El pasado 28 de diciembre de 2021, el Consejo de Ministros español aprobó la reforma laboral pactada con los sindicatos y la patronal. Al dar la noticia, muchos medios de comunicación resaltaron que las negociaciones habían durado mucho, nueve meses; pero cabe señalar que esta reforma lleva casi 10 años proponiéndose, retirándose y proponiéndose de nuevo. Desde que se aprobó la anterior del Partido Popular (PP) de 2012, revertirla se convirtió en la propuesta electoral estrella del PSOE y Unidas Podemos en las elecciones de 2015 y 2016, así como en una de las reivindicaciones principales de los sindicatos.
En aquella época, durante la crisis de la
eurozona, varios actores políticos y sociales veían las reformas como una injerencia externa, dictadas por la conocida como
Troika formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), o directamente por los mercados mediante las subidas de la prima de riesgo. Esta narrativa, basada en la idea de las reformas o las medidas de consolidación fiscal como imposición externa a cambio de ayuda económica, lo que se dio a conocer como
condicionalidad, es la que se impuso durante la crisis y los años posteriores a la misma.
Aún recordamos los viajes de la ex canciller alemana, Angela Merkel, a España en la que felicitaba al entonces presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, por "hacer bien los deberes". Además, cuando los políticos nacionales defendían las reformas acometidas lo hacían con argumentos basados en la necesidad de recuperar la credibilidad ante los inversores extranjeros o porque no les que quedaba otra alternativa ante los riesgos de falta de liquidez para hacer frente a los pagos de la deuda.
Pero ¿fue ésta toda la realidad sobre la crisis de la eurozona? ¿Se implementaron las reformas en los países rescatados sólo por imposición externa? En nuestro libro ofrecemos unas respuestas más matizadas a estas preguntas. Nuestra investigación se basa en un análisis de las políticas de las reformas estructurales y de austeridad en los países que tuvieron que acceder a los programas macroeconómicos de ajuste, demostrando que los gobiernos tuvieron más poder para definir u oponerse a las reformas de lo que realmente se pensaba hace una década.
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Los ejecutivos de países como España, Grecia, Portugal, Irlanda o Chipre tuvieron que negociar memorándums de entendimiento con la UE y/o el FMI, pero durante esas negociaciones disfrutaron de cierto margen de maniobra para resistirse ante ciertas medidas o evitar la puesta en marcha de otras. Las autoridades portuguesas consiguieron que se retirara del memorándum la reducción del salario mínimo y, en Irlanda, el Gobierno se negó a revisar los impuestos corporativos a pesar de la insistencia de la Troika.
Además, nuestro estudio indica que, en algunos casos, los gobiernos utilizaron estas negociaciones con los actores externos como una oportunidad para introducir medidas que siempre habían querido a nivel nacional. Es decir, más que una imposición, algunos vivieron las presiones como
una oportunidad para superar la oposición interna y realizar reformas acordes con su ideología.
En España, por ejemplo, el Gobierno del PP tuvo que acometer recortes de gasto para cumplir con los objetivos fiscales, pero tenía libertad para decidir en qué partidas del Presupuesto. En este sentido, las reformas de la educación y sanidad de 2012 se diseñaron de acuerdo con la agenda ideológica del Ejecutivo de centro-derecha.
En la mayoría de los casos, los representantes de la Troika no se opusieron por varios motivos a estas concesiones a los gestores nacionales. Para ellos, era importante que los gobiernos nacionales asumieran la autoría de las reformas para garantizar así su aplicación. No tenía sentido imponerlas desde fuera si después no se llevaban a cabo. De hecho, ésta era otra carta que los gobiernos podían jugar si no estaban de acuerdo con las reformas o no había consenso suficiente para implementarlas.
En España, un claro ejemplo es el factor de sostenibilidad de las pensiones: aunque fue aprobado en 2013, tanto los ejecutivos del PP como los del PSOE han pospuesto su entrada en vigor por falta de consenso. Para evitar este tipo de problemas, la Troika prefería que fuesen los mismos gobiernos los que decidiesen.
Además, los representantes de la
Troika valoraban el conocimiento técnico y administrativo interno de los gestores nacionales. Contrariamente a lo que se pensaba en aquellos años sobre la
Troika (que imponía la misma receta en diferentes contextos), nuestro estudio demuestra que los actores externos preferían que las reformas surgiesen de los representantes nacionales, siempre y cuando éstas consiguiesen los objetivos generales de aumento de la competitividad económica y austeridad fiscal.
Asimismo, durante nuestra investigación descubrimos que la capacidad de los gobiernos para influir en la agenda de reformas también dependía de la credibilidad de éstos. La 'Troika' confiaba más en gobiernos fuertes, de amplia mayoría y alineados ideológicamente con su agenda; dándoles más margen de maniobra. Este factor fue fundamental en el caso del Gobierno de Mariano Rajoy de 2012, que contaba con mayoría absoluta y estaba de acuerdo con las líneas generales de las reformas propuestas por la UE.
Además, en el caso de España nuestra investigación indica que el tamaño económico del país, demasiado grande para ser rescatado, fue también fundamental para que el Gobierno popular consiguiera concesiones de la UE. La principal fue la consecución de un rescate y un memorándum sólo destinados a medidas relacionadas con el sector bancario, algo que podía venderse mejor ante la opinión pública.
Por último, nuestro estudio abarca también los años posteriores a los programas de rescate y ofrece conclusiones interesantes sobre la reversión de las reformas estructurales y las medidas de austeridad. El libro revela que los gobiernos han revertido muchas de las medidas de ajuste fiscal, aunque de una manera parcial y limitada.
En general, observamos que
los gobiernos revierten las medidas aprobadas durante la crisis cuando éstas pueden conllevar un beneficio electoral claro a bajo coste económico. Por ejemplo, una de las medidas retiradas más frecuentemente en la mayoría de los países analizados es la congelación del sueldo de los funcionarios públicos.
Por el contrario, las reformas estructurales acometidas durante la crisis han resistido bastante en los años posteriores a los programas de ajuste. Primero, porque al salir de los rescates la condicionalidad ha persistido, ahora de una manera suave ligada a las dinámicas del Semestre Europeo. Segundo, por la continuidad de los gobiernos que gestionaron la crisis y por la creencia de que las reformas fueron en parte responsables del crecimiento económico posterior a la misma.
Esto explicaría, parcialmente, el porqué de la tardanza de la nueva reforma laboral aprobada en España. Aunque, en este caso, también han desempeñado un papel relevante la inestabilidad electoral de los últimos años y la falta de mayorías parlamentarias.
