La noticia ha caído como un golpe y en medio de cantidad de titulares recientes: sobre el asesinato y vigilia por
Sarah Everard en Londres, la masacre de
mujeres asiáticas en Atlanta y el arresto de
Melek Ipek, que mató a tiros a su esposo agresor luchando por su vida y la de sus hijas en Antalya (Turquía). Turquía se ha retirado del que se conoce como el
Convenio de Estambul, el Convenio del Consejo de Europa contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Se trata de la única denuncia, a 10 años de su adopción, y se produjo el pasado 20 de marzo por decisión del presidente (
de efectos jurídicos cuestionables).
Si Turquía ha sido el
homónimo de los estándares más avanzados para combatir la violencia de género a nivel mundial, también es el Estado parte de uno de los casos clave emitidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la violación de los derechos humanos de las supervivientes de violencia de género, elevando involuntariamente los estándares por
su falta de protección sistemática y efectiva ante dicha violencia. El caso de
'Opuz contra Turquía' gravitó sobre la falta de protección de la Policía que resultó en el asesinato, por parte del esposo, de la madre de Nahide Opuz, víctima de violencia de pareja y que fue el primer caso en considerar la violencia de género como vulneración del derecho a la no discriminación por razón de género.
También debemos mencionar el reciente caso de
'N.Ç. contra Turquía', de re-victimización por parte de los tribunales en un caso de explotación sexual de una menor. El TEDH llama la atención a Turquía sobre cómo el tribunal de instancia permitió que la víctima se viera en la situación de tener que reconstruir físicamente las posturas sexuales enfrente de los múltiples acusados, y no la protegió ante sus amenazas y la humillación de uno de ellos, que le escupió en la cara durante el proceso.
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A pesar de su
lamentable historial internacional en materia de protección para las víctimas de violencia de género, evidenciado en estos casos y otros (aglutinados en el llamado
'Grupo Opuz'), las autoridades turcas han indicado que su normativa nacional
es suficiente para responder eficazmente a tales casos. Desafortunadamente, sabemos que esto no es así: ni en Turquía ni en ninguna parte del mundo.
Es cierto que en Turquía se han logrado avances importantes dentro de los sistemas de protección social y Justicia penal para mejorar el alcance y la calidad de los servicios prestados a supervivientes de violencia de género, regular las órdenes de protección y proteger a las víctimas en el proceso penal. El Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales ha creado refugios y servicios integrales para sobrevivientes, se han mejorado los protocolos de evaluación de riesgos y el personal funcionario de apoyo judicial ha ampliado su mandato para garantizar la protección de las víctimas de la violencia en los tribunales. Sin embargo,
permanecen los prejuicios de género que afectan al acceso a la Justicia de las mujeres y que, en una sociedad profundamente sexista, supone la reproducción de esta violencia de género por parte del propio sistema (
'estereotipación' de género).
La retirada socava estos esfuerzos incipientes. Se requiere una voluntad política al más alto nivel nacional no sólo para garantizar la implementación de la ley en la práctica, sino también para liderar los cambios en las actitudes, fundamentales para evitar que los actores llamados a proteger a las supervivientes las retraumaticen, como sucedió en los casos citados más arriba.
La ironía de la retirada de Turquía de la Convención que lleva su
nombre no pasa desapercibida para quienes trabajamos para mejorar estos sistemas, ni para quienes se encuentran formulando las políticas públicas al más alto nivel.
Turquía se une, así, a la triste lista de países que trabaja por la retirada del Convenio de Estambul, que consideran que los conceptos de 'género' son una promoción de la homosexualidad y la desaparición de la familia tradicional, siguiendo una agenda claramente marcada por organizaciones y argumentación anti-derechos,
con fuertes tentáculos en España.
Una vez más, se comprueba cómo
los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género son constante arma arrojadiza en el campo de la batalla política.
Desafortunadamente conocemos la implicación que tiene dicha instrumentalización, y permanecemos vigilantes ante posibles retrocesos en los países del Consejo de Europa porque, lamentablemente, lo que está en juego son las vidas y los derechos de las mujeres.
