El 4 de mayo de 2021, la Asamblea Nacional nicaragüense aprobó una reforma electoral y eligió un Consejo Supremo Electoral (CSE) favorable al Gobierno de Daniel Ortega. La legislación omite la regulación de la observación internacional y obstaculiza la presentación de candidaturas opositoras. Junto a otras leyes que limitan el espacio de actuación de la sociedad civil, la reforma electoral no sólo dibuja un sombrío panorama para las elecciones generales previstas para noviembre de este año, sino también viola las normas democráticas inter-americanas, ya que restringe gravemente la independencia de los partidos políticos y deja al CSE bajo una importante influencia del presidente de Nicaragua. Mientras no se promulguen reformas a la legislación actual, lo cual es poco probable, las elecciones nicaragüenses de noviembre no serán ni libres ni justas.
Antecedentes
Las protestas sociales en 2018 fueron un aldabonazo tanto para la sociedad civil nicaragüense y la oposición como para el Gobierno. A partir de abril de 2018, cientos de miles de nicaragüenses se movilizaron exigiendo la revocación de las reformas a la seguridad social. Sin embargo, las demandas se ampliaron rápidamente con pedidos de renuncia del presidente Ortega. Los nicaragüenses eligieron la calle para expresar sus preocupaciones, ya que los mecanismos institucionales resultan muy inadecuados para abordarlas. Las presidenciales de 2016 se consideraron en gran medida como fraudulentas y los llamamientos a una reforma electoral y del CSE fueron comunes entre las protestas.
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La necesidad de reformar el sistema electoral parecía tener eco en Daniel Ortega. Las protestas generalizadas habían sacado a la luz diferencias políticas que venían de lejos en Nicaragua, que Ortega había tratado de suprimir en sus tres mandatos presidenciales anteriores. Después de que el Gobierno reprimiera brutalmente las protestas dejando 328 muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas refugiadas en el extranjero, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, quiso zanjar la brecha con los manifestantes. En marzo de 2019, se alcanzaron acuerdos políticos sobre reformas integrales de cara a las presidenciales de 2021 entre una de las principales coaliciones de la oposición y el Ejecutivo.
La necesidad de una reforma electoral fue subrayada por una resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en octubre de 2020, en al que se destacó la importancia de permitir la participación de observadores en los procesos electorales.
La reforma
Las expectativas, tanto desde dentro de Nicaragua como desde la comunidad internacional, eran positivas tras los acuerdos de 2019. Sin embargo, el Gobierno y su mayoría parlamentaria mostraron tempranamente que sus esfuerzos de reforma se distanciarían tanto de sus promesas como de los estándares inter-americanos.
En lo que podría etiquetarse como una 'contrarreforma', Nicaragua se alejó de los estándares básicos de derechos humanos, democracia y Estado de derecho.
Sin embargo, entender la reforma electoral requiere una breve contextualización dentro del panorama más amplio de las medidas legislativas del Gobierno:
ya en octubre de 2020, la Asamblea Nacional había aprobado la Ley de Ciberdelitos. El presidente de la CIDH ha advertido sobre su uso contra la libertad de expresión en Internet. Dado que el espacio civil
offline se ha restringido significativamente a lo largo de los últimos años, los foros en línea constituían una de las pocas plataformas para el libre intercambio de ideas, pero ahora están igualmente en peligro. Asimismo, se aprobó la llamada
'Ley de Agentes Extranjeros'. Ésta, si bien sigue el modelo de leyes similares en otros países, obliga inconstitucionalmente a las organizaciones no gubernamentales que se financian con fuentes extranjeras a etiquetarse como agentes extranjeros. En una sentencia reciente, el Tribunal de Justicia Europeo destacó por qué una ley húngara similar tiene un importante efecto de enfriamiento de las actividades de la sociedad civil y estrecha su entorno de actuación. Por último,
en diciembre de 2020 se aprobó una ley que descarta la elegibilidad para cargos públicos de cualquier persona que se califique como "traidor a la nación". La ley contempla una comprensión muy amplia del concepto
traidor, incluyendo a cualquiera que "perjudique los intereses supremos de la nación".
Las reformas electorales del 4 de mayo continúan con esta espiral descendente. Resultan notables el incremento competencial del CSE y la disminución de su obligación de rendición de cuentas. Al ampliarse las causas de suspensión y de disolución de los partidos políticos, se le otorgó al Consejo una discrecionalidad excesiva para decidir sobre el estatus legal de los mismos.
