El estallido social en Nicaragua de 2018 y la crisis que se abrió desde entonces elevó el nivel de la contienda política hasta su punto culminante cuando una mayoría de población demandó que Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa, dejaran la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, como primer paso de un proceso de transición hacia la democracia. Desde entonces, Ortega impuso una política de represión y un estado de excepción 'de facto' para sofocar las acciones de los movimientos y organizaciones sociales, así como a los ciudadanos que se manifestaron multitudinariamente durante todo ese año. De esta forma, la crisis se ha prolongado en el tiempo y se ha vuelto más compleja a partir de 2020, por la política sanitaria con la que el Gobierno ha manejado la crisis pandémica y que contraviene las medidas de prevención y tratamiento recomendadas por las organizaciones internacionales de salud.
Además de los efectos políticos y sociales, la crisis ha tenido también un
grave impacto económico que afecta a la mayoría de la población empobrecida pero también a los sectores medios, los grandes empresarios y al propio Gobierno. Estos efectos se han sumado a la ya compleja situación y a la demanda de soluciones rápidas. Por esa razón, las elecciones generales previstas para noviembre de 2021 son una posibilidad para resolverla mediante un método pacífico y democrático. Sin serlo, estos comicios han adquirido un carácter plebiscitario y la población en general ha depositado en ellas sus esperanzas de cambio político. Pero
Ortega, aunque también necesita resolver la crisis, no ha mostrado ninguna voluntad para garantizar que la convocatoria electoral sea competitiva y transparente. La pregunta entonces es: ¿qué posibilidades reales hay para que las elecciones en Nicaragua la resuelvan y se abra una transición democrática?
Un sistema electoral de independencia comprometida
Desde antes de su llegada a la Presidencia en 2007, Ortega controló el sistema electoral mediante el acuerdo que había alcanzado en 2000 con su principal oponente político, el ex presidente Arnoldo Alemán. El conocido como
Pacto de los caudillos les permitió a ambos nombrar magistrados del Consejo Supremo Electoral y a Ortega, adelantar un proceso gradual para cooptar el aparato electoral, de manera que ya
para las generales de 2016 el sistema respondía totalmente a sus intereses continuistas.
Las graves irregularidades de este modelo y de los procesos de votación fueron señaladas por observadores nacionales e internacionales tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Centro Carter. Tanto éstos como organizaciones y partidos políticos nicaragüenses han urgido al Gobierno para que reforme la ley electoral. Las irregularidades alimentaron la desconfianza de la ciudadanía en la institución y la abstención, de manera que
en las última votación (2016) la participación fue significativamente más baja. No obstante, los sondeos de opinión más recientes muestran un porcentaje mayoritario de población interesado en votar en noviembre de 2021.
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El estallido social de 2018 incrementó la presión nacional e internacional sobre la necesidad de reformas y la oposición creó el Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE), que presentó una propuesta amplia y sustentada en los informes elaborados por los observadores internacionales en procesos anteriores. En octubre de 2020, la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución en la que señaló al menos siete puntos indispensables para las elecciones en noviembre de 2021 con objeto de garantizar la competencia justa, la participación libre de la ciudadanía y la transparencia de los resultados.
A inicios de mayo pasado
la Asamblea Nacional, también controlada por Ortega, nombró nuevos magistrados para el órgano electoral y reformó la ley electoral. Sin embargo, todos los magistrados nombrados son abiertamente leales al presidente y las reformas, en realidad, establecen mayores restricciones para el pleno ejercicio del derecho al voto, inhiben a los candidatos, partidos políticos y alianzas que afronten acusaciones por apoyar el
golpe de estado o promuevan la imposición de sanciones en contra del Gobierno. Estas reformas forman parte de un conjunto mayor de leyes aprobado a finales de 2020 y que tenían como propósito limitar las acciones de las organizaciones y movimientos sociales, acallar las voces críticas (particularmente, a la prensa independiente) e inhibir a partidos y candidatos de la oposición. Éstas son Ley de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz.
Las dificultades de la oposición
Para participar en las generales de noviembre y se constituyan, así, en una oportunidad de cambio democrático numerosos actores y organizaciones han planteado
la necesidad de constituir una alianza electoral amplia entre las fuerzas de la oposición. En medio de la crisis, la política de represión gubernamental y la pandemia, se han conformado dos iniciativas relevantes: la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana; ambas integradas por plataformas de organizaciones y movimientos sociales, así como por partidos políticos.
La mayoría de la población esperaba que la
unidad opositora se constituyera entre estas dos alianzas. Pero, a pesar de los esfuerzos,
hasta ahora no se ha logrado. Por eso el 12 de mayo, fecha señalada en el calendario electoral para inscribir las alianzas, sólo una de ellas, la Alianza Ciudadana, representada por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), lo hizo con un partido menor y prácticamente desconocido.
La frustrada unidad de las fuerzas de oposición fue el
resultado de la división promovida por el mismo Gobierno mediante el chantaje y la presión a los líderes y partidos por varias vías, incluida la de las leyes aprobadas. Pero, sobre todo, es el resultado de la falta de voluntad política, la diversidad de perspectivas, los intereses de grupos específicos con poder y la desconfianza entre los diferentes actores opositores.
