La fiscalidad ambiental, y más específicamente la fiscalidad sobre la contaminación causada por la energía, es absolutamente insuficiente. No internaliza ni una fracción de los daños que causa. Hay media docena de países europeos con una fiscalidad energética razonable, pero la mayoría tiene minúsculos impuestos a la contaminación. Incluso hay actividades con tributación nula como la aviación comercial, el tráfico marítimo o el carbón.
El consumo mundial de energía y sus emisiones de CO2 equivalente (CO2e) no dejan de subir año tras año, con el paréntesis provocado por la Covid-19. Y ello a pesar de los convenios internacionales para reducir emisiones, como el Acuerdo de París.
La mitad de las emisiones anuales es retirada por los sumideros naturales (océanos, meteorización de las rocas y fotosíntesis). Pero la otra mitad se acumula en la atmósfera y atrapa calor, el llamado efecto invernadero.
Si queremos preservar unas condiciones planetarias que sean compatibles con una sociedad humana organizada, deberemos reducir a cero esas emisiones antes de 2050. Conocemos la solución: descarbonizar la economía. Pero, ¿cómo llevarlo a cabo? Las tecnologías sin emisiones (eficiencia energética, electricidad renovable, transporte eléctrico y calefacción eléctrica por bomba de calor, principalmente) son mucho más eficientes y competitivas que las convencionales, por lo que la sustitución de éstas por aquéllas está garantizada. Ya son más baratas en uso, y esa diferencia aumentará porque las tecnologías convencionales sólo pueden encarecerse, mientras que las limpias seguirán abaratándose con su fabricación masiva y curva de aprendizaje.
[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]
Pero eso no está ocurriendo al ritmo necesario, por la larga vida de las tecnologías existentes y los intereses billonarios de las empresas y países exportadores de hidrocarburos.
Por todo ello, el resto del mundo debe dotarse de medidas legislativas transversales que aceleren la transición. Por un lado, con medidas restrictivas, como calendarios de cierre de tecnologías muy contaminantes (carbón) y prohibición de instalación de nuevas plantas; y, por otro, con medidas legislativas que internalicen los daños que producen la contaminación ambiental y climática: impuestos al CO2e.
Algunos datos
Para ver la magnitud del problema, veamos este documento de la OCDE titulado 'Taxing Energy Use 2019', que analiza la fiscalidad ambiental de 44 países pertenecientes a este organismo y del G-20, representativos de más del 80% de las emisiones globales.
El gráfico 1 muestra el tipo impositivo promedio en euros por tonelada de CO2 y país. A la izquierda, sobre las emisiones del transporte rodado, y a la derecha, para el resto de emisiones de origen energético. Las conclusiones son aplastantes:
1.- En la izquierda, el dato de España, de unos 150 /ton CO2 para los hidrocarburos de movilidad, pudiera parecer elevado, pero el Impuesto de Hidrocarburos, unos 14.000 millones de euros anuales, apenas da para hacer frente a la externalidad más inmediata: la conservación y mantenimiento de las carreteras (13.000 millones). Imaginemos pues, lo que supone esa fiscalidad para los países que se encuentran por debajo de España, entre los que destacan India, Canadá, China, EE.UU., Rusia, Indonesia, Brasil: su fiscalidad sobre los carburantes no cubre ni siquiera una fracción de la conservación de carreteras; y, por supuesto, nada de los daños que causan a la salud y al clima.
2.- Pero es que en el resto de consumos energéticos, que a nivel global suponen más del 80% de las emisiones, la situación es mucho peor. La línea de trazos marca 30/tonCO2, que no es más que la referencia del Emissions Trading System de la UE. Para compensar todas las externalidades, esa fiscalidad tendría que ser superior a 200 /tonCO2e: ningún país internaliza los daños que produce su adicción a los combustibles fósiles.
3.- Los países más avanzados, industrializados y descarbonizados tienen la fiscalidad ambiental más elevada, con la excepción de Estados Unidos.
4.- Los países exportadores de hidrocarburos y materias primas tienen la fiscalidad más baja.
5.-Los cuatro países más contaminantes, responsables del 55% de todas las emisiones, están en este último grupo. Son China (28%), EE.UU. (15%), India (7%) y Rusia (5%).
6.- El transporte marítimo y aéreo (responsables, conjuntamente, del 5% de las emisiones globales) simplemente no tienen fiscalidad ambiental.
7.- La de la UE merece una profunda revisión y armonización.
