El final del verano ha despertado la tormenta perfecta en los mercados eléctricos, con un incremento generalizado de los precios en toda Europa. El encarecimiento se debe principalmente al aumento estratosférico del precio del gas, combustible fósil que en España se utiliza para producir el 25% de la electricidad. Se ha multiplicado por siete en Europa en el último año. Según The Economist, si el año pasado el gas que consume una familia anualmente costaba 119 euros, ahora cuesta 738. Estamos entrando en el otoño sin los precios estabilizados, y cuando Centroeuropa encienda sus calefacciones la presión sobre los precios se incrementará. Las causas de la subida son múltiples, pero una parte era evitable. Su impacto afectará mayormente a los consumidores con menos recursos y puede hacer descarrilar los planes europeos de transición verde.
El principal motivo de los elevados precios del gas, y la consiguiente subida de la electricidad, es el desequilibrio entre oferta y demanda. El mercado gasístico, como otros de productos primarios, es
extremadamente estrecho y la demanda es muy inelástica. Esto quiere decir que pequeños cambios en las cantidades ofertadas o demandadas pueden producir grandes oscilaciones en los precios. Pero detrás de este desequilibro se esconden tres factores principales: el cambio climático, la transición energética y Rusia.
Primeramente, por el lado de la demanda este año ha habido un incremento inusual de la demanda tanto en Europa como en Asia. Una primavera inusualmente fría en el Viejo Continente y un invierno asiático muy duro han disparado la demanda de gas para calefacción. Asimismo, un verano inusualmente cálido tanto en Europa como en Asia y América ha supuesto un aumento en la producción eléctrica elaborada con gas para responder al mayor uso de aires acondicionados.
Sin embargo,
los problemas climáticos también se extienden a las fuentes de energía renovable. La falta de viento ha reducido la producción de energía eólica, que se ha situado por debajo de las medias históricas. Sólo en Alemania, en las dos primeras semanas de septiembre
la producción eólica ha caído un 50% en comparación con la media de los cinco años anteriores. Por su parte, en China y América Latina la sequía ha limitado la producción de energía hidroeléctrica. En consecuencia, al reducirse el uso de renovables la producción eléctrica global está dependiendo excesivamente del gas.
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Pero la oferta de este combustible fósil también ha sufrido. El incremento de la demanda ha reducido las reservas de gas en Europa, situándose un 25% por debajo de su nivel habitual. Éstas actúan como amortiguador ante una eventual inestabilidad en el mercado gasístico. Además, el temporal del invierno pasado en Texas paralizó temporalmente las exportaciones de gas natural licuado (LNG). Asimismo, el retraso en los trabajos de mantenimiento debido a la pandemia y los incendios en plantas de licuación han reducido un 5% la oferta de LNG.
En segundo lugar, la política europea de transición energética hacia energías más limpias ha generado un círculo vicioso inesperado que agudiza los problemas anteriores. Los planes de transición verde de la UE incluyeron en 2010 la creación de un mercado de emisiones de carbono. Este mecanismo obliga a las principales industrias, como la eléctrica, a adquirir permisos de emisión si quieren emitirlo, favoreciendo la transición ecológica al beneficiar el uso de tecnologías limpias; pero se ha pervertido. El encarecimiento del gas hace que utilizar carbón sea económicamente más atractivo, pero al ser más contaminante requiere de más permisos de emisión que otros fósiles, aumentando su demanda. ¿Resultado?
Los permisos han duplicado su precio en menos de un año, lo que ha acabado repercutiendo en el precio final del gas, que también necesita derechos de emisión. Además, para reducir su huella medioambiental China ha cambiado su
mix energético sustituyendo carbón por gas, incrementando un 25% la demanda de éste.
Adicionalmente,
los países europeos están retirando fuentes de energía continua, como son las centrales nucleares, sin mecanismos que puedan asegurar una generación eléctrica continuada, lo que pone de manifiesto la falta de planificación para la transición energética. Se ha fiado todo al mercado, sin que el Estado asegurara que la reducción de oferta de combustibles fósiles fuera acompañada de una reducción en la demanda de estos productos o un incremento en otras fuentes de energía no intermitentes. Por consiguiente, las subidas de precio en el mercado gasístico han magnificado su impacto en la electricidad. Un ejemplo es Alemania, que este año retirará tres centrales nucleares pero no tiene ningún puerto equipado para recibir LNG para asegurarse el suministro de una fuente de electricidad continua más allá de los gasoductos rusos.
