12 de Mayo de 2020, 19:24
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de Alemania, que cuestiona el programa de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo (BCE) al poner en duda la "proporcionalidad" de los estímulos, ha sido una nueva manifestación del repliegue nacionalista, y cada vez menos europeísta, de buena parte del establishment de ese país. No es la primera vez que el TC alemán ha puesto límites al proceso de integración europea, pero en esta ocasión ha cruzado todas las líneas porque vulnera fundamentos del Derecho comunitario nunca antes cuestionados; como, en particular, la primacía absolutamente consolidada del Tribunal de Justicia de la UE (el TJUE de Luxemburgo) en sus ámbitos competenciales. Esta negativa decisión judicial alemana se une a la frontal oposición de Angela Merkel a la integración fiscal de la UE, un bloqueo no sólo objetivamente grave en las actuales circunstancias de pandemia, sino regresivo en lo político al poner en peligro la construcción europea.
Todo esto suscita una pregunta que antes parecía impensable: ¿qué ocurre en Alemania, país fundador de las Comunidades Europeas y tradicionalmente europeísta? No tiene sentido que la primera potencia económica de la UE no ejerza un claro liderazgo pro-Europa, algo que contradice toda su trayectoria histórica integracionista desde el canciller Konrad Adenauer.
Se trata de un Estado que hoy presenta una contradicción no resuelta: la mayor potencia económica comunitaria ni lidera la integración europea ni permite que culmine (Hans Kundnani: 'La paradoja del poder alemán', Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2016). Se trata de una estrategia miope y cortoplacista de las principales élites políticas e institucionales del país: cálculos electorales inmediatos y egoísmo interesado (el euro sin integración fiscal europea ha sido un buen negocio nacional) son los principales obstáculos para avanzar en la construcción europea.
Volviendo a la sentencia del TC alemán, debe recordarse que el asunto fue iniciativa de un grupo de particulares entre los que figuraba Bernd Lucke, el fundador de Alternativa por Alemania (AfD), la derecha radical alemana, aunque hoy ya no esté en ese partido. El Constitucional germano elevó una cuestión prejudicial al TJUE que, por cierto, ya en 2018 había considerado que las medidas del BCE eran "proporcionadas". La actual sentencia alemana contradice al TJUE, algo insólito porque el Tribunal europeo es superior en su ámbito al nacional y ningún Estado puede autoexcluirse de los tratados que ha suscrito: el Tratado de la UE establece claramente que sólo el TJUE garantiza "el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados" (art. 19) (Miguel Azpitarte: 'El Tribunal Constitucional alemán oscurece el futuro', Agenda Pública, 5 de mayo de 2020).
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Es bastante sorprendente que el TC alemán, de probada alta profesionalidad técnica, se haya entrometido en consideraciones específicas de política monetaria y económica que son opciones políticas que no le corresponde evaluar. En primer lugar, dudar sobre la "proporcionalidad" en los estímulos del BCE es recurrir a un concepto jurídicamente indeterminado; a continuación, la sentencia se entromete en un terreno de oportunidad política que no es de la incumbencia del TC alemán; por último, y no menos grave, vulnera la independencia del TJUE.
Debe recordarse que las competencias de la UE no son sólo las formalmente atribuidas por los Tratados sino, asimismo, las que se derivan de ellas para poderlas ejercer: es la teoría de los poderes implícitos y resultantes que, en su día, acuñó el Tribunal Supremo de los EE.UU. para legitimar ciertas intervenciones federales que parecían desbordar la estricta atribución de competencias de la Constitución.
Lo peor de esta sentencia no son sus efectos jurídicos, porque sólo se limitarán al Bundesbank en la compra de deuda (sin dejar de ser esto grave) y no podrán afectar al BCE, que seguirá actuando a través de los demás bancos centrales nacionales, sino el hecho de que sienta un precedente que puede ser esgrimido por gobernantes iliberales como Viktor Orbán o Jaroslaw Kaczy?ski. ¿Con qué argumentos se podrá ahora rebatir la pretensión de estos gobernantes de no someterse al TJUE cuando consideren que éste vulnera sus intereses nacionales si esta nueva jurisprudencia alemana se impusiera?
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Afortunadamente, las instituciones comunitarias han dejado muy claras las cosas:
1) la Comisión (presidida, por cierto, por la alemana Ursula von der Leyen) ha recordado que las sentencias del TJUE son superiores y vinculantes para todos los estados y es una excelente noticia para la UE que estudie expedientar a Alemania por infracción al invadir competencias comunitarias.
