No descubrimos nada nuevo al afirmar que padecemos en carne propia y percibimos en gran parte de la ciudadanía cierto cansancio, por no llamarlo hastío e, incluso, hartazgo por los derroteros que ha tomado la vida política en los últimos tiempos. La crispación creciente; el enfrentamiento constante entre posturas que quieren mostrarse como antagónicas e irreconciliables, cuando, en realidad, no tendrían por qué serlo; la imposibilidad aparente e intencionadamente buscada de encontrar puntos de encuentro entre lo que proponen unos y otros actores políticos a ambos lados del arco parlamentario; todos ellos son rasgos distintivos de nuestro momento político, desde hace ya demasiado tiempo. Que la experiencia no sea sólo propia sino que, por el contrario, se manifieste también en otros lugares del mundo no puede convertirse en una excusa. Siempre hubo excusas, que parecían razones, para explicar por qué en algún momento, en ciertos espacios geográficos, la Democracia y el Estado de derecho acabaron escurriéndose por el desagüe de la Historia. Y lo que vino después, bien lo sabemos, no fue mejor, sino todo lo contrario. Por eso hay que estar atentos.
Es cierto que la Historia nunca se repite en los mismos términos, pero tampoco podemos descuidarnos practicando, con cierta indolencia, el no muy noble arte del qué tengo yo que ver con esto, no es de mi incumbencia, nada puedo hacer. Claro que tenemos que ver con esto; por supuesto que nos incumbe; indudablemente, podemos hacer algo. Lo primero, ser conscientes de que lo que nos jugamos como sociedad es su bien más preciado: la pacífica convivencia. El gran riesgo de la política frentista, de la polarización, es efectivamente ése: provocar una división social creciente que ponga en riesgo la convivencia pacífica entre quienes, hasta este momento, hemos compartido un espacio común en armonía pese a las naturales discrepancias. La gran responsabilidad de nuestros representantes públicos y, con más razón, de nuestros gobernantes, es ésa: conseguir que, más allá de las legítimas disputas derivadas de las diferentes sensibilidades ideológicas de cada uno, todos podamos seguir conviviendo de manera armónica.
Existe una delgada línea roja que separa la discrepancia política profunda cargada de buenas razones del enfrentamiento político irracional capaz de conducir a la violencia. El buen gobernante lo sabe y diferencia. El malo no lo ignora, pero tampoco le importa o, incluso, lo busca, porque piensa que ello, al final, le puede ofrecer un buen rédito electoral. El bobo directamente lo desconoce, porque está ciegamente enamorado de sus hermosas ideas. Este último es el más peligroso.
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Los ciudadanos, una vez que somos conscientes del problema, hemos de intentar ponerle remedio. No es una respuesta rápida ni fácil. Tampoco puede ser una respuesta aislada si es que queremos que no se pierda como un grito agónico en medio de la inmensidad sorda del desierto. Los ciudadanos conscientes del problema somos seguramente muchos. Y algunas muestras vamos dando de ello, asumiendo así la parte de responsabilidad que nos corresponde.
Recientemente, un nutrido grupo de personas provenientes de diferentes ámbitos ideológicos y profesionales, con una representación muy destacada del mundo académico, en general, y del Derecho Constitucional, en particular, ha lanzado una Declaración en la que, bajo el significativo título de 'Radicalmente moderados', pone blanco sobre negro su preocupación al identificar la existencia de esos problemas antes mencionados. Al mismo tiempo, esos ciudadanos conscientes lanzan una llamada a los representantes públicos para que rebajen el tono agrio de sus disputas estériles, animándoles a trabajar en la búsqueda de acuerdos básicos sobre aspectos esenciales para la vida pública del país, lejos de planteamientos antagónicos y de una demagogia populista, de uno y otro signo, que tanto confunde pese a la claridad con que expone, de manera simplista, soluciones fáciles para los complejos problemas a los que ha de hacerse frente.
Esa llamada a la moderación y al encuentro no pretende sustituir la confrontación política de las ideas diferentes, tan necesaria en una democracia plena como lo es la nuestra, de la que el pluralismo político es condición inexcusable. Por el contrario, apela a algo diferente: a que la confrontación ideológica no se convierta en un fin en sí mismo, alimentado por campañas de comunicación política que, aunque se vistan de brillantina, en realidad van desnudas de pensamiento profundo.
La discrepancia no es el problema; al contrario, en un régimen verdaderamente democrático es consustancial al ejercicio de la política, pues solo así se podrá avanzar, someter el poder a control y favorecer la alternancia. El problema, por tanto, no es discrepar, sino convertirlo todo en pura discrepancia, hasta el punto de que el impulso político que todo país necesita empiece a resentirse por la incapacidad de sus actores para tomar decisiones de alcance institucional, con sentido de Estado.
Debe de haber, por tanto, un espacio para la discrepancia y otro para el acuerdo. Y se ha de evitar que haya espacio alguno para el odio. Una Democracia sana es aquélla en la que los representantes de opciones políticas contrapuestas son capaces de practicar el diálogo, llegando incluso a consensos en torno a cuestiones que, más allá de una u otra ideología, preocupan y afectan a todos; y que, por tanto, a todos interesa acordar.
En España, desde hace más de 40 años conseguimos, pese a las inmensas dificultades de partida, construir ese Estado democrático de derecho, que tuvo su hito principal en la aprobación en 1978 de una Constitución, aún vigente y todavía muy valiosa pese a que precise de alguna actualización. Un Estado social y democrático de derecho que, al igual que otros de nuestro entorno, tiene deficiencias e insuficiencias que habrá que procurar ir solucionando. Lo que en ningún caso merece la pena es dilapidar esta preciosa herencia. De ahí que nos reclamemos radicalmente moderados. No porque no tengamos ideas propias, que defendemos incluso con pasión cuando es preciso, sino porque somos conscientes de que la moderación es condición (más que necesaria, imprescindible) para que cualquier comunidad política pueda vivir en paz, afrontando los grandes retos y desafíos que tenemos por delante de manera unida cuando ello sea preciso. La moderación, en definitiva, constituye una condición de posibilidad para la resolución de los complicados problemas presentes y para la construcción de la España del futuro. Solo eso. Así de sencillo.
(Los tres autores son firmantes de la Declaración 'Radicalmente moderados')
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