La fecha del 10 de febrero de 2021 marca un momento crucial para la libertad de prensa en Polonia. Ese día, el país amaneció con
un 'blackout' en los medios de comunicación. Durante toda la jornada en la gran mayoría de los medios solamente se podía oír o leer una carta de
protesta contra la nueva propuesta legislativa del Gobierno polaco de introducir un impuesto sobre la publicidad pagada. Se trata, concretamente, de un tributo sobre los ingresos que la prensa, la radio, la televisión y los portales reciben por esa publicidad, tanto tradicional como digital. Las tasas de este nuevo impuesto oscilan entre el 2% y el 15% sobre los ingresos anuales.
El argumento principal del Gobierno para explicar esta injerencia es la pandemia de Covid-19 y los gastos de la lucha contra el coronavirus en el sistema de salud pública. La mayoría de los 800 millones de
z?oty (unos 180 millones de euros) estimados que va a generar este nuevo impuesto en 2022 se destinaría al Fondo Nacional de Salud, que financia el funcionamiento de la sanidad polaca. Otro motivo, muy claramente indicado por el Ejecutivo, es terminar con la evasión fiscal de parte de las grandes empresas tecnológicas. En este sentido,
el Gobierno alega que las 'BigTech' no pagan impuestos en Polonia, por lo que es necesario aplicar una serie de instrumentos tributarios (
digital economy tax).Sin embargo, y en clara contradicción con lo anterior, los mismos autores del proyecto estiman que estas empresas sólo pagarían, el año que viene, entre 50 y 100 millones de
zloty (unos 11-22 millones de euros), mientras el resto lo aportarían los medios privados polacos, desde los pequeños portales independientes hasta las grandes emisoras de televisión.
Las consultas públicas de este proyecto de ley, según ha anunciado el Poder Ejecutivo, durarán hasta el 16 de febrero de 2021, lo que tampoco dice mucho en favor de la calidad de los actuales procesos democráticos de toma de decisiones en el país.
El Gobierno polaco alega que leyes muy parecidas ya han sido aprobadas en muchos países europeos (entre ellos, Francia, Austria, Grecia y Hungría) y que se trata, en realidad, de una tendencia inevitable para la regulación de este mercado. Sin negar la necesidad de mejorar el sistema fiscal para las grandes empresas tecnológicas, vale la pena enfatizar que estamos, de nuevo, ante ese tipo de demagogia de los políticos iliberales polacos al que la sociedad ya se ha acostumbrado. A lo largo de todas las
reformas controvertidas de los últimos años, incluyendo el asalto al Poder Judicial,
se ha repetido este argumento comparativo de una manera superficial, claramente selectiva y fuera de contexto.
[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]
Y el contexto de esta propuesta legislativa es muy claro y alarmante:
según el 2020 Freedom of Press Index, Polonia se encuentra en el puesto 62º de entre los 180 países sometidos a evaluación. Durante los últimos cinco años, desde la toma de poder por parte del partido Ley y Justicia y el comienzo del desmantelamiento del equilibrio constitucional, el país ha caído 44 posiciones, desde el puesto 18º en 2015. El líder del mencionado partido, Jarosław Kaczyński, ha declarado de forma meridiana cuál es su
idée fixe. En una
entrevista en enero de 2021, dijo que el interés nacional exige "tener nuestros propios medios de comunicación. Los medios no polacos tienen que ser una excepción en nuestro país, una excepción muy rara". Obviamente, es él mismo quien decide qué es y qué no es lo polaco, identificando completamente el interés nacional con el de su partido político.
Una de las primeras decisiones tras su llegada al poder, en 2015, fue el secuestro político de los medios públicos. Mediante una serie de rápidos cambios legislativos, se destituyó a las autoridades de la radio y la televisión públicas pese al requisito de periodicidad de sus mandatos y se acudió a una nueva institución que marginó la función sistémica del órgano constitucional (Consejo Nacional de Radio y Televisión), responsable de la vigilancia por la libertad de expresión, el derecho a la información y el interés público en los medios de comunicación.
Así las cosas, es posible afirmar que, actualmente,
los medios públicos en Polonia están políticamente colonizados y se han convertido en plataforma de propaganda política que recuerda los peores tiempos del comunismo. En las elecciones, los medios públicos tampoco temen apoyar abiertamente a ciertos candidatos, con una falta de imparcialidad y de profesionalidad sobre la que ya ha llamado la atención la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (Osce) en su
informe sobre las elecciones presidenciales, en verano de 2020.
Lo anterior no sólo es una forma de clientelismo que socava el funcionamiento eficiente del Estado, sino también un ejemplo palmario de corrupción, en virtud de la cual se otorgan recursos públicos a cambio de lealtades partidistas. Basta mencionar que los medios públicos, sólo en 2020, recibieron casi 2.000 millones de
zloty (225 millones de euros) del Presupuesto del Estado, y ello a pesar de la existencia de un sistema de financiación de los medios públicos a través de un impuesto especial, que obliga a todos los ciudadanos a contribuir mensualmente.
Al mismo tiempo, los medios privados están sometidos a una presión política muy fuerte para que no ejerzan un control adecuado del Poder Ejecutivo. Los instrumentos más útiles de que se sirven los iliberales son los económicos.
La publicidad de las empresas controladas por el Estado se ha redirigido casi exclusivamente hacia los medios de comunicación controlados y apoyados por el Gobierno. En diciembre de 2020, la empresa petrolera estatal, PKN Orlen,
anunció que iba a adquirir Polska Press, propietaria a su vez de una veintena de diarios locales y regionales, casi 120 revistas semanales y unos 500 sitios web. Ya es su segunda adquisición de este tipo, puesto que esta misma petrolera compró, en 2019, la empresa Ruch, encargada de distribuir la prensa en los quioscos. Se desprende de ello con facilidad cómo el libre mercado y el control estatal sobre una empresa con poder adquisitivo pueden ser un instrumento muy eficaz de control político.
La introducción del nuevo impuesto para los medios polacos probablemente significará lo mismo que para sus homólogos húngaros.
El Gobierno de Hungría, precursor del cambio iliberal y populista en Europa Central, acaba de silenciar la última emisora de radio independiente. El asalto político a los medios de comunicación en este país ha supuesto que, actualmente, el
90% de los medios de comunicación de este país esté bajo control directo o indirecto del Ejecutivo. Allí también se ha introducido un impuesto sobre la publicidad para obligar a las
BigTech a una mayor contribución fiscal. No obstante, en una causa promovida por Google, el Tribunal de Justicia de la UE
ya cuestionó, en marzo de 2020, el régimen sancionador de la normativa húngara relacionado con este impuesto.
Los iliberales polacos están haciendo todo lo que está en sus manos para perpetuarse. Ya tienen a su disposición muchos órganos constitucionales, hace poco independientes. Lo que les falta para un control total son los medios privados independientes. Si consiguen someterlos, las pantallas negras que hemos visto estos días van a convertirse en una realidad permanente en Polonia.