Finalmente,
el Kremlin es el guardián último de la llave del gas hacia Europa, que en anteriores ocasiones no ha dudado en utilizar como arma geopolítica. Gazprom, la principal empresa gasística rusa, está enviando a Europa sólo el que tiene comprometido en contratos de larga duración y sin aumentar su oferta con ventas a mercado. Aunque la empresa y el Kremlin dicen estar dispuestos a vender más gas a Europa para reducir su precio, no lo hacen. Aprovechar el desequilibro en el mercado para sembrar el caos en Europa parece una maniobra plausible, parecida a las que ya nos tiene acostumbrado un Kremlin versado en el uso de la geo-economía.
Sin embargo, también es verdad que ahora mismo el mercado gasístico ruso tiene sus propios problemas, con unas reservas por debajo de lo habitual y una capacidad menor tras el incendio de una planta de extracción en Siberia. Aun así, se especula con que Putin estaría intentando forzar una rápida puesta en funcionamiento del gasoducto
Nordstream 2 antes de dejar llegar más gas a Europa.
Hasta el momento, la solución de los países europeos ha sido intentar rebajar la factura de la luz mediante subsidios. España ha rebajado temporalmente los impuestos a los consumidores de electricidad de manera temporal, e Italia y Francia también han anunciado paquetes millonarios de ayuda a los consumidores. Pero
esta rebaja va en contra de los objetivos de la Unión Europea para conseguir la neutralidad climática. La UE ha optado por el precio al carbono como principal mecanismo para la transición ecológica, y el objetivo de éste se socava si se subsidia el precio de la energía.
Precisamente, el plan
'Fit for 55', que debe asegurar la reducción de un 5% en las emisiones de efecto invernadero en 2030, se basa en incrementar el rol del precio al carbono. El paquete de medidas propuesto incluye ampliar el mercado de permisos a más sectores industriales y a las emisiones que genera el transporte por carretera y la calefacción de viviendas; además de incluir un arancel al carbono que forzará a los importadores a adquirir derechos. Si se aprueban estas medidas, indudablemente repercutirán en unos mayores precios de los combustibles fósiles y de la electricidad. Por este motivo, no es éste el momento más propicio para discutir el
Fit for 55. Es posible que, dadas las circunstancias actuales, este paquete se encuentre con la oposición tanto en ciertos estados miembros como en parte del Parlamento Europeo.
Fit for 55 es un objetivo estratégico para hacer de la Unión el primer continente verde. Pero asegurar la aprobación del paquete legislativo abaratar el precio de la electricidad y, para ello, del gas natural. Por este motivo, es esencial que la UE presione a los exportadores de gas para que sigan haciéndolo sin restricciones. En Estados Unidos están surgiendo presiones para limitar las exportaciones de LNG. Si lo hiciera, sería un desastre para el mercado gasístico mundial, ya que los precios aumentarían instantáneamente. Además,
aunque Argelia asegure que su ruptura de relaciones con Marruecos no afectará al suministro de gas, es necesario asegurar que exporte el máximo posible. Asimismo, si que Rusia envíe más gas depende de una rápida entrada en funcionamiento del
Nordstream 2, Europa debería hacer todo lo posible para acelerar su entrada en funcionamiento. Además, aunque sea contraproducente con el paquete medioambiental, es necesario que la UE y los estados miembros aseguren que el mecanismo de permisos de emisión no encarece artificialmente la electricidad.
A corto plazo, hay pocas alternativas para mitigar el impacto de la subida del precio del gas; pero a medio, Europa debiera reducir su dependencia energética y asegurarse el acceso a fuentes continuas de energía, independientes del tiempo. Aun así, queda mucho por hacer para mejorar la integración de los diferentes mercados eléctricos europeos y, por ello, son necesarias las interconexiones entre países. Un verdadero mercado eléctrico integrado permitiría absorber mucho mejor los
shocks producidos por fenómenos como la subida del precio del gas.
En conclusión,
esta crisis puede poner en peligro los planes de 'descarbonización' de la Unión, pero debe servir de aprendizaje para prepararnos mejor para un mundo 'descarbonizado'. Para poder seguir adelante con el programa
Fit for 55, es imperativo abaratar la luz. Aunque algunas de las medidas tomadas vayan en contra de los planes europeos de
descarbonización, es mejor permitirlas y no obcecarse con ser el primer continente verde. Más vale conseguirlo algún día que no hacerlo nunca.
No obstante, los impactos de la factura de la luz no se limitan sólo a la
descarbonización; también afectan a la inflación. Si nos tuviéramos que enfrentar a escenarios macroeconómicos más adversos como la estanflación, la elevada volatilidad de los precios puede poner en peligro la recuperación económica de la crisis de la Covid-19.
