El 3 de septiembre pasado, la Sala de lo Constitucional salvadoreña emitió un fallo que habilita al presidente de la República a la reelección inmediata para un segundo periodo, algo prohibido por la Constitución salvadoreña vigente desde 1983. La decisión se produce en medio de una creciente deriva autocrática del presidente Nayib Bukele, de 40 años, y permite que él, que llegó al poder por la vía democrática en junio de 2019, pueda mantenerse en el cargo cinco años más a partir de 2024, cuando debe terminar su mandato. No será una reelección automática y, en todo caso, tendría que competir en nuevas elecciones. Eso sí: es poco probable que, visto lo visto en estos 27 meses que lleva de gobierno, Bukele vaya a permitir que le arrebate el triunfo la expresión libre de la gente en las urnas. Si los comicios fueran hoy, eso también, ganaría con relativa facilidad.
Este fallo es el paso más reciente de un proyecto autocrático que comenzó a asomar en los inicios del gobierno de Bukele. A través de decisiones originadas en la Casa Presidencial, El Salvador se ha adentrado en una senda en la que el objetivo no parece ser otro que no sea el desmantelamiento del Estado de derecho. El Tribunal Supremo Electoral, institución encargada de administrar los procesos electorales, ya recibió la orden de la Sala de permitir que un presidente opte a la reelección, lo cual atenta contra la Constitución que incluso sanciona a quien la proclame.
El tribunal, en una señal de estricta sumisión hacia el Ejecutivo, ya anunció que cumplirá la sentencia a rajatabla.
Este fallo y la falta de independencia judicial fue una de las razones por las cuales
miles de salvadoreños (entre ellos, cientos de jueces) salieron a protestar en las calles de San Salvador el 7 de septiembre. Se trata de la primera marcha de gran envergadura contra la Administración Bukele en lo que lleva de mandato. Hay un amplio grupo de respetados analistas, jueces y abogados que sostienen que el fallo que habilitó la reelección presidencial no tiene validez debido a que fue emitido por magistrados que han usurpado las funciones de la Sala.
Y aquí radica la complejidad de lo que ocurre en El Salvador estos días. Para comprender este punto hay que hacer un pequeño recorrido en los cinco pasos más importantes tomados por Bukele para ampliar el espectro de su poder en el país más pequeño de América Central. De extracción empresarial, comenzó a gobernar el 1 de junio de 2019 con un panorama político adverso, donde sus principales oponentes, los partidos tradicionales Arena y Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), mantenían el control del Estado: 60 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, y el 77% de los 262 gobiernos locales.
[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]
En sus primeros meses de gobierno, Bukele dirigió sus primeros gestos autocráticos contra esas fuerzas políticas que habían gobernado el país durante los últimos 30 años. El 9 de febrero de 2020, Bukele amagó con disolver la Asamblea Legislativa. Asaltó la sede de los diputados con militares y agentes de la Policía Nacional Civil con la intención de deponer a los legisladores que se resistieran a aprobar un préstamo internacional por 109 millones de dólares destinado a las Fuerzas de Seguridad. A último minuto, una mezcla de factores (entre ellos, el llamamiento a la prudencia por parte de la embajada de Estados Unidos) lo hizo contenerse. Bukele, en cambio, dijo que Dios lo había llamado a tener paciencia.
Bukele ha promovido el fortalecimiento del Ejército y del Ministerio de la Defensa mediante un incremento en su presupuesto. En dos años, Defensa ha recibido un 70,8 % más, algo que al presidente salvadoreño no le ha significado ningún coste debido a la particular simpatía que sus conciudadanos sienten por los militares y a la zozobra generalizada en temas de seguridad ciudadana. La tasa de homicidios ha bajado a niveles históricos (20 por 100.000 habitantes), pero hay problemas de seguridad como las extorsiones y las
desapariciones que se mantienen.
Bukele anunció recientemente su intención de duplicar la cifra de soldados del Ejército hasta los 40.000 efectivos.
Llegó la pandemia de Covid-19 en marzo 2020 y siguió con su estrategia de ataque y desgaste contra los diputados, sobre todo de cara a las elecciones de diputados y gobiernos locales que se llevarían a cabo en febrero de 2021. Bukele mostró un rasgo autoritario cuando promovió una cuarentena domiciliaria de tres meses en la cual hubo centenares de denuncias de violaciones de los derechos humanos: entre otras, por detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza, violación al acceso a la salud. La Sala de lo Constitucional ordenó al presidente el cese de dichas prácticas, pero éste respondió que cinco vidas (las de los magistrados) no iban a pasar por encima de todo un país. "Si fuera dictador, ya hubiera fusilado a los magistrados", dijo. Por si fuera poco, el último tramo de la cuarentena no contó con respaldo legal, pues Bukele y la Asamblea no se pusieron de acuerdo para regular la reapertura. El presidente y los diputados estaban divorciados.
