La conmemoración del Día de Andalucía siempre propicia un cierto análisis sobre dónde estábamos antes de aquel 1980 y dónde 41 años después. Ese balance se realiza generalmente con comparaciones entre datos económicos, sociales, educativos o, incluso, sobre infraestructuras. Pero raramente sobre la evolución y la calidad de las instituciones de autogobierno o sobre la satisfacción de los ciudadanos con su funcionamiento.
El prestigio de las instituciones se presenta como un criterio complicado de medir. Las instituciones ganan y pierden prestigio y relevancia por muy variadas razones. En este sentido, el Parlamento de Andalucía había esquivado la irrelevancia ante la opinión pública que habían sufrido otros parlamentos autonómicos. Aunque parezca anecdótico, ante las puertas de nuestro Parlamento casi todos los días se congregaban grupos de ciudadanos revindicando y exigiendo soluciones a problemas distintos, lo que se podía reconocer como una prueba evidente de que la institución contaba y se le reconocía capacidad para tomar decisiones. Desde entonces se ha asistido a un debilitamiento del papel de todas las instituciones parlamentarias y, a día de hoy, entre la pandemia y la falta de interés de los barómetros del nuevo Centro de Estudios Andaluces se desconoce la importancia que conceden los ciudadanos andaluces a su Parlamento.
Quizás se puede aventurar que una de las constantes para la aceptación de este Parlamento haya sido su representatividad; la pluralidad de voces y posiciones que se ha verificado en su composición y reflejado en sus debates. No ha sido la única y, por supuesto, como todo en un modelo democrático resulta mejorable. Pero sóí es cierto que, con más o menos resistencia de las mayorías, tanto las minorías parlamentarias como el mensaje que transmitían se respetaban. La disciplina de partido hacía que en bastantes ocasiones el resultado final del acuerdo parlamentario fuese rutinariamente predecible; de ahí la importancia que adquirió en nuestro Parlamento, como en otros, el debate de los asuntos y su reflejo en los medios de comunicación. La garantía de la existencia del debate y, dentro del mismo, la protección de todos los discursos se ha ido convirtiendo en una pieza clave para el reconocimiento del valor de nuestra institución parlamentaria.
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La garantía del espacio a las minorías, si se repasa nuestra historia parlamentaria, permitió que ante la desaparición de la UCD y el desmembramiento del PCE se facilitase la situación de los diputados que quedaban huérfanos, en tierra de nadie; permitió que se solucionase, en octubre de 1986, el problema temporal de la ruptura y de la reconstrucción de la Coalición Popular: o que, ante los continuos vaivenes de los andalucistas, ninguna de sus voces desapareciera de la vida parlamentaria. Ello se consiguió (aunque algunos de sus protagonistas lo negaran) gracias a que los órganos de dirección de la Cámara no tomaron partido frente a una de las partes y a que el Grupo Mixto funcionaba como un espacio de refugio. Porque sí, nuestro Parlamento los es de grupos parlamentarios y cada vez menos de diputados individuales, lo que a los ojos de los votantes no supone un problema y para el funcionamiento de cualquier cámara legislativa ha supuesto una bendición. El debate sobre hasta dónde puede llegar el poder de los grupos y el reforzamiento del papel de los diputados como representantes singulares del cuerpo electoral seguirá siempre presente y no debiera silenciarse. Aun así, la realidad es la que es.
Esa filosofía de un Parlamento de grupos como medida para garantizar la pluralidad se quebró en 2003, sin mucha explicación. El contexto de las experiencias de otras cámaras autonómicas, el transfuguismo dentro de unas entidades municipales enfermas de desarrollo inmobiliario que comenzaba a cansar, o el hecho abusivo de que en esa Legislatura se hubiese creado el Grupo Mixto al año de las elecciones (integrado inicialmente por un solo diputado) constituyeron, quizás, razones suficientes para la inclusión de la figura del 'diputado no adscrito' en el Reglamento. Para entendernos, se considera no adscrito al diputado que no se integra en el grupo que formen los parlamentarios elegidos en las listas de la fuerza electoral con la que concurrió a las elecciones, o que durante la legislatura abandone su grupo. Se trata de una figura diseñada para problemas aislados, menores y, a veces, temporales, pues incluso se deja abierta la posibilidad de regreso del díscolo al seno del grupo en el que no entró o abandonó.
De hecho, la reforma ha provocado que, desde la legislatura 2000-2004, no se haya formado el Grupo Mixto y que tampoco se estrenase la figura del diputado no adscrito. Hasta ahora, la no entrada en tu grupo natural o la salida recibía un castigo de tal naturaleza que relativizaba los problemas de conciencia de los diputados disconformes. La primera parlamentaria que ha sido reconocida como no adscrita fue la diputada María Carmen Prieto Bonilla en 2017 y, posteriormente, la conocida Luz Belinda Rodríguez Fernández en la actual Legislatura. La aplicación de la norma en estos casos respeta sus objetivos. Pero, con posterioridad, se ha aplicado la misma solución a lo que claramente supone una crisis con fractura dentro del cuarto grupo parlamentario de la Cámara. En otro contexto, la situación se hubiese arreglado a través del respeto de la neutralidad política por parte de los órganos de la Cámara y la apertura del Grupo Mixto; o bien, como en el pasado, buscando una solución ad hoc, aunque con ello se bordease la legalidad.
En cambio, la Mesa ha tomado una decisión que ha roto su neutralidad política y ha perjudicado a una minoría identificable. En este caso, se ha aplicado una solución estándar para una situación cuya resolución requería una respuesta respetuosa con la filosofía de un Parlamento de grupos parlamentarios basado en la pluralidad. Sin embargo, no contentos con el problema creado, se pretende consolidar en el tiempo. Así, se ha comenzado la tramitación de una reforma del Reglamento de la Cámara que tiene, desde mi perspectiva, como su peor consecuencia la de privar a los parlamentarios del derecho a constituir un grupo parlamentario y de ejercer la libertad de adscribirse a uno, cediendo ese poder a una extraña figura denominada representante legal del sujeto político que presentó la candidatura.
No se puede pronosticar cuál será el resultado final de la iniciativa una vez se produzca su tramitación. Si nos atenemos a la hipótesis de lo predecible conforme a la disciplina de partido, y tratándose de una proposición avalada por todos los grupos menos el de Vox y los diputados no adscritos, parece que el resultado está prefigurado. De nuevo, se está tratando de solventar un problema puntual a través de una regulación general con inquietantes expectativas para el futuro del parlamentarismo andaluz. Si se aprueba, el Parlamento cedería gran parte de su autonomía decisoria en favor de entes externos indeterminados (partidos, coaliciones de partidos, federaciones), con órganos que podrían decidir desde fuera del Parlamento y hasta de Andalucía, y renunciaría a que sus órganos continúen siendo los garantes del pluralismo político y de las minorías.
Una vez se apruebe la reforma, las minorías quedarán más desprotegidas; una certeza que deben tener presentes los miembros de los grupos que hoy son sus proponentes y en el futuro pueden ser víctimas de su aplicación.
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