus homólogos del sur deberían aunar fuerzas y compaginar los dos debates: las medidas serían mucho más eficientes si se coordinasen a nivel europeo y sería un gran paso para lograr mayor integración fiscal.

Una reforma tributaria en España tendrá que basarse en dos ejes: ser progresiva y compensar a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis extraordinaria. Una forma eficaz de conseguirlo es implementando un impuesto sobre los patrimonios más elevados.

Los economistas Saez, Zucman y Landais han sugerido la creación de un impuesto extraordinario europeo sobre la riqueza. Según ellos, crear un impuesto común únicamente por este concepto para el 1% de la población más rica del continente (que concentra el 22,5% de la riqueza total) podría cubrir el pago de la deuda extraordinaria en un periodo de 10 años. Armonizarlo a nivel europeo también reduciría considerablemente los niveles de evasión fiscal.

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Existen precedentes históricos en los que se aumentaron los impuestos sobre el patrimonio durante crisis importantes. Después de las dos guerras mundiales del siglo XX, los ejecutivos de EE.UU., Reino Unido, Francia y Canadá financiaron la reconstrucción nacional aumentando los impuestos sobre las rentas y los patrimonios más altos con el argumento (denominado compensatorio) de que puesto que los gobiernos habían forzado a millones de sus ciudadanos a ir a la guerra, era justo compensar ese sacrificio con una mayor contribución de los más ricos, exentos de ir al frente.

La crisis del coronavirus presenta similitudes con los dos conflictos bélicos mencionados. El necesario confinamiento inducido por los gobiernos ha conllevado que millones de personas hayan tenido que sacrificar su única fuente de ingresos. Los gobiernos europeos están paliando las consecuencias desastrosas del parón económico mediante prestaciones de desempleo o mecanismos similares.

Así como la gran mayoría de la ciudadanía ha tenido que hacer ese sacrificio económico, es justo que también lo hagan las grandes fortunas, y en su caso pasa por contribuir en mayor medida al erario. Es más, los niveles del impuesto sobre el patrimonio propuestos hoy en día están todavía muy lejos de los históricos de imposición registrados en democracias occidentales en el siglo XX. Por ejemplo, el Gobierno británico aumentó el impuesto sobre las rentas más altas del 8,33% en 1914 a 60% en 1920 tras la Primera Guerra Mundial, y el estadounidense lo subió hasta el 77%. A la conscripción de los trabajadores, siguió la conscripción de la riqueza.

La previsión de un nivel de endeudamiento alto brinda una oportunidad única para emprender una reforma tributaria justa, progresiva y redistributiva en España. La reforma no debe limitarse al objetivo único de devolución de la deuda, sino aspirar a aumentar la recaudación para dar margen fiscal al Estado y aumentar el gasto social disponible. El incremento en la recaudación tendría el potencial de reducir la necesidad de recurrir a las emisiones de deuda para financiarse; también es una forma de ofrecer garantías a los inversores de que el Estado tendrá capacidad para seguir pagando su deuda, lo que disminuye la prima de riesgo y facilita el acceso futuro a los mercados de deuda.

Los países del sur de Europa están más expuestos a las crisis de endeudamiento que los países del norte, y necesitarán aumentar la recaudación fiscal. La historia económica europea del siglo XX ofrece ejemplos que avalan la implementación de un impuesto sobre las rentas y los patrimonios más altos. Lo ideal sería poder avanzar de forma coordinada a nivel europeo; pero visto el estancamiento de los debates sobre el crédito, España y los países del sur de Europa pueden y deben avanzar ya en ese sentido.

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