Alguien podría pensar que el derecho de asilo es de ese paquete de derechos que son imprescindibles que existan, pero sería mejor si nadie los necesitara. Porque tener que abandonarlo todo, de lo más pequeño y cotidiano a lo más transcendental, para salvar la vida o evitar la vulneración de derechos, no es una elección libre: es una decisión vital de supervivencia.
Pero hoy por hoy, mientras las razones que obligan y fuerzan a muchas personas a abandonar sus hogares no son atendidas; mientras la actividad bélica genera (grandes) beneficios (para unos pocos) en muchas partes del mundo; mientras la vulneración sistemática de derechos se convierte en la normalidad en muchos países y para muchas personas, el derecho de asilo no es sólo imprescindible, sino un derecho positivo que obliga a los Estados de la comunidad internacional a actuar, y a no dejar a nadie desprotegido.
Cabe recordar esta obligación, porque
parece que algunos Estados miembros de la Unión Europea ya han decidido que lo que suceda en Afganistán nada tiene que ver con la vulneración de derechos o el riesgo a la vida. Ante la incapacidad (o falta de voluntad) de apoyar una transición democrática en Afganistán en las últimas décadas, algunos lideres europeos han decidido que no sólo hay que lavarse las manos (en nombre de la no injerencia, ese concepto tan útil como discrecional) del futuro del país, sino también de las personas cuyas vidas y derechos corren un alto riesgo ante el extremismo talibán.
Ya se habla de un
éxodo afgano, de una nueva crisis humanitaria de personas refugiadas que abandonaran el país. Pero no partimos de cero.
La crisis humanitaria afgana no es nueva: ni en Afganistán, ni en los países vecinos.
Un número desconocido de personas pueden sumarse a las más de dos millones y medio de personas que han abandonado el país en los últimos años.
La población refugiada afgana es la mayor en Asia, y la tercera mayor en el mundo, tal y como recordaba
ACNUR en su último informe anual. Buena parte de ellas se encuentran en Pakistán, el tercer país del mundo que acoge mayor número de personas refugiadas.
En la Unión Europea, las solicitudes de protección internacional de personas afganas significaron el 10,6 del total de demandas presentadas (con una tasa de reconocimiento del 56%, aunque la mayoría recibieron protección subsidiaria).
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Ante esta situación, y antes de empezar a conocer la magnitud de la tragedia, de saber las cifras de personas que huirán del actual régimen afgano, ya se ha empezado a escuchar el manido mensaje de los "flujos incontrolados" de personas. De nuevo, el lenguaje cuasi-bélico, amenazante, que busca deshumanizar a las personas que necesitan protección, en lugar de limitar su uso a quienes amenazan a las mismas. Lo ha hecho
Macron en unas declaraciones recientes, que han servido para reforzar los miedos y odios que refuerzan el
discurso agrio (pero ineficiente en términos de gestión pública) de la extrema derecha.
Convertir la movilidad humana en una amenaza ha servido para poco más que convertir la cuestión migratoria en un tema tabú en las elecciones de muchos países, léase Alemania y Francia. Sin ofrecer soluciones, el discurso securitario alimenta la mala gestión, los odios y miedos hacia lo diferente y propicia la falta de solución ante lo que se teme sea una nueva crisis humanitaria, en la que los intereses (y derechos) de las personas quedaran, una vez más, desatendidos.
Se repiten muchas voces que piden
no repetir los errores de la mal llamada crisis de refugiados de 2015. Pero se empieza por reiterar lo que llevo a un desastre en la gestión del asilo en la Unión Europea. Se pone, de nuevo, el foco, en las personas que huyen como amenaza, sin ofrecer soluciones para evitar que deban abandonar sus países, y sin repensar las posibles opciones de respuesta a la acogida de las mismas. En este sentido, poco parece haberse aprendido de los errores cometidos en la acogida de las personas que huían de Libia y Siria. La
fortificación de las fronteras o la identificación de las (vulnerables) personas refugiadas como una amenaza para la
seguridad europea parecen marcar de nuevo el debate. Tal vez la distancia impedirá la externalización del asilo como sucedió en el caso de Siria con Turquía, pero seguro se buscaran otras formas de
colaboración con países terceros para evitar la llegada de las personas refugiadas al territorio europeo.
Pero aún cuando el objetivo sea desincentivar e impedir las llegadas, en el marco de la Unión Europea, si no existe una respuesta coordinada y efectiva, el riesgo de repetir errores es muy elevado. Porque, como sucedió hace poco más de un lustro,
los países de la Unión Europea entraran en una competición a la baja para desatender a las personas refugiadas, vulnerando así la obligación de la protección internacional, desatendiendo los derechos de las personas que la requieren, y rompiendo el principio de solidaridad entre Estados miembros, que precisamente desde 2015, y por la negativa de determinados países de cumplir con sus obligaciones y acuerdos, no pasa por su mejor momento.
Qué en los últimos cinco años no se haya trabajado para articular, de manera integral y eficiente, un sistema europeo de asilo efectivo y eficaz es el paradigma de este fracaso. Muchas voces, desde la sociedad civil a las administraciones locales y regionales, están repitiendo, como hicieron en su momento, su voluntad de acoger a personas refugiadas. También se han ofrecido a reasentar a personas refugiadas afganas países como Canadá, Reino Unido o Uganda, y se ha abierto el debate en otros países europeos. En el marco europeo, pero, cabe señalar que en estos últimos no se han hecho pasos significativos para convertir estas voluntades en normas nuevas o reformas profundas en los sistemas de acogida nacionales. Si algo se ha visto, de hecho, es el endurecimiento de las leyes de asilo en muchos países de la Unión Europea, para desincentivar no sólo las llegadas, si no la propia acogida en territorio europeo.
Si el desastre humanitario de Siria nos ha enseñado algo es que las soluciones a corto y medio plazo (y en el caso de Afganistán, también en el largo plazo) necesitan de una mejor coordinación internacional. Que es necesario reformular vías seguras para que las personas puedan solicitar protección internacional sin poner sus vidas en mayor riesgo; que los corredores humanitarios o los mecanismos de reasentamiento (incluyendo fórmulas como el patrocinio comunitario) deben adecuarse al contexto, y que debe reabrirse el debate sobre la posibilidad de solicitar asilo en origen. Que es necesario anticiparse a los hechos, y buscar la proactividad en lugar de limitarse a reaccionar de modo tardío. Pero también nos ha enseñado que, para que esto ocurra, los Estados miembros (y sus gobiernos democráticamente elegidos) deben comprometerse sin paliativos en la defensa del derecho de asilo. Decirlo es fácil. Pero, en estos momentos, y con unos discursos xenófobos y de odio más visibles que nunca, se hace difícil entrever como las voces solidarias de la buena parte de la sociedad civil serán capaces de recordar a quiénes son responsables de la política de asilo y de la acogida de las personas refugiadas, que tanto el derecho de asilo como la protección de los derechos humanos son imperativos democráticos que cumplir.
