Con la elección de una
Convención Constitucional paritaria, Chile se ha colocado a la vanguardia mundial. Los pasados 15 y 16 de mayo, la ciudadanía eligió a los y las 155 integrantes del órgano deliberativo constituyente que redactará una nueva Constitución para sustituir a la de 1980, nacida de la dictadura militar de Augusto Pinochet. En esta experiencia sin precedentes en el mundo, la Convención estará integrada de manera igualitaria por hombres y mujeres, así como contará con la presencia de representantes de los pueblos originarios.
El mismo fin de semana, las 16 regiones del país también eligieron por primera vez en su historia a sus respectivos gobernadores y gobernadoras regionales. Si bien este nuevo cargo dispone de
facultades limitadas y peleará por su posición con los delegados presidenciales regionales, es un paso importante en la descentralización política del país. De este modo,
Chile se ha sumado como el último país suramericano en elegir popular y directamente a sus autoridades ejecutivas regionales. En la jornada electoral del 15 y 16 de mayo, tres (de las 16) regiones eligieron gobernadores/as mediante primera vuelta, mientras que las otras 13 definieron finalmente al ganador/a
a través del balotaje, realizado el domingo 13 de junio (con
una muy baja participación, que no alcanzó el 20% en promedio a nivel nacional).
En términos de género, los resultados de las elecciones del fin de semana pasado resultan poco alentadores. Contrariamente a la elección de la Convención Constituyente, que garantizó la paridad en el resultado,
el país eligió sólo tres gobernadoras de 16 gobernaciones, un 18,75%. ¿Qué explica este magro resultado a nivel regional? Fue una combinación de factores. El nuevo diseño electoral no contempló la paridad (horizontal), los partidos políticos nominaron a pocas mujeres y el electorado no necesariamente apoyó los liderazgos femeninos. Por tanto, el resultado no sorprende.
Paradójicamente, cuando las y los intendentes eran designados por la presidenta o el presidente de turno, siempre hubo al menos tres mujeres. Si se toma en consideración únicamente las personas designadas al principio de cada periodo gubernamental en los últimos cuatro mandatos presidenciales, el promedio alcanzó casi un tercio de los cargos. La ex presidenta Michelle Bachelet colocó en 2006 y 2014 seis (de 13) y tres (de 15) mujeres, respectivamente, mientras que el presidente Sebastián Piñera designó cinco (de 15) e igual número (de 16), respectivamente, en 2010 y 2018. En términos comparativos, esto es significativamente mayor a la presencia femenina en los cargos ejecutivos regionales de
cualquier país latinoamericano con elección directa de gobernadores o gobernadoras. ¿La democracia juega en contra de las mujeres?
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Al mirar el panorama latinoamericano, los resultados electorales del fin de semana pasado no son tan sorprendentes.
Actualmente, no hay ninguna presidenta en la región y, en cuanto a gobernadoras (o cargo equivalente en los respectivos países), la presencia femenina ronda el 10%, siendo el cargo electivo más complicado para la participación política de las mujeres.
El caso chileno, por tanto, sólo refuerza esta tendencia. El país se sitúa por debajo de México o Venezuela, que tienen hoy, respectivamente, ocho y cinco gobernadoras. Sin embargo, dado que Chile tiene sólo 16 regiones, el porcentaje alcanza casi una quinta parte de todas las gobernaciones.
Estos resultados no nacen de la nada. Reflejan la
baja presencia de las candidaturas femeninas en el momento de presentar las listas electorales por parte de los partidos políticos. De un total de 90 para los 16 cargos del Ejecutivo regional, únicamente hubo un 16,67% de candidatas. De hecho,
en la mitad de los territorios no hubo una sola mujer en la contienda. En términos absolutos, las cuatro candidatas (50%) en la Región Metropolitana y las tres en Los Ríos (60%) y en Biobío (37,5%) fueron más bien casos excepcionales. En términos relativos, la candidatura de Andrea Macías en Aysén sobre un total de tres contendientes fue también porcentualmente significativa.
