La reforma del Estado de bienestar es uno de los temas más candentes en la agenda política y mediática, avivado por la crisis de la Covid-19. Entre las diversas alternativas para reformar sus instituciones, la renta básica universal (RBU) cobra cada vez mayor relevancia y ha ganado un importante apoyo político, mediático y público gracias a esta crisis. Definida como un ingreso incondicional y universal, del que sea beneficiaria toda la población independientemente de su estatus económico, social o laboral, y de forma individual, ya es una propuesta conocida ampliamente.
A pesar del creciente apoyo político y la credibilidad que está ganando esta propuesta, sabemos poco sobre el grado de respaldo de la ciudadanía. Éste es, sin duda, uno de los mayores interrogantes que tenemos respecto a los aspectos políticos de la reforma del Estado de bienestar. ¿Bajo qué condiciones la población está dispuesta la ciudadanía a suscribir esta propuesta? ¿Qué aspectos generan mayor rechazo y por qué? Estas preguntas son las que exploro en un reciente artículo académico que sintetizo en este
post.
Algunos interrogantes
Los estudios existentes sobre esta materia han demostrado que el apoyo a la renta básica es mayor en algunos países que en otros, y que el hecho de tener ingresos bajos, estar en situación de desempleo, ser joven y de izquierdas aumenta el apoyo a esta medida (algunos ejemplos incluyen: Vlandas, 2019;2020; Roosma y Van Oorschot, 2020). Sin embargo, la investigación actual no nos permite descifrar qué aspectos de una renta básica son los más populares y cuáles, los más problemáticos para la ciudadanía. Tampoco sabemos qué medida prefiere, en caso de poder elegir entre diversas alternativas. Con el objetivo de arrojar luz sobre estas cuestiones, diseñé un experimento de encuesta que fue distribuido entre una muestra representativa de la población española.
Enfoque experimental
Las encuestas tradicionales suelen preguntar sobre el grado de apoyo hacia la renta básica universal, proponiendo a la persona encuestada que se sitúe en algún punto de apoyo entre nada y totalmente. El problema de esta metodología es que estas preguntas agrupan características de la renta básica y es difícil desentrañar qué papel desempeña cada una de ellas a la hora de configurar el respaldo a la RBU. Por ejemplo, la definición de esta herramienta que encontramos más habitualmente en las encuestas define esta medida como un ingreso universal e incondicional, repartido entre toda la población a nivel individual y de forma periódica. Cuando las personas encuestadas responden, no sabemos si éste está más marcado por la universalidad o la incondicionalidad, qué aspecto genera más apoyo y cuál provoca reticencias.
[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]
Para superar esta limitación, en el artículo mencionado utilizo un experimento de conjunto que permite evaluar el efecto de diferentes características políticas en el apoyo a la RBU. El experimento se diseña de forma que se pueda tener en cuenta el apoyo a la renta básica universal en comparación con otras alternativas políticas que están sobre la mesa, como las prestaciones por hijos, los planes de desempleo, las rentas mínimas, o las propuestas no tan lejanas a la renta básica como un impuesto negativo sobre la renta, una renta de participación o un euro-dividendo, entre muchas otras.
El argumento: ¿qué aspectos de una renta básica generan apoyo o desconfianza?
Teóricamente, se propone un argumento sencillo aunque novedoso sobre los orígenes de la oposición a la renta básica universal. Para ello, cabe remarcar primero cuáles son los rasgos más destacables de la renta básica frente otras alternativas. Son precisamente la universalidad y la incondicionalidad, que suponen un punto de inflexión radical respecto a las ayudas condicionadas del Estado de bienestar. La lógica ortodoxa de los existentes consiste en dar a aquellas personas que lo necesitan, o que se consideren merecedoras, bien por los requisitos de estas ayudas ex ante (como, por ejemplo, tener un nivel de ingresos por debajo del umbral de la pobreza o no tener empleo) o
ex post (participar en programas de formación o estar buscando empleo). Una renta básica choca con esta lógica y genera resistencia en la opinión pública porque supone un cambio total de lo que entendemos habitualmente por garantizar el bienestar de la ciudadanía.
Además, según la teoría de la heurística del merecimiento, los seres humanos hemos desarrollado unos mecanismos cognitivos para dar siempre a aquellas personas que más lo necesitan o que contribuirían de vuelta a la sociedad, ya que esto garantizó nuestra supervivencia en la época de recolección y caza, cuando los recursos eran escasos y la supervivencia era un objetivo fundamental. Este atajo cognitivo o método para decidir a quién priorizar entre quien repartimos las ayudas es lo que se conoce como heurística del merecimiento, y podría explicar por qué una RBU, por diseño, puede encontrar resistencias entre la población.
