En la transición energética que se avecina, los movimientos locales de protesta contra la extracción, transporte y quema de carbón, petróleo y gas tienen ciertamente un papel. Por ejemplo, los hay contra la minería de carbón y también por la contaminación de centrales térmicas. Hace ya 25 años se oyeron por primera vez los eslóganes
Leave oil in the soil, leave coal in the hole. Sin embargo,
las energías alternativas (la hidroeléctrica, la nuclear e incluso la energía eólica y fotovoltaica) suscitan también oposición local, por diversos motivos. Y lo mismo cabe decir de la minería de metales que harán falta para las baterías que almacenen energía eléctrica; aquí, las protestas son preventivas, como por ejemplo en
Cáceres (España, por la extracción de litio) o por reparación de daños a la salud humana y al ambiente natural como en Bouazar, Marruecos (cobalto), donde 1.200 mineros trabajan en una empresa estatal en pésimas condiciones y sin garantías contra derrumbes.
En 2013, en un proyecto llamado Ejolt (anterior al actual
EnvJustice) se publicó un informe colectivo sobre la
yasunización y
ogonización en Ecuador y en Nigeria, así como otras iniciativas que ya propugnaban dejar los combustibles fósiles bajo tierra. En un nuevo artículo colectivo de ecología política comparada basado en el
EJAtlas, avanzamos muchísimo en esta investigación. Hemos llevado a cabo un
mapeo y recuento sistemático de 649 movimientos de resistencia hacia proyectos de combustibles fósiles (FF) y de energía baja en carbono (LCE,
low carbon energy), proporcionando la visión más completa hasta la fecha de dichas movilizaciones relacionadas con la energía. No analizamos todavía en este artículo el tema de los metales
viejos o
nuevos (cobre, níquel, litio, cobalto) de la transición eléctrica, ni tampoco los conflictos que puedan nacer de la
economía del hidrógeno.
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Lo que se puede concluir de esa amplia muestra de 649 casos de oposición local es que:
- Los movimientos de resistencia en lugares concretos están logrando frenar proyectos de energía de combustibles fósiles, así como los bajos en carbono como hidroeléctricas, nucleares y energía eólica. Más de una cuarta parte de los proyectos que tropiezan con resistencia social ha sido cancelado, suspendido o retrasado.
- La evidencia indica que los proyectos de energía renovable y de mitigación son tan conflictivos como los proyectos de FF, y que ambos afectan desproporcionadamente a grupos vulnerables como son las comunidades rurales y los pueblos indígenas. Entre los proyectos de LCE, se ha podido constatar que la energía hidroeléctrica es la que despierta el mayor número de conflictos por los daños sociales y ambientales.
- La represión y la violencia contra manifestantes y defensores de la tierra está presente en casi todas estas actividades, y consta el asesinato de activistas en un 10% de todos los casos analizados. La violencia es particularmente común en la energía hidroeléctrica, la extracción de biomasa (en plantaciones), los oleoductos y la extracción de carbón. Las energías eólica y solar son menos conflictivas e implicaron menores niveles de represión que otros proyectos.
Los resultados señalan, pues, que la
descarbonización de la economía no es, en absoluto, intrínsecamente inocua o socialmente inclusiva.
En la oposición a los FF (combustibles fósiles), muchas veces a los argumentos locales se añaden consideraciones sobre el cambio climático. Dejar los FF en tierra evita eventualmente emisiones de dióxido de carbono. Así pues, esos conflictos no son puramente casos
Nimby (
Not In My Back Yard). Pero no siempre las protestas contra los daños potenciales o reales de instalaciones energéticas (tanto FF como LCE) añaden, a favor o en contra, argumentos globales sobre el cambio climático; a menudo, hay suficientes motivos locales de protesta. Pero tampoco son
Nimbys porque se forman alianzas dentro de los países y también internacionales entre los movimientos contra la hidroelectricidad, la energía nuclear e incluso la energía eólica. Encontramos que los conflictos y la acción colectiva están impulsados por múltiples preocupaciones comunes a través de las cuales
la movilización busca remodelar el régimen energético y sus impactos. Éstos incluyen reclamaciones de cambio de localización, participación democrática, cadenas energéticas más cortas, anti-racismo, gobernanza centrada en la justicia climática y liderazgo indígena. Los responsables de la formulación de políticas climáticas y energéticas deben prestar mucha más atención a las demandas y preferencias de estos movimientos colectivos, que apuntan a vías transformadoras hacia la
descarbonización.
