La legislatura ha entrado en una nueva fase. Tras un paréntesis pandémico atípicamente estable en lo político, la política se vuelve a acelerar. Por una parte, el Gobierno vislumbra una segunda mitad de legislatura trufada de minas terrestres. La más acuciante es la cuestión catalana, que promete generar tensiones dentro de los partidos de izquierda, a un lado y el otro del Ebro. Por su parte, la derecha ha desenvainado por primera vez las espadas. Vox y PP se enfrentan públicamente en Andalucía y Ceuta al albur de la reciente crisis migratoria. No hay elecciones inminentes y los partidos aprovechan para recomponerse y mover ficha.
Desde la perspectiva de los partidos de gobierno, la colocación de las piezas es la siguiente. El Ejecutivo central depende de una mayoría parlamentaria precaria, pero proclive a una mesa de diálogo donde los indultos son una posibilidad real. En esta correlación de debilidades, ERC desempeña el papel más destacado. Su opción por una vía pragmática, en contraposición a la que tanto Junts como la CUP quisieran imponer, mucho más conflictiva y con aires de 2017, concibe el reconocimiento y la libertad de los presos como conditio sine qua non para seguir apoyando al Gobierno de coalición. El margen de cesión de los republicanos, no obstante, es como poco limitado. Esquerra pretende condicionar al PSOE y a Unidas Podemos desde el Congreso, pero es también rehén de constricciones en el 'Parlament' con sus socios independentistas, que siempre tendrán la mano lista para avivar el fuego. La pugna por la hegemonía del bloque independentista sigue abierta.
¿Significa esto que el eje territorial volverá a dominar nuestra política nacional? Sí y no. Está claro que no estamos en las mismas coordenadas que en el periodo caliente de 2018. Como comentamos aquí antes de las elecciones catalanas, no sólo los problemas entre España y Cataluña han retrocedido entre las principales preocupaciones, en beneficio de otros como la economía y la sanidad; también la preferencia por la independencia, actualmente en el 33,5%, está lejos del 40% que mostraba el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) ininterrumpidamente entre 2014 y 2018, así como el no a la independencia, que lleva dominando al sí desde mediados del 2019.
Se ha pasado, por lo tanto, de la apuesta por la unilateralidad a la búsqueda de una solución alternativa. Y ésta puede pasar por muchos sitios, pero uno de ellas es el indulto a los presos catalanes. Recientemente salieron datos de encuestas que apuntaban a dos caras de la moneda opuestas y difícil de conjugar. Por un lado, una ciudadanía española mayoritariamente en contra de los indultos (67,1%) y, por el otro, una ciudadanía catalana mayoritariamente a favor de los mismos (65,1%). Así pues, no sólo estamos ante unas piezas políticas difícilmente de encajar, sino también ante una opinión pública difícil de convencer.
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La decisión a tomar deja al Gobierno de coalición un callejón sin salida. Una legislatura más estable y de diálogo conllevará darse contra la pared de una opinión pública que no gestionará bien los indultos. Pero un Gobierno que haga oídos sordos a las exigencias de los partidos independentistas abocará a dos años de parálisis parlamentaria y de Presupuestos forzosamente prorrogables. La legislatura pasaría de agotarse a sollozar. Además, dentro de la misma coalición de Gobierno hay un actor que arriesga más. El PSOE, a diferencia de Unidas Podemos, tiene un electorado mucho más reacio a apoyar los indultos a los líderes catalanes presos. Las últimas encuestas apuntan a que sólo uno de cada cinco votantes socialistas estaría a favor. De aprobarse de los indultos, además, la coyuntura interna del PSOE abandonaría la calma chicha que ha reinado en Ferraz en los últimos años a la agitación. Al aviso de los presidentes autonómicos socialistas de Extremadura, Castilla-La Mancha o Aragón se le sumaría el evite interno de Susana Díaz, que lucha por su supervivencia en Andalucía y aprovecharía el conflicto de los indultos para erigirse nuevamente lideresa de la facción más centralista del PSOE.