Resultados: un 'Robin Hood' para todos
Los resultados corroboran que la universalidad reduce el apoyo a la renta básica, pero, de forma sorprendente, la incondicionalidad no actúa de la misma forma (véase el Gráfico 1). En general, la opinión pública prefiere ayudas destinadas a personas que lo necesitan, o bien porque tienen unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza, o bien por alguna discapacidad, frente a un ingreso universal. Sin embargo, las personas encuestadas no muestran resistencia a la incondicionalidad, y no son más populares las ayudas que llevan alguna forma de condicionalidad frente a las incondicionales. Otras características importantes y que también definen la renta básica, como el hecho de que se reciba de forma individual, la cuantía o los requisitos legales, desempeñan un papel menor a la hora de asegurar el apoyo a esta alternativa política.
Gráfico 1.- Apoyo a distintos elementos de las ayudas sociales, a través de seis dimensiones principales: grupos poblacionales, condiciones, unidad de la ayuda, generosidad, requisitos y tipos de financiación.
Un resultado importante de esta investigación es que los mecanismos de financiación desempeñan un papel crucial para asegurar el apoyo a cualquier medida para reformar el Estado de bienestar, y la renta básica en particular.
El respaldo se reduce significativamente cuando cualquier tipo de ingreso se financia mediante la reducción de los gastos sociales existentes; por el contrario, aumenta si estas medidas se financian vía un impuesto sobre la renta de las personas con los umbrales más altos de renta. Este hallazgo demuestra que existe un apoyo político importante entre el público para redistribuir la riqueza.
Partiendo de la conclusión de que es la característica de universalidad la que socava el apoyo a la renta básica universal, unas preguntas pertinentes son: ¿bajo qué condiciones estaría la opinión pública dispuesta a apoyar un ingreso universal? ¿qué papel ejercen otras características del diseño de estos ingresos para asegurar el apoyo a las medidas universales? Por ejemplo, puede que sea razonable que si se asocian ciertas condiciones a un ingreso universal, aumente el apoyo hacia esta característica de la universalidad.
Los resultados demuestran que éste no es el caso (véase el Gráfico 2): agregar condicionalidad no aumentaría la viabilidad política de ningún ingreso universal, pero sí que es cierto que restringir esta medida para las personas que son ciudadanas (y no sólo residentes) aumenta el apoyo a la universalidad. En cuanto a la cuantía, las cantidades más bajas (por ejemplo, el planteamiento de un euro-dividendo de 200 euros) son altamente impopulares.
Gráfico 2.- Apoyo a la característica de la universalidad cuando se combina con (A) diferentes métodos de financiación, (B) condiciones, y (C) requisitos legales
Por último, y como resultado más significativo, la forma de financiar un ingreso universal determina su apoyo mucho más que cualquier otra característica de su diseño. Recortar los gastos sociales existentes compromete el apoyo, pero la ampliación de la presión fiscal sobre las rentas más altas lo incrementa de forma significativa. Este último mecanismo de financiación hace que la universalidad sea tan popular como las prestaciones para personas en situación de pobreza o dependencia. Es este hallazgo clave el que nos muestra que existe una demanda pública de redistribuir la riqueza, aumentando la carga fiscal de las rentas más altas y repartiéndolo entre la población en general, una suerte de Robin Hood para toda la población.
Los mecanismos a través de los cuales la opinión pública sea favorable a una política de este tipo son, en efecto, algo en lo que se debería profundizar en futuros trabajos. Gravar a los ricos puede tener su origen en una demanda de redistribución, pero también, como muestran algunas investigaciones anteriores, puede ser producto de los costes percibidos de la política social. Las percepciones erróneas sobre la posición que uno ocupa en la distribución de la renta son habituales, y rara vez las personas nos auto-identificamos en la de las rentas más altas (aunque podamos ocupar esa posición objetivamente). Por lo tanto, esta demanda de una mayor carga fiscal puede ser producto tanto de un deseo de redistribución como de un interés material y de ahorrarse una mayor carga fiscal propia. Sea como fuere, el estudio de referencia revela, como punto de partida, que un ingreso universal progresista tiene el apoyo de la población española.
