Centroamérica y sus democracias en convulsión

Radiografía general de las actitudes políticas

Costa Rica registra los números más altos de confianza en la democracia como la mejor forma de gobierno en los años 1997, 2000 y 2007; coincidentes con el reconocimiento progresivo de derechos colectivos y ciudadanos, especialmente para mujeres y pueblos indígenas, así como la introducción de reformas favorables en la educación, en la Justicia y en el sistema electoral.
En Nicaragua, las elecciones de 2006 fueron claves para comprender las culturas políticas en confrontación para la década subsiguiente. Primero, porque cambiaron los componentes discursivos de la polarización social y, segundo, porque el clivaje se transformaría en una nueva contradicción de los principales actores políticos. Esto se debió a que el danielismo, apelando a la formación de una nueva dinastía familiar y bajo la influencia del fanatismo religioso, abandonó la lucha de clases y la clasificación heredada de la guerra fría entre sandinistas y anti-sandinistas, para trasladarla a un campo fundamentalista y neo-extractivista de los asuntos públicos y del mercado que enriquecería y concedería poder al bloque de empresarios sandinistas, cuyo funcionamiento se basaría en el clientelismo y el caudillismo.
 

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Guatemala registra las peores valoraciones hacia la democracia de la región. Sus puntos más altos se registran durante los años 2007, 2008 y 2009, justo en el intermedio de una ola de violencia urbana que sirvió como comodín político para que se posicionara y consolidara un discurso militar-conservador de mano dura que asoció la idea de seguridad a la de imposición. Al no tener los avances democráticos de Costa Rica, ha quedado atrapada entre crisis políticas tras la imposibilidad de implementar con éxito los Acuerdos de Paz, así como las reformas sociales, políticas y económicas para acabar con la pobreza, reducir la desigualdad, democratizar el sistema electoral y garantizar la seguridad social. Además, uno de los hechos más importantes es que las urnas no han servido para la recuperación de la confianza ciudadana; en gran parte, porque han representado únicamente una salida parcial al problema de turno, desde una perspectiva incluso bastante conservadora y anti-comunista, que conlleva a rechazar toda política o reforma de carácter social sin interpelar al sistema político en su conjunto.
 

En El Salvador, la indiferencia hacia la democracia del periodo 2016-2018 probablemente sea el resultado de los acontecimientos de 2014 y 2015, que contribuyeron a una crisis generalizada del bipartidismo (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional-Alianza Republicana Nacionalista), de lo que fueron 30 años de simple gestión de la estabilidad institucional en medio de escándalos de corrupción sistémica, violencia urbana y pobreza extrema. Esto derivó en la pérdida del apoyo electoral de las clases medias urbanas al FMLN debido al abandono del programa progresista del Gobierno del cambio; el desmoronamiento electoral de Arena por la división interna del partido, que desvió votos hacia la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), así como por un papel preponderante de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional en la judicialización de los casos de corrupción de los altos funcionarios públicos.

Honduras, por su parte, registró en 2017 y 2018 los datos más bajos en la preferencia hacia un Gobierno autoritario según las circunstancias. Estos datos coinciden con la crisis política de 2015, surgida a raíz de la revelación de una mega-trama de corrupción en el corazón del Instituto de Seguridad Social por importe de 304 millones de dólares en un contexto de desempleo y precariedad laboral. Además, dos años después las heridas de esa crisis se reabrieron cuando Juan Orlando Hernández fue elegido presidente tras un fraude electoral que fue minimizado por sus socios internacionales y al que se opusieron una serie de protestas sociales periódicas que han sido respondidas por las fuerzas policiales y militares de manera represiva y criminalizadora. No obstante, los hondureños no terminan de convertir su oposición a los gobiernos autoritarios en preferencia por la democracia como mejor forma de gobierno, lo que ha llevado a los hondureños a la indiferencia, desarraigo y desvinculación respecto a las instituciones democráticas y el Estado por su concentración en intereses ajenos a los del bien común. Cabe, sin embargo, resaltar que desde el golpe ha surgido un movimiento de resistencia heterogéneo que articula desde los barrios una alternativa cuya estrategia sigue pasando por las urnas.