Pero,
lejos de perder respaldo, Bukele (un brillante comunicador y obsesivo con las encuestas) robusteció su imagen. Su estilo revanchista y su mensaje simplificado de manera riesgosa permitieron que, el 28 de febrero de 2021, él y su partido (Nuevas Ideas) obtuvieran más de las tres cuartas partes de las sillas en la Asamblea y 150 gobiernos locales. Era la primera vez que Nuevas Ideas participaba en unas elecciones. En 2019, cuando ganó la Presidencia, había usado otro, Gana, que cambió sus colores, logos y lemas por los del nuevo.
El 1 de mayo, tres meses después de haber arrasado en las elecciones, Bukele utilizó su mayoría especial en la Asamblea (64 diputados, incluyendo los de Nuevas Ideas y los partidos aliados) y, a través de ellos,
destituyó al fiscal general de la República, encargado de la persecución del delito y de representar los intereses de la sociedad. El fiscal llevaba meses investigando diversas denuncias de corrupción del Gobierno de Bukele. De manera sorpresiva, los diputados del presidente estaban en su primera sesión plenaria cuando incorporaron a la agenda la destitución del funcionario. La remoción no cumplió el procedimiento establecido en la Constitución y los diputados justificaron la decisión diciendo, únicamente, que el fiscal era cercano del partido opositor Arena.
Ese mismo 1 de mayo, los diputados de Bukele también
descabezaron la Corte Suprema de Justicia: removieron inconstitucionalmente a los cinco magistrados
propietarios de la Sala de lo Constitucional y a sus cinco suplentes sin que tampoco se siguiera el proceso establecido en la Constitución. En cuestión de horas, los diputados del presidente quitaron a los titulares de esas instituciones de control y nombraron a funcionarios a la medida del presidente. Hay un proceso establecido en la Constitución para designar a este tipo de funcionarios, pero la Asamblea dominada por Nuevas Ideas no lo siguió. De hecho, la noche de su destitución los magistrados depuestos habían intentado frenar su salida emitiendo un fallo que ha sido ignorado hasta la fecha. Al día siguiente, el 2 de mayo, ninguno de los destituidos pudo entrar al Palacio de Justicia. El edificio había sido tomado por la Policía y el Ejército, y éstos permitieron la entrada de los nuevos magistrados impuestos.
En la madrugada del 30 de junio, la Asamblea de Bukele dio el segundo paso para tomar el control del órgano judicial. Ante la finalización del periodo de magistrados para el cual habían sido electos, los diputados nombraron a cinco más para un
mandato de nueve años. Con eso, los diputados de Bukele tomaron el control de 10 de los 15 asientos de la Corte.
Estos nombramientos violaron la Constitución, porque con ellos se supera la cantidad de designaciones que se pueden hacer en una sola legislatura está habilitada, según el artículo 186 de la Constitución. La Asamblea de Bukele, elegida para el período 2021-2024, sólo podía elegir a cinco de los 15 magistrados, y eso ya había ocurrido el 1 de mayo.
Y así es como se llega a la semana en que la Sala de lo Constitucional de Bukele habilitó la reelección inmediata. Tres días antes, el 31 de agosto, la Asamblea también había aprobado dos reformas a normas judiciales que purgan a una tercera parte de los jueces del país (unos 250) y a una cantidad aún no determinada de empleados de la Fiscalía. Los jueces y fiscales que serán removidos (hasta el 13 de septiembre, las reformas no habían entrado en vigor) son los que tienen más de 60 años de edad o más de 30 años de carrera judicial; ésos son los únicos requisitos para depurar a los funcionarios.
Sin embargo, el argumento público que han esgrimido los diputados de Nuevas Ideas es otro. Han asegurado que la reforma pretende remover a jueces y fiscales que sean corruptos. Ningún funcionario ni diputado ha explicado cómo retirar a esas personas, con esa edad o trayectoria, ayuda a combatir puntualmente la corrupción. Es evidente que se trata de una purga para nombrar a personas leales al proyecto de Bukele.
Hoy en día ya no hay contrapesos al poder que ha concentrado Bukele en 27 meses. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, nacida en 1992 con los Acuerdos de Paz al final de la guerra, no emite resoluciones vinculantes y su titular ha guardado un sospechoso perfil bajo desde las últimas elecciones, donde Nuevas Ideas obtuvo mayoría. El Instituto de Acceso a la Información Pública ha sido cooptado a través de nombramientos de jueces plegados al Ejecutivo. El Tribunal de Ética Gubernamental nunca ha sido eficiente en la sanción de funcionarios y empleados públicos con faltas éticas. La única institución en pie que parece que el
bukelismo no tiene controlada es la Corte de Cuentas de la República, encargada de fiscalizar los fondos públicos. Es de suponer que ésta y otras tienen los días contados.
