Chile: cómo se mide (mal) la calidad de una democracia

Durante los primeros meses de 2021 se han publicado distintos informes sobre la calidad de la democracia en el mundo. Los principales índices o rankings han popularizado el uso de mapas globales en los que, a modo de termómetro, se califican o puntúan los países a partir de una serie de indicadores o preguntas, que varían en función de la entidad que desarrolla el instrumento. 

Desde el final de la dictadura, Chile ha obtenido resultados muy positivos en los principales termómetros. Sin embargo, desde octubre de 2019 el país atraviesa una crisis social, política y ahora también sanitaria, por lo que cabe preguntarse cómo han impactado en los rankings las continuas y reiteradas violaciones de derechos humanos ocurridas en las principales ciudades del país, que no han cesado con la pandemia. En materia de libertad de expresión, saltaron las alarmas tras revelarse seguimientos de inteligencia militar a seis periodistas de investigación, presiones del Gobierno a un medio televisivo por sus contenidos críticos y comunicados de prensa de las Fuerzas Armadas criticando contenidos humorísticos de este mismo canal. A ello se suman las 300 agresiones policiales, problemas de falta de transparencia y persecución penal del discurso crítico, entre otras restricciones a la libertad de expresión documentadas en los informes liderados por organizaciones de la sociedad civil. 

Gráfico.- Número de ataques a la Prensa por parte de Fuerzas del Orden Público entre octubre 2019 y marzo 2021 (total, 295 casos registrados)

 Fuente: Observatorio del Derecho a la Comunicación, 2021.

Chile en los índices

Todos estos hechos no han tenido impacto en el ranking que elabora 'The Economist', donde Chile obtiene el puesto 17º en el grupo de las democracias plenas, por delante de varios países de la Unión Europea. Chile también mantiene calificaciones muy positivas en los informes de Freedom House y V-Dem Institute, de la Universidad de Gothenburg. Por el contrario, en el Civicus Monitor, que elabora una alianza de organizaciones de la sociedad civil, el país ha retrocedido a la categoría de derechos civiles obstruidos a consecuencia de las restricciones del derecho a la protesta y la violencia policial contra manifestantes y la Prensa.

Respecto a los índices específicos de libertad de expresión, utilizados como referencia por los rankings generales, hasta 2019 la organización Freedom House situaba a Chile como uno de los escasos países en los que peligraba la libertad de prensa, con mejor puntuación que Argentina, España o Italia. En 2020, el Índice Chapultepec, herramienta de medición de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre las libertades de prensa y expresión en el continente americano (mayo 2019-abril 2020), situaba a Chile en el primer puesto, destacando que en el país "no se registran cierres de medios, ni persecuciones de periodistas, ni control de contenidos. El Estado no limita el acceso de los ciudadanos a la información pública ni a los derechos vinculados a la libertad de expresión y prensa", siendo la principal debilidad la crisis financiera de los medios de comunicación.

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En la clasificación mundial que realiza Reporteros Sin Fronteras se han evidenciado notorios retrocesos durante los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera, al detectarse un aumento de la violencia policial contra reporteros en las olas de protesta de 2011 y 2019. Sin embargo, no estamos ante casos puntuales: los informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vienen identificando en Chile problemas estructurales en materia de libertad de expresión, que pueden entenderse como "herencias de las doctrinas autoritarias del pasado", agudizadas en el actual contexto de crisis.

Debilidades de los índices

El contraste entre las clasificaciones y la realidad invitan a hacerse distintas preguntas sobre la fiabilidad de los índices internacionales. A continuación, se exponen algunos factores que podrían explicar esta distorsión.

El análisis de Sapiezynska y Lagos (2016) sobre la valoración de Polonia y Chile en los índices de libertad de prensa de Freedom House y Reporteros sin Fronteras concluye que su aplicación, enfocada en las restricciones estatales y la violencia contra la prensa, sirve para evaluar países no democráticos, pero no para comprender los sutiles problemas de libertad de expresión en los sistemas democráticos, a menudo relacionadas con la estructura de propiedad de los medios, la dependencia de la publicidad, la autocensura y ausencia de voces diversas. En este sentido, han aparecido nuevos instrumentos de medición que ponen su foco en el pluralismo del ecosistema de medios de comunicación; un buen ejemplo es el Media Pluralism Monitor (MPM), que se desarrolla en el ámbito de la Unión Europea.

A esta crítica sobre los indicadores utilizados hay que añadir un problema con las fuentes y la calidad de los datos utilizados en la elaboración de los índices internacionales, que pueden propiciar valoraciones asimétricas. El rastreo de casos realizado por las organizaciones no es exhaustivo; se encuentra condicionado por su capacidad, los países en los que tienen presencia directa o alianzas y la accesibilidad de fuentes abiertas: informes locales, redes sociales, publicaciones en prensa, etc. La disponibilidad de información de calidad varía según las prioridades geográficas y las preferencias de las entidades que financian estudios o informes sobre libertad de expresión. Hay países con tradición en la publicación de estos informes, mientras en otros como Chile no es fácil acceder a fondos para el rastreo y análisis de casos. Esto explica que hasta 2020, tras la revuelta social, no se haya implantado la práctica de los informes anuales sobre el estado de la libertad de expresión en el país.

La visibilización de casos por parte de la prensa local e internacional es otra de las fuentes de información clave en la identificación de problemas. En todo el planeta hemos podido ver imágenes de los ataques a reporteros que cubrían las recientes protestas en Estados Unidos o Bielorrusia, pero no ha ocurrido lo mismo en Chile, donde los principales medios de comunicación omiten información sobre la violencia de agentes estatales hacia la Prensa; incluso la relativa a sus propios periodistas y reporteros. Otro aspecto que influye se refiere a las características de las víctimas de los ataques: cuando son reporteros freelance o medios alternativos independientes, las agresiones tienen menos repercusión que cuando afectan a grandes empresas de comunicación o periodistas de renombre, lo que se traduce también en la existencia o no de condenas públicas. Hay víctimas de primera y de segunda.

La elección de unas u otras fuentes también tiene consecuencias en la medición. Si revisamos las fuentes de datos utilizadas en el índice V-Dem, la valoración positiva de Chile se basa en el sub-registro de casos por parte de las organizaciones internacionales de referencia en el control de la libertad de prensa. Y esto ha ocurrido a pesar de que organizaciones chilenas como el Colegio de Periodistas o el Observatorio del Derecho a la Comunicación registran casos y difunden alertas desde octubre de 2019, que sí han sido tenidas en cuenta en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Efectos de la invisibilización

La invisibilización de los problemas de libertad de expresión en Chile representa algunas deficiencias y límites en la medición estandarizada de la calidad democrática, que se relacionan con la elección u omisión de los problemas que hay que valorar, el tipo de datos o las fuentes utilizadas. 

Las deficiencias en el registro de evidencias de un país tenderán a replicarse en los distintos índices e informes, con el riesgo de generar una imagen distorsionada de la realidad, tanto a nivel nacional como internacional, que no contribuye a la identificación de los problemas y a la búsqueda de soluciones, sino a su normalización. 

Para las organizaciones que tratamos de incidir en la mejora de la libertad de expresión en el ámbito nacional, una medición alejada de la realidad se traduce en mayores dificultades para posicionar los problemas existentes en el debate público y ante los espacios de poder, que preferirán guiarse por los rankings internacionales y usarlos como excusa para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de pluralismo y libertad de expresión.

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