Los caminos para acercar posiciones no están del todo cerrados, pero requieren de mucha voluntad política por su parte y de firmeza para resistir juntos los embates del
orteguismo. De momento, esa buena voluntad se pondrá a prueba en relación con un aspecto clave:
el método para hallar una fórmula de consenso con la que disputar la Presidencia a Ortega y la elaboración de las listas de candidatos para las diputaciones.
Actualmente, existen 11 aspirantes a candidatos presidenciales; dos mujeres entre ellos. Seis de ellos se postularon a través de la Coalición Nacional, cuatro a través de la Alianza Ciudadana y una de manera independiente. La política de represión del Gobierno nicaragüense impide unas primarias para seleccionar la fórmula presidencial aspirante, de forma que cada alianza propuso su propio método y no han logrado ponerse de acuerdo. Después del fallido intento para inscribir una alianza opositora unitaria y amplia, Ortega ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del Partido Restauración Democrática (PRD), integrante de la Coalición Nacional y su única posibilidad para presentar candidaturas en el proceso electoral. Esto ha obligado a los aspirantes a acercarse a la Alianza Ciudadana para inscribirse en su proceso de selección de la fórmula presidencial, una circunstancia que se percibe como una oportunidad para que las distintas fuerzas de la oposición alcancen un acuerdo de cara a las elecciones. De acuerdo con el calendario electoral, la inscripción de las candidaturas a la Presidencia, Vicepresidencia y Legislativo debe realizarse, a más tardar, a finales de julio. Ése es el margen temporal.
Un escenario controlado por Ortega
Después de la reforma de la ley electoral, Ortega ha aumentado la represión, especialmente contra líderes políticos en todo el país, periodistas y medios independientes, defensores de derechos humanos, familiares de víctimas de la represión. Dos de los acontecimientos más relevantes en esta escalada represiva son
la cancelación de la personalidad jurídica al Partido Restauración Democrática (PRD) bajo el pretexto de una impugnación presentada por un grupo de pastores evangélicos; y la investigación abierta a Cristiana Chamorro, ex presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de expresión y prensa que cerró a inicios de 2021 en aplicación de la Ley de Agentes Extranjeros aprobada a finales de 2020.
A Chamorro la Fiscalía la investiga por cuatro delitos supuestamente cometidos entre 2015 y 2019: falsedad ideológica, gestiones indebidas, actos ilícitos y lavado de dinero. Las indagaciones han estado plagadas de irregularidades, como la imputación arbitraria a un par de ex trabajadores de la Fundación y a una periodista, así como el secuestro de dos ex empleados y su posterior aparición en una cárcel preventiva policial. Chamorro
aparece con los porcentajes más favorables de preferencia en los sondeos de opinión y eso la convierte en la contendiente más peligrosa para Ortega; no sólo por el mayoritario apoyo popular, sino también por el simbolismo que tiene ser hija de Violeta Barrios de Chamorro, la mujer que lo derrotó en las elecciones de 1990. El 1 de junio, el Ministerio Público la ha acusado formalmente y, sin juicio previo ni sentencia, ha dispuesto inhabilitarla para ocupar cargos públicos. Adicionalmente, ha ordenado limitar su movilidad.
En esta escalada de
violencia gubernamental, el mismo día que Chamorro fue citada para comparecer la Policía allanó sin orden judicial las instalaciones de los medios digitales
Confidencial y
Esta Semana, dirigidos por su hermano, el conocido periodista Carlos Fernando Chamorro. Los agentes confiscaron los equipos y retuvieron durante varias horas a uno de sus trabajadores.
El proceso contra Chamorro también ha servido de pretexto para citar a más de dos decenas de periodistas y propietarios de medios independientes, así como a reconocidas personalidades como Sergio Ramírez Mercado, el laureado escritor nicaragüense. Además,
se han incrementado la vigilancia, las agresiones y los hostigamientos contra líderes políticos, incluidos los aspirantes presidenciales, a quienes la Policía les impide salir de sus casas sin orden judicial de ninguna clase. Es muy probable que otros aspirantes opositores a la Presidencia también sean inhibidos para forzar a la población a abstenerse ante la falta de una propuesta creíble, un escenario que a todas luces favorecería a Ortega.
Es muy probable que este estado de cosas se mantenga al menos hasta agosto, cuando arrancará formalmente la campaña.
La eventualidad de que las elecciones se conviertan en el punto de inflexión para resolver la crisis es todavía incierta. De un lado, se enfrenta a la voluntad continuista de Ortega y Murillo; de otro, a las tensiones entre las fuerzas de oposición que prefieren un nuevo entendimiento con el presidente para resolver la crisis y están dispuestos a colaborar para limitar las posibilidades de elección de la población; y, por último, a las fuerzas opositoras que buscan una nueva transición hacia la democracia. La dinámica se ha acelerado en las últimas semanas, pero la partida no ha terminado.
