El Presupuesto del Gobierno español para 2021 incorpora un incremento del impuesto sobre la renta y el patrimonio para la ciudadanía con mayor riqueza. Estos aumentos supuestamente beneficiarán a las arcas públicas, sometidas a importantes tensiones en tiempos de Covid-19. Y otro beneficio adicional, poco discutido, es la contribución de esta figura impositiva a los esfuerzos del país por combatir el cambio climático de forma justa, como prevé la nueva Ley de Cambio Climático española. De hecho, esta ley explicita que se ha de facilitar “la distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización”. Aquí explicamos cómo puede funcionar esto.
Las personas ricas emiten al menos 10 veces másLa responsabilidad de las emisiones de CO2 está repartida de forma muy desigual. En la UE, el 10% de la población con mayor huella de carbono representa el 27% de todas las emisiones de los hogares de la UE, lo que es ligeramente superior a lo que aporta la mitad de la población con menor huella (véase el gráfico 1). Mayores desplazamientos aéreos y casas más grandes son dos de las principales razones. En última instancia, estas diferencias se deben a la variación de los ingresos y la riqueza. Un estudio sugiere que los hogares ricos tienen huellas de carbono superiores a 129 toneladas de CO2 equivalente al año, lo que representa aproximadamente 10 veces más que el hogar medio.
Gráfico 1.- Huellas de carbono de los hogares de la UE por grupos
Fuente: Ivanova y Wood, 2020.
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Las observaciones son aún más contundentes cuando se considera a personas super-ricas. Un análisis de las huellas de carbono de 20 multimillonarias/os, entre las que se encuentran nombres como Bill Gates o Ann Walton Kroenke (una de las dos mujeres en la lista), concluye que la media es de 8.000 toneladas de CO2 al año, 1.000 veces mayor que la de un hogar europeo medio.Gravar a las personas ricas para financiar acciones climáticasUna mayor imposición sobre la renta y el patrimonio reduce su poder adquisitivo. El efecto directo sería un menor consumo de productos y servicios excesivamente intensivos en carbono (por ejemplo, los jets privados), aunque no en la medida que cabría esperar. De hecho, no está claro si reducirán drásticamente su consumo de bienes y servicios excesivamente emisores o preferirán reducir las inversiones productivas, lo que implicaría consecuencias negativas para la economía española. No obstante, el ejemplo de las recientes reformas del impuesto sobre el patrimonio en Francia parece indicar que una mayor presión fiscal sobre los ingresos del capital no afecta a las decisiones de inversión. Así que podemos confiar en que esta mayor tributación tendrá un impacto significativo en las emisiones de las personas más ricas.
Además, como efecto indirecto, los ingresos generados con un impuesto de este tipo pueden generar otros beneficios para la mitigación del cambio climático, que dependerán de las políticas públicas que se adopten. En primer lugar, los ingresos fiscales adicionales permitirán financiar acciones como mejoras en infraestructuras de transporte público, la provisión de subsidios para desarrollar y adoptar tecnologías más limpias, programas de educación sobre el cambio climático, desarrollo de infraestructuras para vehículos eléctricos, etc. La necesidad de inversión pública es tanto más relevante cuanto la inversión privada no está suficientemente orientada hacia los sectores sostenibles. A modo de ejemplo: un informe reciente muestra que dos de los mayores bancos españoles (Santander y BBVA) aumentaron sus inversiones en empresas de combustibles fósiles estos últimos años.
A ello se le suma que el actual impuesto sobre el patrimonio español tiene muchas exenciones, y especialistas en economía sostienen que reducirlas haría que el impuesto fuera más efectivo. Una idea sería sustituirlas por 'exenciones verdes', que se aplicarían al capital invertido en empresas que contribuyen a la transición ecológica y climática. Cabría esperar que un impuesto sobre el patrimonio más elevado, combinado con estas exenciones, diera lugar a mayores incentivos para invertir en empresas sostenibles.
Equidad y aceptación de la política climáticaUn punto importante a considerar son los eventuales impactos de la imposición de la riqueza sobre el apoyo público a las políticas climáticas. De hecho, la mayoría de las emisiones proviene del 99% de la ciudadanía restante, lo que indica la necesidad de políticas más amplias. La aplicación de políticas fuertes de mitigación del cambio climático se enfrenta a la resistencia pública y a la preocupación por la equidad de tales políticas. El impuesto al carbono aumenta los precios de los combustibles fósiles, lo que provoca un aumento de los precios finales de los productos y servicios con mayor contenido de carbono. A menudo, la población considera que estas políticas son injustas, porque el impacto en la economía de las personas más pobres sería mayor ya que, por ejemplo, pagarían más por el uso de su coche. Pero esta medida también se percibe como injusta debido a que las personas más ricas son responsables de unas emisiones actuales e históricas más altas, y porque pueden (dadas sus posibilidades financieras) adaptarse mucho más fácilmente a estas políticas económicas sobre el clima. Un aumento de la imposición sobre la riqueza tendrá efectos positivos en la percepción de una transición climática justa.
Además, las desigualdades pueden eximir a las personas de cualquier responsabilidad sobre los cambios en su estilo de vida, ya sea en el ámbito personal o político. ¿Por qué iba a reducir mis emisiones si una persona multimillonaria genera más al día que yo, alguien con ingresos medios o bajos, al año? De hecho, investigaciones sugieren que, para lograr un objetivo común, la ciudadanía espera que las personas más ricas cooperen más. Dado que España se encuentra objetivamente entre los países más desiguales de la UE y que su población percibe un nivel de desigualdad muy elevado, una mayor contribución de los más acomodados parece fundamental para recabar un apoyo crítico a las acciones climáticas ambiciosas.
Empoderamiento a través de la redistribución justificada por el climaSi consideremos el ejemplo del movimiento de los chalecos amarillos de 2018 en Francia, sabemos que se desencadenó por el anuncio de un aumento del impuesto nacional sobre el carbono. A lo que se ha prestado menos atención en relación con los cambios impositivos llevados a cabo entonces por el Gobierno francés fue la revisión que se hizo a la imposición de la riqueza, lo que llevó a un aumento espectacular de la misma para los más privilegiados, el 0,1% de la población total. Éste es un ejemplo de cómo no fomentar la percepción de justicia y el apoyo público a las políticas climáticas. En nuestra opinión, reconocer los beneficios de la redistribución de la riqueza llevaría a un mayor empoderamiento de las personas para actuar contra el cambio climático y a un mayor apoyo a las políticas necesarias.
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