Con motivo de la actual crisis abierta por Marruecos con España, se ha podido conocer cómo el propio rey Mohamed VI daba instrucciones a sus agentes de autoridad, el 1 de junio, para solucionar el problema de los menores marroquíes no acompañados y en situación irregular en la UE, uno de los efectos colaterales y no medidos por Marruecos en su decisión de permitir la entrada masiva de migrantes desde la playa del Tarajal hacia Ceuta, el 17 de mayo. La cuestión de los menores puede considerarse un asunto administrativo y de responsabilidad del Ministerio competente, pero se observa, sin embargo, la implicación directa del rey.
Por otro lado, se ha podido percibir cómo la gestión y la comunicación de la crisis ha recaído sobre el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Burita, quien
atribuyó su causa a la posición de nuestro Gobierno en el conflicto del Sahara Occidental, desligándola de la cuestión migratoria (ver
aquí y
aquí). Por su parte, el papel del jefe de Gobierno, Saadeddine el Othmani, se ha centrado principalmente en aglutinar el consenso de los partidos políticos marroquíes, mediante sendas reuniones en la que éstos, primero, expresaron de forma unánime
su condena por la acogida del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, en nuestro país; y, una vez desencadenada la crisis, reafirmaron
su apoyo al rey Mohamed VI en "la defensa de la integridad territorial del Reino y sus intereses supremos".
De esta forma, el desarrollo de la reciente crisis hispano-marroquí evidencia la configuración de las relaciones de poder en Marruecos y nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del régimen y el funcionamiento del sistema político del país vecino.
Un rey que reina y gobierna
En primer lugar, debemos tener en cuenta que
la política exterior es un ámbito reservado a la Corona, que forma parte de los denominados 'ministerios de soberanía' (junto con Defensa, Interior y Asuntos Religiosos). Así, la toma de decisiones y la gestión de estos asuntos recae directamente sobre el rey y su entorno en detrimento del Poder Ejecutivo del jefe de Gobierno. En ocasiones, esto provoca ciertas
incomodidades a este último, que debe asumir políticas que escapan a su decisión y que no son del agrado de su electorado ni de su partido, como le ocurrió recientemente a Othmani: en diciembre de 2010, con motivo de la normalización de las relaciones del Reino de Marruecos con Israel, como contrapartida a Estados Unidos por su reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental.
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El hecho es que no se puede hablar del Reino de Marruecos en términos de una monarquía parlamentaria como las europeas, sino constitucional. La aprobación de una nueva Constitución en 2011, en el contexto de la Primavera Árabe, no puso fin a la centralidad de la Monarquía en el sistema político, sino que el rey continuó conservando gran parte de su poder. Entre otras competencias, el preside el Consejo de Ministros que delibera sobre leyes y cuestiones de especial relevancia; legisla, a través de
dahires, en asuntos que se le reservan constitucionalmente; disuelve el Parlamento; puede pedir la dimisión de uno o varios miembros del Gobierno; y puede proclamar el estado de excepción. Asimismo, el rey marca la agenda política y controla en la práctica el proceso de toma de decisiones y elaboración de políticas públicas. En este sentido, es habitual que las grandes reformas estatales se diseñen en comisiones nombradas por el rey para pasar luego a su aprobación parlamentaria y a su implementación por el Gobierno.
Limitaciones al Poder Ejecutivo del jefe de Gobierno
El nombramiento del jefe de Gobierno recae en el Rey, quien desde la aprobación de la Constitución de 2011 debe elegir un representante del partido que haya "llegado a la cabeza de las elecciones de miembros de la Cámara de Representantes" (no se habla de número de escaños). La nueva Constitución incrementó las competencias del jefe de Gobierno: entre ellas, la de proponer al rey de nombramiento de altos cargos públicos, lo que confiere una posición de poder al partido que ostenta la Jefatura del Gobierno.
