El pasado 10 de enero se publicó en España El triunfo de la injusticia (ed. Taurus), de los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman. El libro es parte de un renovado interés por la desigualdad, que alcanza niveles insólitos en Estados Unidos: el 1% de la población ingresa casi el doble que toda la población de clase trabajadora junta, un grupo 50 veces mayor en términos demográficos. Pese a esta tendencia, los autores muestran cómo el sistema fiscal es más injusto (menos progresivo) que nunca. A día de hoy, los 400 estadounidenses más ricos pagan menos impuestos que el 50% con los ingresos más bajos, y las grandes multinacionales logran registrar hasta un 60% de los beneficios en paraísos fiscales.
El mensaje ha calado con fuerza en la Administración Biden y ha supuesto una auténtica
revolución fiscal; un
cambio de paradigma. Por primera vez, una Administración norteamericana propone establecer un tipo mínimo global a corporaciones para acabar con los paraísos fiscales, pero la reforma va más allá: aumentará el impuesto de sociedades en siete puntos porcentuales y se está debatiendo subir los impuestos a las rentas más altas y a las ganancias del capital. El objetivo de la reforma es claro: financiar una modernización masiva de la infraestructura del país e invertir en I+D, con un foco en el cambio climático y la digitalización para salir de la crisis pandémica. Organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, poco sospechosas de compartir agenda fiscal con la izquierda radical, ven con buenos ojos estas propuestas y hasta piden en sus
informes que se amplíen las bases impositivas, más progresividad e impuestos al capital.
Madrid, ajeno al cambio de paradigma que avanza al otro lado del Atlántico, constituye hoy un claro ejemplo de injusticia inasumible para cualquier agenda socialdemócrata. Las competencias en materia fiscal de las que disponen las comunidades autónomas de Régimen Común se han traducido, en el caso de la Comunidad de Madrid, en una pérdida de recaudación muy significativa concentrada en las rentas altas. Concretamente, según un reciente estudio del
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la Comunidad de Madrid deja de ingresar 4.100 millones de euros anuales por las bonificaciones en el Impuesto de Patrimonio, el IRPF y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. De ellos, 996 millones, 500 millones y 2.663 millones, respectivamente. (Gráfico 1).
[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]
Estos beneficios fiscales se concentran muy notablemente entre los contribuyentes de mayor renta y riqueza. Según cálculos del Ivie,
los que tienen rentas superiores a 60.000 euros anuales son el 7% del total, pero acumulan el 42% de las minoraciones de cuotas en el IRPF. La máxima expresión de esta regresividad se manifiesta en el Impuesto de Patrimonio, siendo Madrid la única comunidad autónoma que lo bonifica al 100% de forma que, a pesar de concentrar una parte importante de los grandes patrimonios del país, su tipo efectivo es 0. En 2018, se bonificó un total de 900 millones de euros a 17.291 declarantes en el Impuesto de Patrimonio (el 0,2% de la población), que dejaron de contribuir con 52.359 euros de media a las arcas públicas. El patrimonio medio declarado de estos contribuyentes era de 9,5 millones de euros, y la base imponible media en el IRPF (los ingresos medios anuales declarados), de más de 500.000. Este paraíso fiscal en que se ha convertido Madrid reduce la efectividad de la recaudación e incrementa notablemente las desigualdades de riqueza entre las comunidades, tal y como muestran en un reciente
artículo Agrawal, Foremny y Martínez-Toledano.
La Comunidad de Madrid podría recaudar un 25% más que en la actualidad revirtiendo esta fiscalidad regresiva. Esto tendría un impacto muy significativo, especialmente entre las rentas medias y bajas, que son las que más se beneficiarían de unos servicios públicos robustos.
La pérdida de ingresos es superior a lo que la Madrid invierte en educación no universitaria al año (3.478 millones), o a la mitad del gasto anual en sanidad pública (8.389 millones de euros). La consecuencia es un modelo caracterizado por
la desigualdad: actualmente, el 20% de mayor renta tiene una renta 6,5 veces superior al 20% que menos renta tiene, la relación más alta entre las CC.AA. después de Asturias y claramente superior a la media nacional.
La Administración Biden ha leído bien el momento: es cuando el Estado tiene que asumir costes extraordinarios para salvaguardar el sistema público y privado cuando se debe pedir un mayor esfuerzo a quienes más tienen.
Madrid, la Comunidad con mayor desigualdad y menor inversión en servicios públicos 'per cápita' de toda España, no puede permitirse dejar intacta la fiscalidad. Ni desde el plano programático, porque es injusto, ni desde el práctico, porque implica renunciar a unos ingresos muy necesarios, sobre todo en un contexto de pandemia. El mensaje de cualquier agenda progresista debería ser inequívoco y contundente: Madrid no puede seguir siendo un paraíso fiscal.