8.- La Unión, junto con Reino Unido, Suiza, Noruega y otros países europeos, deberían aplicar aranceles a las importaciones de productos manufacturados en países sin apenas fiscalidad ambiental; y gravar, con un impuesto al queroseno, los combustibles marinos y todos los aviones y barcos que carguen o descarguen en aeropuertos y puertos europeos.
9.- España tiene un amplio margen de mejora; basta con que se acerque a la media europea.
El siguiente gráfico analiza la fiscalidad por tipo de combustible y actividad en términos homogéneos, es decir, en /GJ, consistentes con las emisiones por tonelada de CO2 (esa unidad no computa las emisiones de SO2, NOx, PM y otros contaminantes químicos, pero es un indicador suficiente).
Las conclusiones son igual de evidentes:
1.- Hay combustibles que contaminan mucho y no internalizan el daño que causan: destaca el carbón, pero también los combustibles de aviación y tráfico marítimo, y los gases fósiles. Habrá que gravar el carbón, aprobar calendarios de cierre para las instalaciones existentes y no autorizar plantas nuevas. Esto será difícil en China o India. Pero hay que conseguirlo en la UE, donde muchos países del este y Alemania queman demasiado carbón.
2.- Es absurdo que la fiscalidad del gasóleo esté por debajo de la de la gasolina, pues emite casi el mismo CO2, pero mucho más NOx y partículas PM, causantes de una elevada mortalidad y morbilidad en las ciudades. España debería igualar esa fiscalidad (unos 20 céntimos/kg) en un plazo no superior a cuatro años.
3.- Es todavía más absurdo que gases fósiles como el GLP (butano/propano) y GNL/ GNC (gas natural licuado o comprimido) no paguen por la contaminación que producen; y aún más que se subvencione su uso en movilidad, compitiendo con la gasolina o el gasóleo, cuando sus emisiones en ciclo de vida son similares en CO2e/km, al considerar las fugas de metano. Además, no existen infraestructuras de carga, por lo que habría que gastar ingentes sumas en unas infraestructuras destinadas a quedar varadas (stranded assets) en un par de décadas. España debería igualar la fiscalidad de los gases fósiles con la gasolina, escalonadamente, en un plazo no superior a ocho años.
4.- Si se desea fomentar la transición, hay que reducir o eliminar la fiscalidad a la generación de electricidad sin emisiones.
'Chalecos amarillos'
Ya se ve que la mayor parte de las medidas propuestas afectan más a las familias de rentas medias y bajas que a las familias acomodadas. Es por ello que habría que adoptar medidas progresivas para evitar el rechazo popular, por lo que se proponen medidas como la reducción de la tributación de la electricidad sin emisiones. Pero lo realmente efectivo sería la adopción del sistema, también conocido como renta climática, que ya expliqué en este artículo y resumí recientemente en este audio-análisis: básicamente, incrementar la fiscalidad de la contaminación y devolver lo recaudado a los ciudadanos, a todos igual, por tarifa plana.
Modificar la fiscalidad ambiental en el mundo será una tarea titánica. Pero la inacción, dejarlo todo como está, no es una opción. Los ciudadanos de la Unión Europea debemos apoyar y presionar a los estados miembros y a la Unión para que actualicen al alza los impuestos a la contaminación por CO2 y otros contaminantes químicos; e intentar aprobar legislaciones como la propuesta de cargo al carbono con devolución, protegiendo su competitividad con aranceles climáticos. Los estados miembros, como España, debieran realizar ajustes en su fiscalidad, lo más ambiciosos posibles, igualando como mínimo los impuestos a todos los hidrocarburos en proporción a sus emisiones totales medidas del pozo a la rueda, en gramos de CO2e/km; y apoyar las iniciativas de la UE.
¿Hay esperanza?Un sistema como el descrito ya se aplica en Suiza y, parcialmente, en Canadá. China está implantando un sistema parecido al ETS europeo. Miles de economistas y políticos de ambos partidos en EE.UU. llevan años analizando el 'Carbon Fee & Dividend', y con la nueva Administración hay una posibilidad. Una docena de países de la UE y Reino Unido conocen el sistema; no están tan lejos. Un acuerdo de estos tres bloques (Europa, América del Norte y China) no tendría que ser imposible. Implicaría al 75% del PIB y el comercio mundiales, al 60% de las emisiones globales; y los demás países acabarían por aprobar sistemas similares. Hay esperanza.
