Las conclusiones del Consejo de la UE del 25 de enero de 2021 no ofrecen una clara respuesta a esta simple pregunta; más bien evitan contestarla ante el complejo panorama venezolano tras las elecciones legislativas del 6 de diciembre que ganó el régimen de Nicolás Maduro sin la participación de la oposición y con una abstención superior al 70%. Desde entonces, operan dos parlamentos en paralelo, cada uno con su página web en un formato casi idéntico, pero con contenidos diferentes. Y la UE afronta el dilema de si debe o no reconocer el régimen de facto de Maduro o al opositor Juan Guaidó, que sigue encabezando aquella Asamblea Nacional ganadora de las elecciones anteriores que le permitió, en enero de 2019, proclamarse presidente legítimo del país. Dos años después, la recuperación del Parlamento venezolano por parte del chavismo (o lo que queda de él) por la vía electoral escenifica la debilidad de una oposición que se retiró voluntariamente de la contienda y ha perdido capacidad de desafiar el Gobierno autoritario de Maduro e iniciar aquella transición democrática que promueve la UE.
Las conclusiones del Consejo no se deciden por ninguno de los dos presidentes, sino que se comprometen a que la UE "seguirá trabajando con todos los actores en Venezuela". Ello incluye tanto al Gobierno como a la sociedad civil y la oposición; y, en particular, a Juan Guaidó. Trabajar con todos implica una preferencia por la negociación y el diálogo entre los dos bloques enfrentados para encontrar una solución pacífica del conflicto. La Unión ha insistido en muchas ocasiones en esta vía que se plasmó, en octubre de 2018, en la creación del Grupo Internacional de Contacto (GIC), que ha intentado, sin mucho éxito, facilitar esas negociaciones entre Gobierno y oposición, la última vez bajo la tutela de un equipo de Noruega. Desde que el chavismo llegó al poder, hace dos décadas, ha habido incontables intentos (bajo diferentes fórmulas regionales e internacionales, incluyendo el Vaticano) de mediar entre las partes. Hoy, esta opción parece aún más difícil porque, después del 6 de diciembre, el régimen domina todos los poderes del país y está en una clara posición de ventaja frente una oposición que se equivocó de estrategia al boicotear las legislativas y sigue dividida entre los que, como Henrique Capriles, prefieren negociar y los más radicales en torno a Guaidó y el exiliado Leopoldo López, que rechazan esta vía.
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En medio de esta tragedia política, enmarcada en una dramática crisis económica y humanitaria, la UE es un actor secundario frente a EE.UU. y Rusia que, desde campos opuestos, son los verdaderos protagonistas externos del conflicto venezolano. Como siempre, la UE está inmersa en sus propias contradicciones, fruto de su naturaleza híbrida de actor en ciernes o multi-nivel que subsuma diversos intereses. Europa no es un actor único sino pluridimensional, y la difícil tarea del Alto Representante de Política Exterior es representar este mínimo común denominador entre los actores que componen la Unión. En el caso de Venezuela, hay un claro consenso entre todos de no reconocer las elecciones legislativas del 6 de diciembre, por no cumplir con las condiciones democráticas y no haber sido negociadas con la oposición. También hay unanimidad en cuanto a la condena de la represión y violación de los derechos humanos, el autoritarismo del Gobierno de Maduro y la reclamación de un diálogo pacífico y una "transición democrática" que incluya comicios presidenciales. En tercer lugar, todos los actores hacen una llamada a la solución pacífica del conflicto y denuncian la gravísima crisis humanitaria y económica que sufre el país. Y, por último, el Consejo de la UE, apoyado por los estados miembros y el Parlamento Europeo, aprueba cada año desde 2017 sanciones selectivas contra integrantes del régimen de Maduro.
Hasta aquí llegan los consensos. Pero están más disputados tanto el reconocimiento de Guaidó o Maduro como presidentes del país como el camino a seguir para iniciar una transición democrática. El Parlamento Europeo es, sin duda, la institución con una posición más clara, que manifestó nuevamente en su Resolución del 21 de enero; igual que la oposición afirma que Maduro "usurpó el poder ilegítimamente" y acusa su régimen de "continuos crímenes contra la humanidad". Fue la primera institución europea que reconoció a Guaidó como "presidente interino legítimo", posición que reitera dos años después.
La Resolución no menciona ni el diálogo ni una negociación con un régimen que considera criminal. Esta posición que coincide con la vertiente radical de la oposición venezolana en torno a Juan Guaidó y Leopoldo López, difiere de la del Consejo de la UE, que es mucho más cautelosa. Las conclusiones del 25 de enero son coherentes con anteriores declaraciones del Consejo sobre Venezuela y del Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell. En contra de algunos comentarios en la prensa, ello no representa un cambio en la política de la UE hacia Venezuela, que simplemente no puede reconocer o dejar de reconocer a gobiernos. Este derecho corresponde a sus estados miembros, que se presentan divididos, aunque con una clara mayoría de 25 países que reconocieron a Guaidó y dos (Chipre e Italia) que no lo hicieron. En este sentido, la UE sigue siendo un actor emergente que, por sus limitaciones internas, no puede ser un actor global, ni siquiera en un conflicto secundario y alejado geográficamente.
De todas formas, la consolidación de Maduro en el poder tras el 6 de diciembre, y sus propias contradicciones, obligarán a la UE a repensar su política mayoritaria de apoyo a Guaidó. Desde una lógica interna, ser parte del conflicto e imponer sanciones, aunque sean selectivas, a un régimen que la Unión pretende sentar en una mesa con la oposición, es otra paradoja en el laberinto de una política exterior europea que no acaba de cuajar. Tampoco la convergencia de objetivos con Estados Unidos, un cambio de régimen mediante una transición democrática vía sanciones, refuerzan la credibilidad de la estrategia de la UE, que en Venezuela apoya a la oposición y en Cuba dialoga con el Gobierno, pese a que ninguno de los dos son democracias. Venezuela ha destacado que Europa representa muchas voces que no cantan al unísono.
En todo caso, si no cambia la situación interna, la UE y otros se verán finalmente obligados a retomar las relaciones con el régimen de Maduro si quieren promover un diálogo entre las partes. La visita de Borrell a Venezuela, en octubre de 2020, para intentar retrasar las elecciones legislativas, criticada y cuestionada por el Parlamento Europeo, allanó este camino hacia el pragmatismo o la resignación ante una constelación de fuerzas cada vez más a favor del régimen autoritario. En conclusión, se requieren más de mil palabras para explicar a quién reconoce la UE en Venezuela. La respuesta simple sería que la mayoría de actores que integra la UE reconocen a Guaidó, pero puede que Bruselas transite hacia una interlocución con Maduro que, al tener el poder fáctico, tiene la clave para cualquier salida pacífica del enquistado conflicto venezolano. Posicionarse a favor de una de las partes puede ser políticamente correcto, pero no contribuye a resolver la tragedia venezolana.
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