 

Tres gráficas sobre el apoyo a la democracia en la región

Como podemos observar en los gráficos a una escala logarítmica, Costa Rica y Nicaragua, en un sentido estrictamente normativo, tienen las actitudes políticas más democráticas. El 70,5% y el 54,2% de los encuestados prefieren, respectivamente, la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno, mientras el 12,75% y el 21,75% mantienen una actitud escéptica y únicamente el 10,3% y el 12,75% de los encuestados preferirían un gobierno autoritario según las circunstancias. Les siguen relativamente cerca El Salvador y Honduras con el 49,6% y el 47,55% en las valoraciones positivas, en las neutrales con el 24,35% y el 25,5% y en las negativas con el 13,8% y el 13,35%. Por último, Guatemala reporta las valoraciones menos democráticas: únicamente el 38,7% de los encuestados prioriza a la democracia, el 24,45% tiene una actitud neutral y el 21,05% preferiría el autoritarismo.
  Guatemala destaca por estar alejada de la tendencia de las respuestas de los encuestados. Eso implica que es el país con menos preferencia a la democracia como forma de gobierno y, a su vez, con mayor por un gobierno autoritario según las circunstancias. Ello se debe, posiblemente, a la mutación de las estructuras contra-insurgentes dentro y fuera de las institucionales, constitucionales y democráticas del Estado, así como a la permanencia, tras la guerra, del Ejército nacional en los asuntos públicos y la posición privilegiada las élites económicas en la toma de decisiones políticas.
    Se ha señalado a lo largo del texto que las actitudes hacia la democracia han variado a partir de las circunstancias sociales, políticas y económicas del momento. Sin embargo, las de una buena parte de ciudadanos no se modifican independientemente de las circunstancias sociales porque están enraizadas en la cultura política (formando incluso parte de su sentido común), que pudo haber quedado marcada por una época concreta de la historia política o por experiencia socio-económica específica. 

Pero el hecho que haya variaciones significativas, una especie de equilibrio dinámico, se debe a que existe una disonancia entre la cultura política y el sistema institucional; y ello genera inestabilidad crónica, lo que a su vez influye en la modificación circunstancial de las actitudes de los centroamericanos. Es decir, que los escándalos de corrupción, la gestión de un problema mediático o el impacto de una crisis influyen moderadamente en las valoraciones respecto a la democracia.



La pregunta central es qué sucederá con las valoraciones positivas acerca de la democracia si persisten y se estabilizan los rasgos autoritarios y 'caudillescos' en la práctica política (clientelismo, hombres fuertes, influencia fundamentalista religiosa) en Nicaragua y Honduras y se extienden a El Salvador y Guatemala, en virtud de las señales que han enviado los presidentes Nayib Bukele y Alejandro Giammattei durante el último año. Porque también es cierto que una parte de la oposición a los regímenes de esos países responde más a una posición política que a una convicción cultural; es decir, es una oposición a los actores políticos al frente del régimen más que a la deriva autoritaria en sí misma.

Por eso es importante el legado de la lucha por la democracia, porque es lo que ha permitido, grosso modo, la supervivencia de las valoraciones positivas sobre cualquier otra forma de gobierno, a pesar de la continua inestabilidad y las crisis cíclicas regionales. No obstante, hay indicios suficientes para temer un avance de la regresión autoritaria en un escenario social golpeado por los efectos empobrecedores de las políticas económicas y, más recientemente, de la mala gestión de la pandemia.

Ahí radica la naturalización y la normalización de organizaciones de la sociedad y del poder que han enraizado en la cultura política de los centroamericanos sin ningún contrapeso exitoso. Esa disputa por mantener el sentido común y la visión del mundo del periodo autoritario inmersos en un orden social estructurado a través del miedo provocaron sendos esfuerzos en la región por detener la difusión de la memoria histórica, el avance de los derechos humanos y la democratización de la política y la economía. Son procesos anti-democráticos en democracia que terminarían impidiendo la formación de una cultura cívica o, en términos posmodernos, de una cultura política democrática.