¿Necesita América Latina más armas?

La simplicidad de esta explicación lineal la hace extremadamente persuasiva, pues sigue la misma lógica de muchas otras ideas: si los trabajos escasean, la solución es limitar la inmigración; si la inflación aumenta, es necesario controlar los precios. Sin embargo, la complejidad de los fenómenos sociales casi siempre se opone a la sencillez de esos argumentos.

¿Existe evidencia de que el acceso a las armas puede mejorar los niveles de seguridad? El debate suele darse en términos pasionales entre aquellos que se oponen radicalmente al acceso a las armas y quienes lo consideran un derecho natural. El diálogo entre estos dos grupos es prácticamente inexistente. En este breve análisis se resumen los datos existentes sobre la disponibilidad de armas en la región y la evidencia disponible sobre los efectos de éstas en los niveles de violencia.

¿Cuántas armas hay en América Latina y el Caribe?

A pesar de los escasos datos sobre la posesión de armas en el mundo, el esfuerzo de Small Arms Survey (una ONG basada en Suiza que los obtiene de registros federales, encuestas, expertos y otros recursos) posibilita un punto de partida para la comparación entre países.

Según los datos más recientes, en América Latina y el Caribe circulan un total de 61.900.300 armas de fuego en manos de civiles, o 9,6 por cada 100 habitantes. ¿Cómo se compara este valor con el de otras partes del mundo? La región se ubica algo por debajo de la media global (11,4%), pero por encima del promedio mundial si se excluye a Estados Unidos (6,45%). Esto es así porque EE.UU. es el único país con más armas en posesión de civiles que personas, con 120 cada 100 habitantes, muy por encima de cualquier otro país.

Pero claro, estos valores a nivel regional esconden amplias heterogeneidades intra-regionales. El país con más armas por habitante es Uruguay, con 34,7 armas por cada 100 habitantes; pero es, sin duda, un outlier regional seguido por países más populosos como Venezuela (18,5 armas por cada 100 habitantes), Honduras (14,1) y México (12,9). En el otro extremo, Ecuador (2,4) y Cuba (2,1). Brasil, el gigante regional, tiene una tasa de 8,3 armas y Argentina, de 7,4.
 

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Pero de ese total de armas en circulación, una buena parte no están registradas. Aunque no es posible calcular el porcentaje para toda la región, casi todos los países se ubican por encima del 40% y algunos superan el 90%, como Haití y Bolivia. La disponibilidad de armas no registradas constituye enorme peligro en términos de seguridad y un gran recurso para los mercados criminales.
 
A diferencia de otros mercados ilegales, el mercado de armas tiene una peculiaridad: casi la totalidad de las armas que son parte de los mercados delictivos pertenecieron alguna vez al mercado formal. Son varias las formas en que se produce ese desvío. Por un lado, mediante ventas o robos; por otro, es común que las armas de las fuerzas policiales (ver datos aquí) y militares (aquí) acaben en el mercado ilegal, tanto de manera intencionada como mediante robos a arsenales y armerías.

Existe un fuerte consenso sobre que la disponibilidad de armas es uno de los principales factores que explican los altos niveles de violencia de América Latina y el Caribe. En el mundo, aproximadamente el 35% de los homicidios se comete con armas de fuego, mientras que en la región el porcentaje asciende a un 63%, como reporta el Instituto Igarapé. Gran parte de ellas son robadas, dándose casos como el de El Salvador, donde se denuncia la sustracción de cuatro cada día.



De este modo, pensar que armar a la población es una medida para aumentar la seguridad es como mínimo cortoplacista, pues la evidencia demuestra que, tarde o temprano, muchas de ellas terminan en manos de la criminalidad con más poder de fuego. La idea de proveer de armas a los ciudadanos decentes, además de la dificultad para determinar quiénes son, ignora profundamente la dinámica de su circulación.

Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué nos dice la evidencia existente sobre la relación entre disponibilidad de armas de fuego y niveles de violencia? Al fin y al cabo, si sirven para proteger a los ciudadanos, puede asumirse el riesgo de que acaben en el mercado ilegal.
 
La relación entre los países con mayor disponibilidad de armas en manos de civiles y los niveles de homicidios tiende a ser positiva. En el caso de América Latina, si se exceptúa a Uruguay, la correlación es muy clara. A medida que descendemos del análisis por país a unidades territoriales más pequeñas, la relación es aún más evidente. Por supuesto, esta simple correlación no implica necesariamente causalidad. Podría ser que los países con más armas tienen otras características que los hacen más violentos, o que son justamente los niveles de violencia los que llevan a la gente a armarse, y no viceversa.

