21 de Enero de 2021, 21:04
En estos días fríos de enero, marcados por la borrasca Filomena y con el precio de la electricidad por las nubes, se me hace muy difícil explicarle a mi vecino, con quien comparto el tejado y el garaje del edificio, que para democratizar la energía tendríamos que trasladar la mayor parte de nuestros consumos térmicos de gas natural, gasóleo y gasolina a electricidad.
Me mira bastante mal, porque lo primero que le viene a la cabeza es el temporal y cómo las eléctricas aprovechan el frío para subir los precios.
Los medios de comunicación, como sucedió con las subidas de precio de enero de 2017 y diciembre de 2013, han vuelto a fijar la atención en el sistema eléctrico y hablan de lo de siempre: de si mandan más las eléctricas que los gobiernos, de las oportunidades de mercado empresariales que prevalecen por encima de los derechos básicos ciudadanos... en fin, un dejà vu que se repite cíclicamente y que no parece mejorar: cortes de luz en zonas rurales, encarecimiento para los consumidores y eléctricas que ingresan muy por encima de sus costes. Y cuando amaine el temporal, se hablará de los fondos del Next Generation, del Pacto Verde, de grandes plantas renovables y del hidrógeno en todos sus colores.
Nadie parece acordarse de que 2021 es el año límite para trasponer al ordenamiento jurídico español el marco legal europeo en materia de energía y clima. Se trata de materializar en leyes, decretos, órdenes y reglamentos la hoja de ruta para alcanzar los compromisos climáticos acordada en 2015 en París para el horizonte 2030, y eso requiere de mucha más ambición, valentía y compromiso climático que aprobar estrategias a largo plazo. Porque, llegado el momento, nadie se va a preguntar qué paso con ellas ya que, en realidad, no tienen ninguna fuerza legal.
[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]
El European Clean Energy Package, también conocido como Jumbo Package por tratarse del conjunto de directivas más extenso y ambicioso que jamás haya aprobado la Unión Europea sobre energía y clima, requirió de cinco años de trabajo y negociaciones entre la Comisión, los estados, el Parlamento y los distintos grupos de interés; entre ellos, grandes eléctricas, gasistas, petroleras, fabricantes de automóviles, pero también cooperativas de energías renovables a través de Rescoop y asociaciones como Greenpeace, Ecodes, Transport and Environment y la Fundación Renovables, entre muchas otras.
La regulación europea se caracteriza por ser un vector de cambio, aunque deja muchas decisiones en manos de los estados. Por consiguiente, su incorporación a la legislación española a tiempo y de manera exigente es lo que determinará, de forma objetiva, nuestra ambición climática.
Lamentablemente, España siempre ha traspuesto la legislación tarde y mal, con la pérdida de oportunidades de futuro que ello ha supuesto. Además, ahora está en juego llegar a tiempo a una revolución industrial que ya pocos niegan. Y en este contexto, el Gobierno de coalición PSOE-Podemos aparece con mucha mejor predisposición que sus precedentes del PP.
El 'Clean Energy Package' no sólo habla de objetivos en energías renovables y en eficiencia energética; también lo hace del trato justo al consumidor; y aunque poner en el centro a las personas y no dejar a nadie atrás se ha convertido últimamente en un eslogan que se utiliza para casi todo, lo cierto es que en el caso que nos ocupa no es para nada una expresión hueca. Se trata de una regulación ambiciosa, innovadora y a la altura de lo que se necesita, aunque va a requerir que los estados bajen al detalle; y es aquí donde se esconde el diablo.
