Los días 15 y 16 de mayo Chile eligió la Convención Constitucional que tendrá el desafío de escribir un nuevo texto constitucional. El proceso constituyente en Chile responde a un largo proceso de luchas sociales por el cambio constitucional y un acuerdo político amplio de las fuerzas representadas en el Congreso. Se dará en el contexto de un órgano constituyente único en la historia de Chile y con importantes innovaciones democráticas. Ésta
será la primera Convención Constitucional elegida popularmente con representación paritaria, con escaños reservados para los pueblos indígenas y con candidaturas que representan a los partidos políticos e independientes. De un total de 1.468 candidaturas para elegir 155 escaños de los cuales 17 están reservados para los 10 pueblos originarios que existen en Chile, el 61% corresponde a candidaturas independientes, y un 75% de las personas que se presentaron a la competencia electoral
no tenían experiencia política ni pública previa.
En las jornadas electorales desarrolladas en contexto de pandemia, con protocolos sanitarios y estado de excepción constitucional, concurrieron a votar 6.458.760 personas, lo que representa
un 43,35% del padrón electoral, 7,6 puntos porcentuales menos que en el plebiscito de octubre de 2020. Si la comparación se hace respecto a las anteriores municipales (2016) y legislativas (2017), esta última elección se saldó con 8,46 puntos porcentuales más de participación y 3,29 menos, respectivamente.
La Convención Constitucional será paritaria.
Estará compuesta por 78 hombres y 77 mujeres. La paridad integró a siete hombres para escaños no reservados, mientras que para las mujeres lo hizo en cinco ocasiones. En el caso de los escaños reservados también se aplicó la regla de paridad, integrando a cuatro varones.
Las fuerzas políticas que forman la Convención serán diferentes a las del Congreso Nacional actual.
Sólo 50 (el 36%) de los 138 escaños generales excluyendo los 17 reservados para los pueblos indígenas militan en partidos políticos, mientras que 40 (29%) son independientes que iban en listas de partidos, 47 (34%) lo hicieron en listas de independientes y uno de los electos se presentó fuera de pacto (1%). En cuanto a la edad, el promedio es de 45 años.
La experiencia política y pública aumenta en las personas electas respecto de las candidaturas.
Un 39% cuenta con experiencia política (ver informe), destacando fuertemente los candidatos de partidos, donde un 74% ha tenido alguna vez cargos de confianza, directivos o de elección popular, en oposición a los candidatos de listas de independientes, donde sólo un 13% cuenta con esta misma experiencia. Lo mismo ocurre con la experiencia pública: los partidos lideran los electos que han formado parte alguna vez de la Administración del Estado, en contraposición con los candidatos de listas independientes. Al agregar los datos de experiencia política y pública, vemos que el 45% de los convencionales electos no tiene experiencia política ni pública. La contracara de este dato es que, al observar por listas,
el 72% de los electos en listas de independientes no tiene experiencia política ni pública, mientras que en los partidos dicho porcentaje desciende a 16%.
Gráfico 1.- El perfil de los electos
Fuente: Observatorio Nueva Constitución en función de los perfiles de candidatos/as electos/as a la Convención Constitucional e información del Servicio Electoral de Chile.
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Una vez constituida la Convención Constitucional, se deberá elegir a un/a presidente/a y comenzar a definir
su reglamento de funcionamiento, el cual deberá ser aprobado por al menos 104 miembros, equivalente a 2/3 de la Convención. Eso implica un desafío de lograr acuerdos y construir mayorías en torno a los ejes del debate constitucional, considerando que ningún sector alcanza, por sí solo, los citados 2/3.
Ya con la Convención instalada, el siguiente paso será hacia dónde va el debate constitucional y cuáles son las propuestas de las 155 candidaturas electas que se van a plasmar en el nuevo texto constitucional. En el
informe del Observatorio Nueva Constitución sobre los programas de las 1.468 candidaturas, se destacaban seis temas con mayor recurrencia de menciones: valores y principios, régimen político, derechos sociales, nuevos derechos, pueblos indígenas y modelo jurídico del Estado.
Ahora bien, al hacer una revisión de las propuestas temáticas, se puede apreciar una coincidencia. De esta forma, aquellas áreas que más se repiten en términos de frecuencia absoluta son
nuevos derechos, derechos sociales, valores y principios, libertades civiles, pueblos indígenas y autonomías constitucionales.