2) El BCE ha señalado que sólo se debe al TJUE (que ya respaldó anteriormente un programa de compras) y al Parlamento Europeo. Christine Lagarde ha reiterado que el BCE seguirá haciendo "cuanto sea necesario" y "sin inmutarse", como institución independiente que es (Xavier Vidal-Folch: "El putsch de Karlsruhe", El País, 7 de mayo de 2020).
3) El propio TJUE, en una contundente y poco usual declaración, ha reafirmado que sólo él puede declarar si un acto de la UE es contrario o no al Derecho comunitario. La interpretación de éste es competencia exclusiva del TJUE, y romper eso sería una amenaza para la seguridad jurídica europea. Si cada tribunal nacional pudiera decidir sobre normas europeas, todo el entramado comunitario quedaría pulverizado: por ello, las sentencias del TJUE vinculan a todos los estados y lo contrario sería anular los tratados.
Lo único aprovechable que se puede deducir de esta infortunada sentencia es que plantea objetivamente una cuestión de fondo ineludible a largo plazo: o la UE se acaba dotando de modo explícito de poderes fiscales propios o seguir recurriendo a subterfugios que rozan o incluso van más allá de lo previsto para sus instituciones en particular, el BCE es persistir en una vía muy insegura, poco recomendable y que se presta a más decisiones jurisdiccionales contradictorias.
Como es notorio, la frontal oposición de las tres derechas alemanas a la emisión de 'eurobonos' es la otra cara de la moneda en la estrategia re-nacionalizadora de parte de los dirigentes de ese país. Sin entrar aquí en el análisis de esta cuestión, que ha generado una muy abundante literatura, sí tiene interés recordar sumariamente las posiciones de los partidos alemanes, porque reflejan una clara divisoria entre las derechas y las izquierdas. Como es sabido, Merkel señaló que jamás habría eurobonos mientras ella estuviera viva (políticamente, se supone): una combinación de principios egoístas que van desde la retórica sobre el riesgo moral de tales instrumentos de mutualización de la deuda hasta necesidades mucho más prosaicas de interés y beneficio inmediatos.
Sin embargo, hay unos pocos políticos de CDU que no descartan tales instrumentos a largo plazo o incluso una versión inmediata más modesta, como podrían ser los coronabonos. La derecha radical de AfD es rotundamente contraria a los eurobonos por sus pulsiones euroescépticas y ultranacionalistas, y los liberales del FDP están en este terreno en plena sintonía con fundamentalistas como el ministro de Finanzas holandés, Wopke Hoekstra.
En el caso del SPD, hay una cierta división entre un sector gubernamental que no lo ve claro y los dirigentes del partido (Norbert Walter-Borjans y Saskia Esken), favorables sin reservas. Por su parte, Die Linke mantuvo una inicial ambigüedad, pero ahora acepta los eurobonos, cuyos principales valedores alemanes son los Verdes precisamente porque defienden la culminación federal de la integración europea.
Esta división de las tres derechas contrarias a la unión fiscal europea y las tres izquierdas favorables a la misma pone de relieve que estamos en un momento crucial. Como el actual modelo es insostenible a largo plazo (moneda común sin unión fiscal) y la apuesta por salvar el euro es general en Alemania (salvo por parte de AfD), este debate irá a más. Desde luego, no parece que la provocadora boutade de Joseph E. Stiglitz pudiera ser solución, ya que este afamado economista neokeynesiano siempre consideró un error el diseño del euro, aunque ha reconocido que ahora sería mucho peor desmantelarlo, sugiriendo que para salvar la moneda común habría que pedir a Alemania que la abandonara.
La crisis de la Covid-19 podría acabar favoreciendo una mayor integración europea, aunque sólo sea por razones de supervivencia del mercado único, algo en lo que todos están de acuerdo. El hecho de que se hayan asumido transferencias casi incondicionadas y préstamos con intereses muy bajos y muy a largo plazo parece indicar que la UE ha aprendido las lecciones de la desastrosa gestión de la crisis de 2008.
Lo quiera o no, Alemania tiene una especial responsabilidad por su hegemonía económica y es de esperar que sea fiel a su legado histórico europeísta y a su cultura federal. El hecho de que los tres partidos de izquierda asuman elementos fiscales federales para la UE indica que Alemania ya no habla con una sola voz en ese sentido y que las posiciones de las tres derechas son cada vez más anacrónicas por su conservadurismo ideológico, su insolidaridad social paneuropea y su minimalismo político y cabe desear que el tiempo trabaje cada vez más en favor de las perspectivas federales para la UE; aunque aún resulte prematuro adelantarlas.
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