En dos ocasiones, líderes de partidos de la entonces oposición han accedido a la
primatura del Gobierno tras su victoria en las elecciones: en 1998, el socialista Abderramán Yussufi, quien formó el denominado
Gobierno de alternancia; y, en 2011, el islamista Abdelilah Benkirane. Sin embargo, ninguno de estos destacados dirigentes políticos desarrolló una agenda reformista que permitiese la democratización de Marruecos: por un lado, porque tuvieron que compartir tareas de gobierno con partidos y ministros independientes afines a la Monarquía; y, por otro, porque una vez que partidos de la oposición acceden al Ejecutivo, moderan su discurso y su acción política, ya que temen poner en riesgo las parcelas de poder conseguidas, lo que supone una forma de cooptación por parte del régimen político.
En relación con los gobiernos de coalición, su formación es una necesidad en Marruecos dada la
alta fragmentación parlamentaria, y se caracterizan por su heterogeneidad ideológica. En la actualidad, Othmani dirige un Gobierno en el que se integran el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), al que pertenece el jefe del Ejecutivo; el histórico partido socialista, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), y tres partidos de centro-derecha cercanos al régimen, la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), el Movimiento Popular (MP) y la Unión Constitucional (UC). A ellos hay que sumar a tecnócratas-independientes en ministerios clave, los cuales ganaron peso tras la remodelación gubernamental de octubre de 2019, que supuso la reducción en el número de carteras ministeriales de 39 a 23 (nueve a cargo de independientes).
Un escenario partidista semi-competitivo
En relación con los partidos políticos, pese a la existencia de un amplio pluralismo político y espacio para la competencia, las relaciones inter e intra partidistas se han visto determinadas tradicionalmente por las interferencias del círculo de la Monarquía. Así, se ha promovido la formación de partidos leales para hacer de muro de contención de los partidos de la oposición; se ha fomentado la fusión de partidos cercanos a la Monarquía; se han alentado divisiones y escisiones en los partidos; se han reconducido liderazgos en sus organizaciones de los partidos, etcétera.
Un ejemplo de la instrumentalización partidista y de la interferencia de la Monarquía en la arena partidista lo tuvimos cuando el oficialista RNI bloqueó las negociaciones emprendidas por Benkirane para formar Gobierno tras las elecciones de 2016, lo que le llevó a su dimisión y al nombramiento de Saadeddine el Othmani, entonces presidente del Consejo Nacional del PJD, en marzo de 2017, con un perfil político más dócil que el de su antecesor y que, en pocos días, logró formar Gobierno tras aceptar los socios de coalición que la RNI había impuesto.
Elecciones en septiembre de 2021
El próximo 8 de septiembre tendrán lugar tres procesos electorales de carácter legislativo (Cámara de Representantes), regional y local.
Las elecciones suponen un momento de especial trascendencia para los partidos marroquíes, ya que supone su acceso al poder institucional. Además, los comicios han ganado en competitividad desde 2011, desarrollándose con un grado
moderado de integridad electoral.
La principal novedad de las próximas elecciones legislativas la constituye la supresión de la barrera electoral del 3% y el cambio en el cálculo del cociente electoral (de resto mayor), que se hará en virtud del número de votantes registrados en lugar del de votos válidos, como hasta ahora. Esta reforma previsiblemente beneficiará a los partidos pequeños y medianos en detrimento de los mayoritarios, especialmente del PJD, que ha mostrado su rechazo a una reforma que, sin embargo, ha sido respaldada por el resto.
El PJD se juega en estas elecciones seguir siendo la principal fuerza parlamentaria. No obstante, otros dos partidos aspiran a ocupar esta posición: por un lado, el Partido de la Autenticidad y de la Modernidad (PAM), formación política promovida por el círculo real en 2008 para hacer frente al creciente peso electoral del partido islamista; y, por otro lado, la Agrupación Nacional de Independientes, que ha revalorizado su papel al participar en el Gobierno en ministerios claves y haciendo de contrapeso del PJD en la coalición gubernamental.
Finalmente, otro aspecto relevante en estas elecciones es la participación, que en 2016 sólo llegó al 42,3% de los votantes inscritos (alrededor del 30% de los potenciales votantes). La alta abstención electoral, junto con el elevado número de votos nulos (un 14% de los emitidos en 2016), refleja en una parte importante la
desafección política y el rechazo de muchos ciudadanos marroquíes a las actuales reglas del juego político. Estos comicios, pues, nos revelarán mucho sobre el alcance de la competencia política y las dinámicas de poder en Marruecos.
Tabla 1.-Caracterización del régimen político marroquí
