Se está señalando la rehabilitación energética de la edificación como uno de los ámbitos en los que centrar gran parte de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al ser un sector donde esos recursos económicos pueden generar rápidamente efectos ambientales, sociales y económicos positivos. Esta visión no es nueva. Está presente en nuestro contexto desde hace dos décadas, probada con mayor o menor fortuna en muchas comunidades autónomas; y casi siempre limitada por las trabas administrativas y las dificultades que los propietarios de los inmuebles rehabilitados han venido encontrando para cobrar las ayudas públicas.
En el nuevo marco que el Gobierno propone como parte de dicho Plan de Recuperación, estas limitaciones se estarían teniendo en cuenta, buscando hacer atractiva la rehabilitación energética para las comunidades de vecinos.
Persiste, sin embargo, la pregunta de si los mecanismos de ayuda serán una opción realista para los enclaves que más lo necesitan (los barrios vulnerables), con menor poder adquisitivo que la media y conformados en su mayoría por un tejido urbano construido durante los años 60 y 70 que se caracteriza por un mal comportamiento energético, entre otras deficiencias.
En todo caso, la visión que se plantea desde el Plan de Recuperación es pertinente; quizás más que nunca en el momento presente de crisis que vivimos. Pero
no puede considerarse suficiente desde la perspectiva de un plan que pretenda dar lugar a una recuperación capaz de generar cambios sustantivos que nos hagan más resilientes como sociedad y que den lugar a una salida justa y ecológica de la crisis. Si se tiene esto en cuenta, un enfoque centrado sólo en las ayudas a la rehabilitación energética de los edificios deja fuera del
tablero de juego, ya de partida, las posibilidades que pudiera ofrecer una mirada más orientada a la ciudad en su sentido más amplio (físico, social, económico, cultural, etcétera). Se trataría de asumir una mirada más en línea con lo que está planteándose desde el
European Green Deal, una posición que propone
llevar el impulso de los fondos más allá de una 'fórmula verde' para la dinamización de la economía y asume un pensamiento renovado de las políticas públicas donde la cuestión social, la economía, la ecología y la democracia estén en íntima relación e interdependencia. Sería un punto de partida para una transición ecológica justa que, además, haga posible una dinamización de la economía que saque a Europa de la crisis, permitiéndola liderar el camino que el mundo está iniciando hacia la
descarbonización. Estas palabras podrían sonar a utopía si no fuera porque hoy ya tenemos el conocimiento, la experiencia y la tecnología que harían posible hacer dicha transición, desacoplando por fin el progreso de las externalidades negativas.
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En este contexto, mirar la ciudad constituye un marco de oportunidad, una arena desde donde poner en marcha actuaciones que, de manera interrelacionada, permitan avanzar en el cambio propuesto. Mirar el hecho urbano desde esta óptica permite abrir un camino para
gobernar la transición ecológica desde una mirada multi-escalar donde el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen que alinearse y coordinarse en torno a las acciones que concretarán esta visión a través de los fondos europeos.
La rehabilitación energética de los enclaves urbanos ofrece un campo de gran potencial para iniciar esta senda. Es importante recordar que los entes locales constituyen el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, y que
la concentración de actividad en las ciudades es responsable de entre el 60% y el 70% de las emisiones de efecto invernadero, y conlleva un porcentaje parecido del consumo total de energía. Es también por esto que constituyen los principales nodos desde donde necesariamente se tiene que llevar a cabo la transición ecológica desde una perspectiva territorial, basada en el entendimiento del lugar (
place-based) y que, por tanto, asigne un papel protagonista a las comunidades locales. Sin la implicación de estas últimas, es imposible que esa transición sea algún día una realidad. Como se señaló en la
Declaración Política de Durban de 2019,
la transformación que necesitamos será local o no será. La implicación de los habitantes de las ciudades con la transición ecológica, y en concreto con la reducción del consumo energético, tiene la capacidad de transformar hábitos de consumo, de compra, de movilidad, de generación de residuos, etc., por lo que su potencial transformador es muy alto.
Desde esta óptica,
la rehabilitación de la edificación residencial, y también de los edificios públicos,
debe venir acompañada de una acción más ambiciosa que entienda la oportunidad que las ciudades ofrecen como nodos con gran capacidad de reducir el uso de energías fósiles. En este sentido, es importante que esa rehabilitación energética
integre también iniciativas que potencien la digitalización de los edificios (una cuestión clave para que los usuarios gestionen su gasto de energía de manera más comprometida con la sostenibilidad medioambiental), se acompañe con
la descentralización de la producción de energía limpia (por ejemplo, favoreciendo la creación de comunidades energéticas en virtud de la utilización de energía fotovoltaica) y se complete con una labor de
concienciación y corresponsabilización de la población respecto a sus pautas de consumo de energía.
Además, es importante que este ámbito de actividad se mantenga permanentemente abierto a las aportaciones que puedan venir de la innovación social, acompañando e incentivando cambios de comportamiento hacia la transición ecológica que están siendo liderados por las comunidades locales, asociaciones y otros actores.
La 'inteligencia social' dará lugar a muchas respuestas relevantes a futuro. Por otra parte, esta acción centrada en los edificios y las comunidades locales tiene que venir
acompañada de una evolución del sector de la construcción hacia la neutralidad de carbono en los materiales y procesos que utiliza. Modernizar una industria tan importante en nuestro país desde este punto de vista es un factor clave para que pueda aportar el máximo valor a las actuaciones que emprenda en el ámbito de la rehabilitación energética.
Sin ánimo exhaustivo, es relevante señalar también otros ámbitos donde las ciudades europeas ya han desarrollado experiencia en relación a la reducción de su gasto energético. Uno clave es la movilidad, al que se le suman la gestión de residuos, la gestión del agua, o un ámbito con mucha capacidad de cambiar los patrones de comportamiento del sector privado: la contratación pública (las ciudades materializan en torno al 57% del gasto público en Europa, según Eurocities).
El momento es difícil y es normal que la ambición que se ha planteado desde el
European Green Deal pierda protagonismo ante la urgencia de los problemas que hay que afrontar, del drama social que evidencian las estadísticas. Sin embargo, también es verdad que se nos repite una y otra vez que los fondos del Plan de Recuperación los tendremos sólo en los próximos años y que, si no se utilizan bien, de manera estratégica, habremos perdido la oportunidad de sintonizar las políticas de nuestro país con las necesidades del presente, y de construir la capacidad que nos permita afrontar los cambios sociales y culturales, ambientales y económicos que ahora intuimos pero que no aún no somos capaces de conceptualizar.
La cuestión es que el Plan de Recuperación de España y los fondos que lo harán posible no tienen por qué renunciar a prepararnos para el futuro (por ejemplo, a alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, como ha establecido la Comisión Europea) al tiempo que aborden las cuestiones más urgentes (invierta más en ámbitos capaces de dinamizar la economía a corto plazo). Ambas visiones pueden ir de la mano. Es una oportunidad que lo que se proyecta para el corto plazo refuerce y sea sinérgico con cambios de mayor recorrido en el tiempo.