La ley reduce los requisitos de responsabilidad y transparencia en varios niveles. Primero, el Consejo no debe publicar la metodología y las directrices emitidas a los órganos inferiores. Segundo, el Consejo no está obligado a publicar detalladamente los resultados electorales, sino sólo los generales.
Existe una alta dependencia del CSE y sus órganos inferiores para con el presidente. Por tanto, se espera que éste tenga una influencia significativa en las decisiones de aquél. La ausencia de mecanismos de control institucional de las decisiones del CSE refuerza esta expectativa.
Asimismo,
los mítines de los partidos durante la campaña electoral ahora requieren la autorización de la Policía Nacional, que está dirigida por el presidente. No se espera una actuación ecuánime de la misma. Finalmente, la reforma electoral no aborda las demandas planteadas por la oposición y la comunidad internacional. La ausencia de disposiciones sobre la observación electoral es especialmente llamativa, ya que era una de las principales demandas de la OEA. Por tanto, no parece probable que se permitan observadores internacionales en las elecciones de noviembre.
En resumen,
lejos de crear nuevas formas de responsabilidad y legitimidad del CSE para reforzar su independencia, la reforma ha potenciado no sólo al Consejo, sino que también la capacidad del presidente para instrumentalizarlo. La decisión, separada pero conectada, de remodelar el Consejo Supremo Electoral solamente con funcionarios sandinistas deja entrever un futuro sombrío.
Derecho interamericano
Sin embargo, la reforma no sólo es preocupante desde el punto de vista nacional, sino también desde el regional, ya que supone una violación de la
Carta Democrática Interamericana (CDIA). Sus artículos 3 y 5 exigen a los estados el establecimiento de un sistema plural de partidos; deben habilitar una independencia suficiente que permita participar en las elecciones a formaciones de diversas ideologías. Efectivamente, las recientes reformas ponen en peligro la independencia de los partidos opositores. El CSE tiene excesiva discrecionalidad para disolver partidos y los requisitos legales son sumamente amplios.
Mientras exista la amenaza real e inminente de que cualquier partido pueda ser disuelto de forma arbitraria e inmediata, no existe un sistema pluralista. El 18 de mayo de 2021, el Consejo ya empleó esta discrecionalidad cuando disolvió la personalidad jurídica del Partido de Restauración Democrática, que representa uno de los grandes bloques de la oposición.
Además, el artículo 4 de la CDIA subraya la necesidad de un funcionamiento transparente de las instituciones gubernamentales, lo que es especialmente pertinente en el contexto de los procesos y la supervisión electorales. Una reforma electoral acorde con estas normas debería haber propiciado el nombramiento de nuevos miembros independientes del CSE y de los organismos electorales subordinados, una actualización exhaustiva del censo electoral y el aseguramiento de la acreditación de observadores electorales. En contraste,
la reforma electoral viola todos los requisitos de la CDIA para un proceso electoral transparente y, por tanto, los principios fundamentales de la misma.
Las contrarreformas han provocado una condena generalizada en la comunidad internacional. La Secretaría General y el Consejo Permanente de la OEA emitieron firmes declaraciones por la deriva nicaragüense. Esta postura fue apoyada por varios otros países latinoamericanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea.
Perspectivas
En conclusión, no parece que las elecciones de noviembre vayan a ser libres y justas y, por tanto, es muy probable que violen el Derecho Interamericano. Poco después de anunciar su intención de presentarse como candidatos a la Presidencia,
varios de los más prometedores y otros líderes opositores fueron detenidos o puestos bajo arresto domiciliario y procesados por cargos de traición o de lavado de activos. Esto constituye un componente de la estrategia gubernamental para anular cualquier oposición significativa antes de los comicios. Si el proceso electoral está amañado (como parece) y no ofrece ninguna alternativa creíble a Ortega, el escenario puede propiciar levantamientos populares masivos.
Históricamente, las protestas se desencadenan frecuentemente tras unas elecciones amañadas. Han conseguido derrocar a hombres fuertes de larga duración, sobre todo si las protestas habían surgido en los años anteriores a las elecciones. Estos patrones han sido frecuentes desde las Revoluciones de Colores en Yugoslavia, Georgia y Ucrania a principios de la década de 2000, y siguen siendo visibles, como demuestran los recientes ejemplos de Bolivia y Bielorrusia. Por tanto, la comunidad internacional no debería sorprenderse si los nicaragüenses salen a la calle en noviembre.
Será un reto para la comunidad internacional ayudar a que estas protestas sean pacíficas y escuchadas. En su lucha por la democracia, Nicaragua se enfrenta a importantes obstáculos en los próximos meses.