Sin embargo, la literatura empírica, aunque incipiente para los países en desarrollo, muestra un efecto claro de la disponibilidad de armas en los niveles de violencia letal. Por ejemplo, diversos estudios de la escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard prueban que, incluso controlando por variables socio-económicas y por otro tipo de delitos menos violentos, los lugares con más armas de fuego tienden a sufrir más muertes por este medio. Y no se trata sólo de más homicidios, sino también de mayor número de suicidios e, incluso, de violencia contra la policía. En Brasil, algunas investigaciones sostienen que un aumento de un 1% en las armas en circulación está relacionado con un incremento del 2 % en las tasas de homicidio.

¿A qué se debe esta relación? La premisa típica de quienes abogan por una mayor acceso a las armas es que éstas pueden cortar de cuajo una situación violenta; ante una situación potencialmente peligrosa, puedo mostrar mi arma para causar temor y, consecuentemente, terminar de raíz con el riesgo potencial. La evidencia, sin embargo, nos dice que las armas tienen el efecto contrario: la violencia aumenta y situaciones potencialmente peligrosas, pero no letales, se transforman en mortíferas. Se trata no sólo de robos, sino también de suicidios y riñas que, sin la disponibilidad de armas, tendrían desenlaces letales con mucha menor frecuencia.

Entonces, ¿qué hacer?

En suma, parece evidente que la región no necesita más armas para garantizar su seguridad. De hecho, la evidencia sugiere que reducir la disponibilidad de armas es una de las principales medidas para reducir los niveles de violencia en la región. Una política de control de armas y desarme debe tener como principio general su no proliferación en manos de civiles y basarse en al menos tres pilares: políticas más restrictivas de acceso, programas de desarme y un sólido sistema de trazabilidad de armas y municiones.

El control del comercio internacional es también muy relevante; en particular, dada la gran cantidad de armas que provienen de Estados Unidos (ver este análisis de Carina Solmirano).

• Las políticas más restrictivas de acceso parecen ser exitosas.- Este efecto es siempre muy difícil de evaluar, dada la multiplicidad de factores que pueden influir los niveles de violencia letal. Sin embargo, una revisión de más de 130 estudios de múltiples países muestra que las leyes restrictivas tiende a provocar un descenso en los niveles de violencia letal. Asimismo, las leyes que restringen la compra y el acceso (por ejemplo, a través de requisitos más estrictos para el almacenamiento) suelen asociarse con descensos en los niveles de homicidios por violencia de género y en la cifra de muertes de niños como consecuencia de accidentes con armas.
• Son necesarias políticas claras de desarme.- En 2004, Brasil lanzó una campaña de entrega voluntaria de armas, a cambio de dinero, para su destrucción por parte del Estado. Un año después de su puesta en marcha, sólo en Río de Janeiro ya se habían recolectado 40.050 armas, equivalentes a un 2,5% de la tenencia privada, un 5% de la legal, un 8,7% de la informal y un 11,6% de las armas en manos de criminales. Algunos estudios han detallado un fuerte impacto de esta campaña sobre la violencia, medido en una caída del 11% en la tasa de muertes vinculadas a las armas de fuego.
• En tercer lugar, es necesario un sólido sistema de seguimiento de armas y municiones que permita rastrear su recorrido y dificultar su desvío hacia los mercados ilegales. Debe también incluir las armas de las fuerzas policiales, de seguridad y militares, y complementarse con mayores medidas de prevención en las armerías y arsenales. Asimismo, ha de incorporar controles mucho más estrictos para las armas confiscadas por los poderes judiciales. La tecnología de análisis balístico existente permite no sólo registrar las armas de todas las fuerzas, sino también sus huellas únicas en bases de datos, desincentivando de esta forma su desvío intencionado al mercado delictivo y su uso irregular.

Para reducir los homicidios, el control de armas debe ser parte un paquete de medidas integrales que incluya medidas para la prevención de la reincidencia, programas de terapia cognitivo-conductual, disuasión focalizada, uso de tecnología, policing de puntos calientes y, sobre todo, prevención del delito mediante programas sociales a largo plazo. La violencia es un fenómeno multi-causal y, en consecuencia, requiere soluciones multidimensionales. Y aunque el control de armas no será suficiente para erradicar la violencia letal en América Latina y el Caribe, es indudablemente necesario como parte de un enfoque integral. Esta estrategia puede no ser tan persuasiva como las explicaciones lineales con las que arrancaba este texto, pero sin duda será mucho más eficaz.