En los nuevos derechos, se agrupan todas aquellas categorías de los mismos no reguladas por la Constitución vigente. Cinco temas engloban el 68% de las propuestas,
encabezados por el medio ambiente; específicamente, el establecimiento de derechos y protección de la naturaleza con un enfoque ecológico con desarrollo sostenible y que dé pasos hacia un cambio en la matriz energética del país. A continuación, le siguen
género y diversidades sexuales, donde las iniciativas abordan la equidad de género, derechos sexuales y reproductivos, protección de la diversidad sexual y disidencias y aborto. En recursos naturales, el elemento central guarda relación con los recursos hídricos, lo que implica establecer el derecho al agua o bien declararla como un bien nacional de uso público. Se busca también consagrar el desarrollo de la ciencia, el conocimiento y la investigación como un derecho en Chile, con su respectiva institucionalidad. Finalmente, en materia de cultura se resalta la necesidad de resguardar el derecho a ella en tanto creación, incentivo y acceso al desarrollo cultural del país.
El reconocimiento de los derechos sociales será uno de los temas centrales de la discusión, y fue una de las materias detonantes del estallido social de octubre de 2019. El debate se centrará en si mantener su mirada desde las libertades o si tendrán un enfoque más social. Entre los electos, los derechos más mencionados que debieran estar en la Constitución son los relativos al mercado laboral,
tanto individuales como colectivos (sindicalización, huelga y negociación colectiva). En segundo lugar, aparece el derecho a la educación, dividido entre quienes están a favor de mantener el modelo actual, basado en la
libertad de enseñanza, versus el derecho a la educación social, gratuita y de calidad. Le siguen el fortalecimiento del sistema público de salud y seguridad social, mediante reformas profundas del sistema y de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP); y, por último, vivienda, derecho que no se encuentra actualmente consagrado en la Constitución y que busca garantizar una digna con mínimos de habitabilidad.
En valores y principios, son cuatro las materias que abarcan el 39% de las iniciativas. La mayoritaria es la relativa a los principios constitucionales, que se dividen en tres sub-categorías: los principios democráticos, feministas y ecológicos. A continuación, aparece el valor de la dignidad humana, la igualdad y la probidad y transparencia.
En régimen político hay tres grandes propuestas, que guardan relación con el semi-presidencialismo, el presidencialismo y la separación de poderes del Estado. Se propone
equilibrar los poderes, dotando de uno mayor al Legislativo, y buscar la cooperación entre ambos. Entre los electos, el régimen con mayor número de menciones es el semi-presidencial, seguido del mantenimiento del presidencialismo reduciendo, no obstante, las atribuciones del presidente.
En Chile existe una deuda histórica con los pueblos originarios. Esta será la primera vez que contarán con representación en un órgano deliberativo, por lo que su presencia introducirá otros asuntos en el debate que históricamente no habían tenido presencia en los textos constitucionales. La discusión central será si el país se declara o no como un estado plurinacional o de muchas naciones, reconociendo a pueblos indígenas la condición de nación autónoma, o si bastará con el mero reconocimiento constitucional, posición defendida por los sectores más conservadores. Además, se debatirá si se les otorgan escaños reservados en el Congreso Nacional y cómo se reconocerá su institucionalidad y participación.
Por último, el reconocimiento e incorporación de su cultura, lengua y usos medicinales es una de las cuestiones que más preocupa a los candidatos electos para los escaños reservados, así como qué pasará con la propiedad indígena y sus derechos, sobre todos los relativos a la igualdad de trato y la autodeterminación.
Gráfico 2.- Distribución temática de las propuestas constitucionales
Fuente: Observatorio Nueva Constitución en función de los programas de candidatos/as electos/as a la Convención Constitucional.
Se puede anticipar, revisando las propuestas de las personas electas, que los temas de consenso pueden ser los valores y principios de igualdad, principios democráticos, dignidad humana y probidad y transparencia, el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología; y que los principales
nudos críticos del debate serán la propiedad del agua, la educación (libertad y fortalecimiento de la educación pública), la plurinacionalidad, el género y diversidades sexuales y la definición del régimen político.
A nivel de candidaturas, la distribución de sectores o listas ya daban cuenta de una oferta programática distinta a las elecciones post-dictadura. Los elegidos ahora tienen sintonía con el estallido social, al tener un peso mayor las candidaturas independientes, que son no tradicionales para la política chilena y que se identifican con los movimientos sociales y feministas.
Por último, sobre los contenidos, abordan dos cosas fundamentales. Primero, los valores, principios, derechos y nuevos derechos dan cuenta de una perspectiva alejada del corazón ideológico de la actual Constitución. Segundo, las propuestas también muestran un anhelo de reconfiguración y redistribución del poder, tanto en su estructura como de participación ciudadana más activa en los asuntos públicos. La Nueva Constitución y las cuestiones que se discutirán son la expresión de un nuevo Chile y obligarán a pensar en un modelo de desarrollo distinto, avanzando en un nuevo pacto social que incluya a todos los sectores y que permita eliminar las brechas de desigualdad.