Resulta interesante observar las candidaturas para ver si éstas surgieron de elecciones primarias o si fueron designadas directamente por las dirigencias de los partidos. Respecto de las primeras, sólo cuatro mujeres (14,29%) ganaron su puesto en las listas electorales de un total de
28 candidaturas originadas en primarias. Dentro de las decididas
a dedo por los partidos políticos, 10 mujeres (el 16,13%) fueron seleccionadas por las élites partidistas frente a 52 hombres. Ambos porcentajes resultan más bajos que la proporción total de mujeres candidatas que se presentó en las primarias (
el 21,84% de las 87 candidaturas). Por tanto, ambas modalidades de selección no tuvieron efectos muy diferentes en el acceso femenino a la candidatura por la gobernación. Al parecer,
tanto el reducido electorado que participó en las primarias (aproximadamente el 3% de todas las personas habilitadas) como las élites partidistas ejercieron de filtro en la presencia de las mujeres en las candidaturas ejecutivas.
A partir del 14 de julio, sólo las regiones de Aysén, Coquimbo y Maule serán gobernadas por mujeres. Las tres tienen perfiles diferentes y pertenecen a espacios de centro-izquierda, como 12 de los 13 nuevos gobernadores. Andrea Macías, del Partido Socialista, es la única mujer que ganó en primera vuelta, con el 48,72% de los votos en Aysén. Cristina Bravo, del Partido Demócrata Cristiano, en Maule, y Krist Naranjo, candidata independiente en la lista de Ecologistas e Independientes, en Coquimbo, ganaron en segunda vuelta con el 57,32% y el 61,96% de las papeletas, respectivamente. Otras tres candidatas perdieron en la segunda vuelta frente a varones: María José Gatica, de Renovación Nacional, en Los Ríos; Karina Oliva, de Comunes, en la Región Metropolitana, y Flor Weisse, de la Unión Demócrata Independiente, en Biobío. En el caso de las derrotas de
Oliva y
Wiesse, se ha hablado mucho sobre el impacto negativo de las divisiones en las coaliciones que las apoyaban. Finalmente, resulta llamativo que de las seis candidatas mencionadas (salvo Naranjo y Weisse), cuatro salieron de primarias (entre los hombres, fueron 10 de 13), resaltando la importancia de estos procesos para las candidaturas más exitosas.
Vistos los resultados de las elecciones regionales y la limitada presencia de mujeres en las gubernaturas, es necesaria una discusión sobre la paridad horizontal para los cargos ejecutivos sub-nacionales. Desafortunadamente, este debate no se suscitó para estas primeras elecciones directas. Sin embargo, en una región que contempla cada vez más esta medida para estos cargos ejecutivos sub-nacionales, es de esperar que futuras reformas en Chile la incluyan. Diversos países como México o Ecuador han incorporado recientemente la paridad para fomentar la presencia femenina en los cargos electivos ejecutivos sub-nacionales. Sus efectos positivos se vieron particularmente en el caso mexicano, en cuyas recientes elecciones de comienzos de junio resultaron electas
seis mujeres como gobernadoras, sumándose a las dos que ya mandaban anteriormente en otros estados.
Era de esperar que, mirando el panorama regional, los resultados no favorecerían a las mujeres. Resulta aún más paradójico que Chile haya tenido más intendentas designadas incluso por gobiernos de centro-derecha como los de Piñera que por voto popular.
Acompañar la paridad en la Convención Constituyente con la paridad en las listas electorales para los cargos ejecutivos regionales y locales hubiera colocado a Chile también entre los países más avanzados en la región. Esta paridad horizontal, que garantiza que la mitad de las candidaturas en los cargos ejecutivos sub-nacionales de cada partido/coalición sea de hombres/mujeres, permitiría generar mayores incentivos para cerrar la brecha de género que existe tras las elecciones sub-nacionales en el país:
más del 80% de las regiones y municipios estará gobernado por hombres en el periodo 2021-2025.
El caso chileno ilustra una vez más que las reformas institucionales no son neutras respecto al género y tienen efectos diferenciados para hombres y mujeres. Como
advertía Kendall Funk en sus trabajos sobre Brasil, la descentralización (política) puede tener consecuencias
generizadas. Por tanto, en principio una reforma que busca democratizar la elección de las autoridades políticas puede dificultar el acceso de las mujeres a esos mismos cargos. En ese contexto, las reformas que garanticen (o al menos promuevan) la igualdad entre hombres y mujeres en política -como la paridad horizontal- se vuelven imprescindibles para intentar igualar la cancha en términos de género.
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