El 6 de junio, los peruanos votarán por su presidente en segunda vuelta. A la izquierda está Pedro Castillo, un maestro rural y sindicalista militante que llegó primero con sólo el
19% de los votos; a la derecha está Keiko Fujimori, quien consiguió el 13%. Las
encuestas ponen a Castillo a la cabeza, que ha prometido una nueva Constitución. Dado que su rival es hija del ex dictador Alberto Fujimori, ahora encarcelado, algunos observadores temen que restablezca una dinastía
corrupta y autoritaria. Sin embargo,
el escenario más probable es la ingobernabilidad. Una reforma constitucional podría ser la mejor alternativa para que Perú salga de ella.
Durante décadas, los peruanos han estado
divididos por el legado del presidente Alberto Fujimori, en el cargo de 1990 al 2000 y que cumple una condena de 25 años por delitos de derechos humanos y corrupción. Su hija, Keiko, tres veces candidata a la Presidencia, afronta también una acusación de
30 años de prisión por (supuestamente) recibir y ocultar más de 17 millones de dólares
en contribuciones ilegales a su campaña por parte de poderosos aliados. El papel de su partido en los
enfrentamientos entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial contribuyó a una de las
mayores crisis políticas recientes de Perú, en la que cuatro presidentes han pasado por
palacio en cinco años.
El legado principal de su padre es la Constitución de 1993, progenie de un
autogolpe. En abril de 1992, Fujimori cerró el Congreso y suspendió la Constitución, convocando luego a un Congreso Constituyente para que redactara una nueva Carta Magna que legitimara su Gobierno. Huyó en 2000 después de que su elección inconstitucional para un tercer mandato fuera cuestionada por un gran escándalo de corrupción, y
fue capturado, juzgado y encarcelado en 2009.
Keiko Fujimori defiende ahora dicha Constitución y el modelo económico neoliberal que ésta consagra. Castillo, por otro lado, está haciendo campaña como
outsider, candidato de un nuevo partido llamado Perú Libre. Como Alberto Fujimori en 1990, Castillo nunca ha ocupado un cargo público. Su carrera canaliza la ira de los votantes por la pobreza, la negligencia, la corrupción,
una pobre respuesta a la pandemia y el colapso económico, y se centra en una propuesta de nueva Constitución.
De los autogolpes a la refundación republicana liderada por el Ejecutivo
El programa de Perú Libre, elaborado por su líder radical Vladimir Cerrón, esboza lo que se conoce como refundación republicana. Su plan es simple: postularse para un cargo prometiendo un referéndum sobre una nueva Constitución; convocar una Asamblea Constituyente (que puede servir como legislatura) y someter el nuevo borrador a referéndum. Esto evita la ilegitimidad de un autogolpe al estilo del de Alberto Fujimori, pero puede tener consecuencias similares.
Por ejemplo, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, gozó de un amplio apoyo popular y militar. Pero cuando convocó una Asamblea Constituyente, la oposición fue efectivamente excluida; la usó para expandir el Poder Ejecutivo. Cuando la oposición intentó derrocar a Chávez en un golpe de Estado en abril de 2002,
aceleró el colapso gradual pero catastrófico del régimen de Venezuela.
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De manera similar, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, reescribió la Constitución de ese país en 2008, y luego gobernó a través de
plebiscitos y apelaciones a la opinión pública, sin pasar por el Congreso y atacando sin descanso a sus oponentes. Después de renunciar en 2017, su sucesor utilizó un referéndum para anular una enmienda constitucional que habría permitido que Correa se postulara nuevamente, sin límites de mandato.
En Bolivia, el presidente Evo Morales convocó una Asamblea Constituyente. Cuando ese organismo no pudo llegar a un consenso, el Congreso lo enmendó; los votantes aprobaron en 2009 la nueva Constitución en referéndum. Morales desafió después tanto esa nueva Constitución como un referéndum de 2017 que mantenía los límites de mandato, y buscó un tercero. Los informes controvertidos sobre irregularidades electorales en las elecciones de 2019 provocaron
protestas; Morales huyó a México después de que los militares le retiraran su apoyo.
El autoritarismo al estilo venezolano es poco probable en Perú
Investigaciones recientes (incluida la nuestra, aún en curso) sugieren que la elaboración de una Constitución puede descarrilar una democracia cuando existen asimetrías de poder entre los gobernantes y los oponentes. Por ello, es poco probable que Castillo siga el camino venezolano por tres razones.
Primero, si es elegido,
es probable que Castillo sea un presidente débil. No tiene ni la popularidad de Correa, ni los antecedentes militares de Chávez ni la base social de Morales. Además, posee una tenue relación con su propio partido, Perú Libre, que obtuvo un escaso número de escaños en el Congreso,
sólo 37 del total de 130.
En segundo lugar,
se enfrenta a poderosos oponentes. El electorado de Perú es conservador, especialmente en Lima. Los recuerdos del conflicto interno entre 1980 y 2000 persisten dolorosamente. Una oposición de
derecha fragmentada pero
virulentamente anticomunista, alineada con medios poderosos y grupos corporativos, serán rivales duros; algunos ya hablan de un
eventual golpe.
En tercer lugar, Castillo
se ha comprometido a respetar la Constitución y ha tejido
alianzas con Juntos por el Perú, de la candidata de izquierda moderada Verónica Mendoza, repudiando la sugerencia de Cerrón de que
la izquierda debe tomar el poder y permanecer allí.
Por lo tanto, es poco probable que un cambio constitucional haga descarrilar la democracia, como ha sucedido en Venezuela. Una
encuesta reciente mostró que más de la mitad del electorado apoya el cambio en la ley de leyes. Sin embargo, habiéndose comprometido a respetar la Constitución de 1993 hasta que sea reemplazada, Castillo tendrá que trabajar dentro del
artículo 206, que prohíbe la reforma constitucional sin la aprobación previa del Congreso, seguida de un referéndum.
La alternativa: un acuerdo sobre la reforma constitucional
Chile ha hecho recientemente algo que puede resultar instructivo. En respuesta a las protestas que comenzaron en 2019, los legisladores diseñaron un proceso constitucional que tiene algunas barreras. Su
'Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución' les dio a los chilenos el poder de elegir cómo se conformará una
Convención Constitucional, que luego tendrá el poder de redactar una Constitución para someterla a referéndum. Esta Convención no puede actuar de forma arbitraria ni ser objeto de injerencias.
Ante la inminencia de una Constituyente, el Legislativo peruano puede elegir algo similar, llenando la Asamblea con representantes de una variedad de partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y otros grupos sociales y políticos. Además de prevenir la concentración de poder, esto podría comenzar a cerrar la brecha de representación que quedó desde que
el sistema de partidos colapsó durante la dictadura de Fujimori,
ampliando la participación ciudadana para abarcar a los pueblos indígenas y los ciudadanos en condición de pobreza, rurales e informales.
No obstante, se avecinan dos posibles obstáculos.
Castillo puede ganar, pero la derecha muy probablemente se dedique a obstaculizar cualquier esfuerzo de reforma, generando desgobierno. O Fujimori puede ganar y conducir al Perú en una dirección autoritaria. Cualquiera de las dos opciones puede dar lugar a enfrentamientos peligrosos entre poderes; y en las calles. Un presidente precario o impopular que se enfrente a una oposición implacable pero fragmentada en el Congreso sí puede que socave la democracia.
