Mejores políticas para la recogida de residuos urbanos

La radiografía de la gestión de residuos urbanos en España es particularmente negativa si se compara con los resultados de los modelos de otros países europeos. La Directiva Europea de Residuos de 2008, transpuesta a nivel estatal mediante la Ley de Residuos de 2011, fijó como objetivo alcanzar en 2020 el 50% de reutilización o reciclado de los residuos generados por los hogares. Sin embargo, tal y como alertó la Comisión Europea ya en 2018, cuando España se situaba a 15 puntos porcentuales de distancia de cumplir el objetivo y a la espera de la publicación de los datos del año pasado, todo apunta a que ha incumplido este objetivo. Esto desembocó en una denuncia de 16 asociaciones ante la Comisión Europea. Como muestra el Gráfico 1, mientras Alemania, Bélgica o Suiza se situaban alrededor de este objetivo ya desde 2005, España ha mostrado una clara mejoría desde la importante reforma del sistema que se introdujo a finales de los años 90, aunque la evolución ha sido inestable y no avanza a un ritmo suficiente para alcanzar las metas que la Directiva Europea de Envases de 2018 actualizó y que incluyen, entre otras, la ambición de situarse en el 55% en 2025 y en el 65% en 2035.
 

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Cabe destacar, como se puede observar en el Gráfico 2, que España no registra niveles de producción de residuos elevados para su nivel de renta. Sin embargo, al contrario de lo ocurrido con el consumo energético, no se ha logrado desacoplar la generación de residuos con el ciclo económico, que es una de las metas de la estrategia ambiental europea (Comisión Europea, 2010).
 
Uno de los principales problemas que destacan del diagnóstico para España es que aún hay una gran parte de residuos urbanos que se recogen mezclados; en buena medida, porque la recogida separada de la fracción orgánica no está lo suficientemente extendida, a pesar de que será obligatorio en toda la Unión Europea para el año 2024. En España sólo lo es en Cataluña desde 2010, lo que explica que sus tasas de recogida separada sean tan elevadas en comparación con el resto de comunidades autónomas. Junto a ella, únicamente Euskadi y Navarra muestran tasas cercanas al 40%, mientras que en el resto de territorios no se alcanza ni el 25%. Éstas son las regiones en las que, además de la recogida separada de la fracción orgánica, están más implantados los sistemas Pay as You Throw (Quien tira, paga; Payt), que establecen el pago variable de la tasa de basuras en función de la cantidad depositada o dependiendo de si se separan correctamente los residuos, o los modelos de Puerta a Puerta, que sustituyen los contenedores tradicionales por una recogida individualizada por hogares, facilitando el control de la calidad de la separación.
 
Los archipiélagos son los territorios que más residuos per capita generan, por el impacto estadístico del turismo, y regiones como Andalucía y Canarias, además de producir volúmenes elevados, apenas recogen separadamente el 13%. Es preocupante que, con la recuperación económica de 2014, los datos volvieran a empeorar. De hecho, entre 2016 y 2018 únicamente siete autonomías mejoraron sus datos de recogida separada. Es interesante ver cómo la apuesta decidida de las Islas Baleares por atajar el problema de los residuos la ha llevado a convertirse en la comunidad autónoma que más mejora en el periodo analizado; una tendencia que podría mantenerse si su nueva Ley autonómica de Residuos logra los resultados perseguidos.

Ante estos datos, hemos examinado las políticas de tres países descentralizados (Bélgica, Alemania y Suiza) para tratar de entender las claves de su éxito y estudiar cómo trasladarlo a España. Entre las medidas analizadas se encuentran los sistemas de recogida Puerta a Puerta, el Pay as You Throw, el reciclaje de las botellas de plástico PET en Suiza o el modelo alemán de Depósito y Retorno. La conclusión es que la solución pasa por mejorar el esquema de incentivos que opera sobre los actores involucrados en la cadena de residuos. El modelo español fía su éxito a la participación totalmente voluntaria y desinteresada de los ciudadanos. Ejemplos como el retroceso del Puerta a Puerta en Gipuzkoa muestra que la participación ciudadana es imprescindible para el éxito de las políticas de gestión de residuos. Sin embargo, el resto de actores de la cadena de residuos, como la distribución, debe involucrarse.



Entre las recomendaciones que pueden mejorar drásticamente los resultados del modelo de recogida de residuos se sitúan:

1. La mejora del sistema de información y control: las evaluaciones del sistema están limitadas por la falta de datos. Además del registro de residuos contemplado por el anteproyecto de Ley de Residuos en la que trabaja el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), debe establecerse un registro financiero que recoja todos los datos económicos del sistema, en aras de una mayor transparencia. El control de la Administración debe ser más estricto, sobre todo en los territorios que muestran un peor desempeño.
2. Introducción de medidas más decididas y eficaces para luchar contra la emergencia climática, que permitan alcanzar los objetivos comprometidos a nivel comunitario.
3. Apostar por reducir: la prevención de la generación de residuos ocupa la cúspide de la jerarquía fijada por la Directiva de 2008. Combinar los esfuerzos para la mejora de la gestión de residuos con medidas contra la obsolescencia programada, como la extensión de los periodos obligatorios de garantía para productos como los tecnológicos, fomentar la inversión en nuevos materiales y eco-diseño aprovechando los fondos NextGenEU. Elaborar un catálogo de envases admisibles que prohíba los innecesarios, como el envasado en plástico de verduras enteras o de las bolsitas de té.
4. Impulsar la recogida separada de la fracción orgánica mediante el Puerta a Puerta o a través del quinto contenedor, garantizando una baja tasa de impropios y el fomento del auto-compostaje.
5. Apoyar a las corporaciones locales para que modernicen sus sistemas de recogida y en su transición hacia esquemas Payt, que debieran ser obligatorios para 2025. Para entonces, todos los municipios deberían cobrar tasas variables en función de la cantidad de residuos generados y de si se separan adecuadamente. Éste es otro de los objetivos que están completamente alineados con la vocación de los fondos NextGenEU.
6. Por último, mejorar el sistema de incentivos financieros; para todos. El sistema debe contar con la participación de los ciudadanos, pero también con la del resto de actores de la cadena de residuos, como los distribuidores. Esto incluye la inclusión de la gran distribución en los sistemas Payt o la obligatoriedad de los sistemas de Depósito y Retorno en caso de incumplimiento de los objetivos ambientales, como ocurre en Países Bajos.

Aunque los ciudadanos están cada vez más sensibilizados con los problemas ambientales y declaran mayoritariamente separar sus residuos, tal y como muestran las encuestas sociológicas del Eurobarómetro o del Centro de Investigaciones Sociológicas, para asegurar que la transición hacia un modelo más sostenible de gestión de los mismos se produce de forma socialmente justa tendrían que combinarse las medidas propuestas con compensaciones a las familias de bajos ingresos; bien a través de las prestaciones del sistema de protección social, o bien ofreciendo bonificaciones en los esquemas Payt.