Estas mismas coordenadas se han repetido periódicamente en los últimos tiempos, con unas relaciones con Cataluña tensionando las costuras gubernamentales. Sin embargo, la novedad del momento actual radica en la robustez y la transformación de los bloques políticos. Las elecciones catalanas y madrileñas han desencadenado la tormenta. Tras ella queda una izquierda en lenta recomposición interna, pero de trato amigable entre partidos. En la derecha, no obstante, dos son los elementos nuevos. A un lado del eje tenemos una concentración del voto de derechas. El Partido Popular, tocado desde la fragmentación de su bloque en 2018, vuelve a adquirir tonalidades de casa común de la derecha gracias al empequeñecimiento de Ciudadanos. Cataluña primero, y Madrid después, han representado dos losas para los de Inés Arrimadas que difícilmente podrán quitarse de encima en el corto y medio plazo.
Además, y aunque haya perdido cierta novedad, Vox se ha estabilizado en porcentajes homologables al de otras derechas radicales europeas. Su 16% en estimación media no da signos de desaparecer próximamente; y menos todavía con la relación de normalización e inclusión que los populares han llevado a cabo desde el comienzo con los de Santiago Abascal como una necesidad para gobernar.
Al otro lado del eje, tenemos un cambio radical en la dinámica de competición dentro del bloque de la derecha. De ir a una en su estrategia de confrontación contra el Gobierno a enfrentarse posicionalmente en torno a la cuestión migratoria. Una señal de esto es que Vox haya pasado a bloquear el Gobierno andaluz por la eventual acogida de 13 menores inmigrantes, o que recientemente dos diputados de cada partido se hayan enzarzado en una pelea dialéctica en la sede del Legislativo de Ceuta a cuenta de un comentario racista contra la portavoz del partido MDyC, Fatima Hamed.
Este enfrentamiento fratricida entre un partido y su escisión radical tiene una consecuencia a corto plazo, y es que les impide coordinarse contra su rival común que es el bloque que facilita la gobernación en España en este momento. Posiblemente por eso, y por la lejanía de las elecciones, PSOE y Unidas Podemos quieran activar el botón de los indultos cuanto antes. El ensimismamiento de la derecha les beneficia. La consecuencia a largo plazo de este conflicto, el premio por el que compiten PP y Vox, es el del liderazgo del bloque. La derecha se ve con fuerza algunas encuestas la dan la mayoría absoluta. Pablo Casado pretende contagiar la victoria en Madrid a nivel nacional y, si es posible, atraer a votantes de Vox como ya lo hizo con los de Ciudadanos, marcando diferencias. Vox, por su parte, pretende redoblar la ofensiva ante un PP de Casado que estima más débil que Isabel Díaz Ayuso.
¿Es ésta nueva fase una oportunidad para Casado o es su figura un vector de debilidad del PP? La respuesta dependerá de los tiempos. Por un lado, es cierto es que desde el inicio de la pandemia su imagen no se ha recuperado. Alrededor del 80% de la población española confía poco o nada en él como líder de la oposición; y un escaso 13% le prefiere como presidente del Gobierno. Por el otro, ordenación de los conflictos con Vox mediante, la escalada de un nuevo conflicto territorial, en este caso en torno a los indultos, podría permitirle crecer y mejorar una imagen como paso necesario para disputar a Pedro Sánchez la Presidencia. El signo de los tiempos parece favorecerle enormemente. El Partido Popular se ha visto agraciado por la victoria de Ayuso, y por primera vez se coloca como primera opción en las encuestas. Dado el sistema de partidos, y el electoral, esto no es un asunto menor. El desgaste del PSOE y una coyuntura con los indultos nada favorable a nivel interno y general puede estar moviendo una parte importante de votantes moderados que, si bien hasta hace poco no se planteaba votar a Casado, podría cruzar la línea del PSOE al PP. Aunque todavía es pronto, las fugas de socialistas al Partido Popular se han disparado. La cifra es baja, pero combinada con un desplome definitivo de Ciudadanos puede suponer un impulso fundamental en representación para los populares.