Lo sucedido en el mercado eléctrico durante la borrasca Filomena tiene que mucho que ver con trasponer las normas europeas con ambición. Me voy a detener en la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad, la más dura de aprobar dentro del Clean Energy Package. El marco legal incide en la necesidad de que los estados desbloqueen los derechos de los ciudadanos ante las capacidades que nos ofrecen nuevas tecnologías, como los tejados solares, las baterías, los coches eléctricos y su carga inteligente, los contadores digitales y, muy especialmente, el control de los datos de esos contadores. Se trata de tecnologías energéticas distribuidas bajo el control y propiedad ciudadanos, y para ello define nuevos agentes de mercado como los agregadores independientes, las comunidades ciudadanas de energía y los consumidores activos. Las redes de distribución inteligentes se presentan como herramienta necesaria, pero no como un objetivo en sí mismo; éste es el empoderamiento del consumidor. Ese desbloqueo de derechos nos permitirá que podamos generar, consumir, almacenar, compartir y vender no ya sólo nuestra energía, sino 'vender' nuestra decisión de no consumir (o consumir menos) electricidad en un periodo determinado.
La borrasca Filomena nos ha enseñado lo importante que puede ser esa 'decisión de mercado ciudadana' de no consumir cuando se prevea que el coste va a ser alto o las líneas de distribución estén muy congestionadas.
Lo que hace complejo el sistema eléctrico es su falta de almacenaje, lo que implica que la oferta (que ponen en el mercado las empresas eléctricas) y la demanda (lo que decidimos consumir) tengan que encontrarse o coincidir. Desde que se implantó el sistema centralizado en corriente alterna a principios del siglo XX, ha sido la oferta la que ha permitido ese equilibrio, al coste que han considerado los generadores dentro de unas reglas de juego que determina el Estado. Esas reglas del juego, conocidas como sistema marginalista, determinan que la fuente de energía más cara que se necesite para equilibrar la oferta y la demanda es la que determinará el precio de todas las demás. Así que, en plena ola de frío, la mayor demanda ha supuesto que se necesitara una cantidad marginal de gas, muy caro en algunas centrales de ciclo combinado, y esa pequeña cantidad se ha multiplicado por la totalidad de la energía consumida. De esta forma, las grandes generadoras han hecho su particular agosto (más ingresos para el mismo coste) en plena crisis económica y pandémica.
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La nueva regulación de mercado asume el potencial de esas nuevas capacidades tecnológicas en el argot técnico reciben el nombre de gridedge y el derecho de los consumidores a que puedan, también, participar en el proceso de equilibrar oferta y demanda. ¿Cómo? Aportando su flexibilidad mediante el traslado de consumo a horas más económicas, aportando al mercado la energía almacenada en una batería residencial, su generación solar, no cargando el vehículo eléctrico o, incluso, en un futuro no muy lejano, aportando la electricidad del coche a la red. De esta forma, los consumidores podremos actuar para que no sea necesario que se pongan en marcha las plantas más caras, y generalmente más contaminantes, con lo que el coste marginal acabará bajando significativamente. Evidentemente, no lo vamos a hacer sin más porque nos lo pidan, sino porque las señales de precio nos motiven a hacerlo y nuestra decisión sea remunerada en el mercado.
Para ello, desde la Asociación Europea de Cooperativas de Energías Renovables (Rescoop) ya se está preparando a sus asociadas (entre ellas, la cooperativa Som Energía) para que incorporen el software, el hardware y la formación para gestionar la demanda mediante la agregación virtual de tejados residenciales solares, de baterías, de vehículos eléctricos; a través de los programas Flexcoop y Rescoop VVP. El primer paso ha sido dotarse de techos solares residenciales mediante la compra conjunta y agregada, lo que ha permitido instalar en menos de un año 2.000 de ellos entre los socios de Som Energía. El siguiente paso es impulsar la creación de comunidades renovables y energéticas ciudadanas e intensificar, simultáneamente, la formación de sus más de 70.000 socios para que ejerzan su derecho de consumidores activos.
Así que espero convencer a mi vecino para que nuestro tejado y garaje se conviertan en una de esas plantas solares virtuales, y que muchos más lo podamos hacer si convertimos la democratización de la energía en un proyecto-país.
