Dos meses después de las elecciones intermedias, los mexicanos volverán a las urnas. Por primera vez en la historia de la democracia mexicana, habrá una consulta popular de alcance nacional, operada por el organismo electoral y con capacidad vinculante si la participación ciudadana supera el 40%. El oficialismo celebra el proceso como un avance de la democracia, pero las condiciones no parecen las más propicias para producir dicha virtud.
La consulta que se realizará el 1 de agosto es el epítome de la narrativa con la que Andrés Manuel López Obrador (Amlo) llegó a la Presidencia de la república: combatir a la mafia del poder. En palabras del presidente, impulsor de la iniciativa, se trata de que el pueblo decida si los ex mandatarios Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben ser investigados y, en su caso, sancionados por el marco normativo vigente.
El origen de esta consulta se remonta a finales del 2018, cuando López Obrador, aun sin haber tomado posesión, manifestó su voluntad de someter a sufragio popular tres asuntos:
el juicio a ex presidentes, la creación de la Guardia Nacional y la implementación de un consejo asesor empresarial. De las tres propuestas, sólo la primera está a la espera de ser votada, pues las otras dos fueron implementadas como parte de las políticas del Ejecutivo.
Aunque la consulta inicialmente se proyectó para marzo de 2019, las discusiones parlamentarias para las reformas necesarias han dilatado el proceso hasta este año. Pero Amlo no esperó a tener los instrumentos legales para poner en marcha su idea de una democracia participativa:
antes de ser Gobierno, su equipo organizó una gran consulta nacional sobre tres proyectos de infraestructura y 10 programas sociales, en los que participó casi un millón de ciudadanos, otorgándole un apoyo abrumador en esta suerte de referéndum sobre su programa de gobierno.
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En octubre de 2018, el presidente celebró una consulta con casi 2.000 mesas de votación para validar su decisión de cancelar el proyecto aeroportuario del sexenio anterior. Con la movilización de opositores a la construcción de esta infraestructura y simpatizantes del
obradorismo, la decisión fue avalada por el 70% de los participantes (alrededor de un millón). De acuerdo con la encuestadora Mitofsky, la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue una de las decisiones más impopulares del presidente en su primer trimestre.
Como Gobierno, López Obrador ha ejecutado al menos dos procesos consultivos ligados a proyectos extractivos y de infraestructura. En el caso del Proyecto Integral Morelos, la consulta se llevó a cabo con baja participación (menos del 3%), la oposición de poblaciones que rechazan el proyecto energético, el asesinato de un líder comunitario y la obstrucción del sufragio en algunas casillas. En las comunidades del sur del país, los opositores al proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec han denunciado deficiencias y sesgos en la implementación de los ejercicios consultivos con la población afectada.
La consulta que viene
Si en anteriores ejercicios parece que el
obradorismo buscaba refrendarse a sí mismo más que ampliar el espacio de la participación popular, la consulta de agosto no parece ir en una dirección distinta. En la narrativa de sus promotores, se trata de un ejercicio de memoria histórica y de búsqueda de justicia sobre decisiones tomadas por los ex presidentes del periodo neoliberal. Sin embargo, la traducción formal de esta cruzada no puede ser selectiva, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó la pregunta inicialmente planteada por el Ejecutivo, que ha quedado como sigue:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Aunque hay quienes sospechan de trato preferencial por parte del máximo órgano de justicia, la ley contempla que la SCJN modifique la pregunta de una consulta con la finalidad de dotarla de sencillez, algo que no parece cumplirse en este caso. A ello hay que sumar el sesgo político del planteamiento y la encrucijada que esto plantea para los opositores del ejercicio participativo
¿Quién puede estar en contra de que se investiguen y sancionen decisiones políticas para garantizar la justicia?
El sesgo de la pregunta tiene que ver con su origen. Aunque hubo una petición de consulta respaldada por poco más de dos millones de firmas (el 2% requerido por la ley), la propuesta salió de la Presidencia. Desde la creación de esta figura legal, todos los intentos por activarla han venido de la mano de las élites políticas, muchas con cuestiones de fácil adhesión (como incrementar el salario mínimo o hacer desaparecer las diputaciones de representación proporcional). La diferencia es que ninguna de las anteriores propuestas logró ser considerada constitucional por la Corte.
Una condición que puede erosionar la legitimidad del ejercicio es que
las relaciones entre el Ejecutivo y el organismo electoral son tensas. En el marco de las elecciones de junio, actores de ambas partes intercambiaron acusaciones, y ahora algunas figuras de Morena sugieren que el INE pretende obstaculizar la expresión de la voluntad popular, argumentando que se instalarán pocas mesas de votación y solo habrá 15 días oficiales de difusión para el ejercicio.
El problema es que la reforma legal que habilitó esta consulta fue aprobada en abril de 2021. Al conocer su obligación, el organismo regulador de las elecciones solicitó la ampliación de presupuesto, lo que le fue negado en dos ocasiones. El presidente del instituto electoral difundió que, con los recursos existentes,
sólo podía asegurarse la instalación de aproximadamente 57.000 mesas de votación, una tercera parte de las que hubo en las elecciones de junio.
Bajo las condiciones actuales, parece difícil que la jornada de consulta active la participación del 40% del electorado requerida para que el resultado sea vinculante.
El 'obradorismo' pondrá a prueba su capacidad de convocatoria y estructuras de movilización, con lo que abrirá un nuevo frente de interpretación sobre su fuerza política. En términos brutos, se necesitan 37 millones de votos, siete millones más de los que obtuvo Amlo en 2018.
Los partidarios de la consulta para enjuiciar a ex presidentes han activado una campaña para promover la consciencia histórica y convocar a la población a participar de la primera consulta popular en la historia de la democracia mexicana. Desde cierto punto de vista, puede parecer un ejercicio de pedagogía política; pero con una oposición fuera del proceso, con el organismo electoral cuestionado por los promotores y una histórica baja confianza en el aparato de justicia, ¿sentará un buen precedente para la democracia mexicana?