Recordemos las vicisitudes de nuestro sistema electoral. Buena parte de la partida se juega en las circunscripciones pequeñas (entre tres y cinco escaños), donde un pequeño cambio de correlación (por ejemplo, un PP algo más fuerte que el PSOE) podría arrebatar escaños determinantes. La situación del 2019 parece invertirse en 2021. Si en las últimas elecciones la fragmentación de la derecha era notoria, con dos partidos con similar fuerza y un tercero descolgado, lo que el propio PSOE aprovechó en su favor, hoy podemos estar ante un cambio de tornas. Que el PP mantenga el pulso frente al PSOE y que ese pulso le sea suficiente para poder formar una futura mayoría es una posibilidad aún en el aire.
La respuesta dependerá en buena medida de cuál sea el calendario electoral, cómo se reorganicen los espacios electorales y cómo se recrudezcan los conflictos internos y externos entre partidos; es decir, que dependerá, a su vez, de otras preguntas. En cuanto al primer tema, dos actores tienen un botón de elecciones con capacidad de remover el avispero: Andalucía y Murcia. ¿Provocará el bloqueo de Vox en Andalucía un adelanto electoral a la vuelta del verano que pille a un PSOE e izquierdas andaluzas aún verdes? ¿O esperará el PP a lanzar la carta de las elecciones en Andalucía a un momento en el que pueda rentabilizar mejor la luna de miel tras su más que probable victoria? ¿Aprovechará el PP de Murcia en algún momento la coyuntura que dejó la moción de censura fallida?
La reorganización competitiva es importante, además de por los mensajes de unión o desunión que lancen los espacios ideológicos, por los corsés del sistema electoral que castigan la subdivisión. ¿Se presentará la izquierda a la izquierda del PSOE dividida en dos partidos? ¿Más País y Unidas Podemos competirán por escaños también en las provincias pequeñas? ¿Se le sumarán al pulso formaciones provincialistas o regionalistas? ¿Llegará Cs a las elecciones generales? Conceptos como voto útil o confluencias volverán al debate, reavivando los conflictos y las alianzas entre partidos vecinos. En ese sentido el dilema, tanto en la derecha como en la izquierda, será la ya clásica: ¿coordinarse con tu partido vecino a riesgo de que te engulla o intentar ganar fuerza dentro del bloque ante el peligro de que eso desgaste el tirón electoral de la coalición? Esto nos conduce a la última pregunta (lo prometemos), la más importante, que dará forma a la segunda mitad de esta legislatura: ¿perdurará el bibloquismo o se abrirá en algún momento la ventana de oportunidad para cordones sanitarios? Aunque a dos años vista de las elecciones parezca improbable, las tensiones pueden aumentar con los socios incómodos de cada lado (independentismo, por un lado, Vox por el otro) hasta límites en los que los costes estimados de pactar con ellos superen a los de pactar con un partido del bloque contrario.
En resumen, si la situación de la política española actual fuese una partida de ajedrez, el Gobierno en este momento tendría menos piezas que el bloque de derechas, pero de mayor valor. Principalmente tres: el Boletín Oficial del Estado, la implementación de los fondos europeos y un cronómetro que puede dilatarse a su gusto dos años más. La derecha, en cambio, tiene el soplo del viento a su favor con subidas en las encuestas y la reactivación de temas como del conflicto con Cataluña, que en el pasado ha demostrado serle muy rentables; o la cuestión migratoria que, por un lado, puede fracturarlos y por el otro puede dar alas al partido de extrema derecha que habita nuestro país. Faltan dos años para saber cómo acaba el pulso.
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