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La beca comedor en España, una asignatura pendiente

Alicia Ibarra Gámez

6 mins - 25 de Enero de 2022, 08:47

La pandemia está teniendo un fuerte impacto en la economía y en la sociedad, afectando especialmente a aquellas personas vulnerables que ya partían de una situación de desventaja. Uno de los colectivos más afectados son los hogares con menores a cargo, que continúan teniendo mayores tasas de carencia material severa (8,2%) frente a los que no tienen hijos (5,7%), según el Instituto Nacional de Estadística (INE). De todos ellos, los hogares monoparentales son los que tienen tasas superiores (14%), especialmente los encabezados por una mujer (16,8%), que suponen la mayoría.

La última Encuesta de Condiciones de Vida del INE ponía el foco sobre un dato: el 7% de la población en España se encuentra en situación de carencia material severa. Esto quiere decir que en nuestro país hay 3,3 millones de personas que, entre otras privaciones, no pueden comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días, no pueden mantener la casa a temperatura adecuada o disponer de un teléfono móvil. Se trata de la cifra más alta desde 2014, cuando la sociedad sufría las peores consecuencias de la crisis financiera.

En una crisis como la actual, cuando una de cada tres familias con niños y niñas ha tenido que pedir ayuda porque no puede disponer de alimentos, ropa o suministros básicos, es imprescindible contar con un Estado de bienestar fuerte y redistributivo que sirva como colchón frente al aumento de la pobreza y la desigualdad. En este sentido, las administraciones debieran priorizar políticas públicas destinadas a cubrir las necesidades más básicas de quienes más lo necesitan, como la alimentación de los niños y las niñas en situación de pobreza.
 

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En total, un 31,1% de la población infantil está en riesgo de pobreza o exclusión social y un 13,3% sufre pobreza extrema, una de las cifras más altas de los últimos cuatro años según el INE. Sin embargo, las ayudas o becas públicas de comedor sólo cubren al 11% de la infancia matriculada en educación obligatoria. Dicho de otro modo: hay 2,5 millones de niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión y más de 441.000 menores de edad que no pueden comer carne, pollo o pescado cada dos días, pero sólo 730.000 tienen acceso a una beca comedor. A esto hay que sumar que el servicio de comedor supone a las familias no becadas más de 430 euros al año, una cifra inasumible para los hogares en pobreza.


En otros países de nuestro entorno se han reforzado las prestaciones destinadas a proteger a estos colectivos, especialmente durante los últimos periodos de crisis. Por ejemplo, Finlandia tiene comedor escolar universal desde hace más de 70 años y Francia ofrece desayunos gratis a todos los alumnos en la educación obligatoria. Otros países, como Portugal, ofrecen menú escolar por menos de 1,46 euros al día; tres veces más barato que en España, donde puede alcanzar hasta los 4,6 euros al día.

La beca comedor se enmarca dentro del gasto estatal en Educación (como porcentaje del Producto Interior Bruto), una inversión insuficiente en perspectiva comparada con otros estados europeos. Países como Suecia (7,6%), Finlandia (6,3%) o Francia (5,4%) destinan mayores partidas presupuestarias a Educación, mientras que España se sitúa en el 4,2%, una cifra que también es inferior a la media de la Unión Europea (4,7%), según datos de Eurostat. Esta falta de inversión es estructural y se ha perpetuado en el tiempo: en los últimos 27 años, España siempre ha estado entre los países con menos gasto público en Educación y nunca ha superado el 4,6% del PIB (cifra que se alcanzó en el año 2009).

Las becas y ayudas de comedor también dependen de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, quienes tienen en última instancia la competencia de materializar estas ayudas y la posibilidad de ampliarlas. Habiendo perdido la oportunidad de aumentar la inversión estatal en los recién aprobados Presupuestos Generales del Estado, la aprobación de las cuentas autonómicas y locales se presenta como otra posibilidad para erradicar este problema desde la raíz.



Organizaciones como Educo, con programas específicos de Beca Comedor, han estudiado el impacto del espacio comedor en la infancia con menos recursos: no tener acceso a una alimentación suficiente y de calidad repercute en la salud y educación de los niños y niñas y en las probabilidades de fracaso y abandono escolar. Además, el alumnado que sale fuera del centro educativo sin supervisión adulta pone en riesgo su protección, como sucede a menudo cuando los padres y las madres trabajan.

En lo relativo a salud, la obesidad se dibuja como una de las peores consecuencias de la falta de beca comedor: su incidencia es el doble en la infancia en pobreza (23,2%) que en la que vive en hogares con mayores ingresos (11,9%), según el Ministerio de Consumo. Por otra parte, España es el segundo país de Europa con más tasa de abandono escolar temprano (16%), muy por encima de la media de la Unión Europea (10%). Además, el alumnado en situación de pobreza repite cuatro veces más que el de más recursos. Se trata de la segunda brecha más alta de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos hechos hacen necesario tomar medidas decididas y transversales, más allá de lo puramente educativo.

Como se ha señalado, en estos momentos uno de cada tres niños y niñas está creciendo en pobreza. Si no se adoptan medidas que rompan el círculo de la desigualdad, España tendrá a una de cada tres personas adultas viviendo en pobreza. La OCDE ha advertido en más de una ocasión a España de que las políticas adoptadas hasta la fecha no están reduciendo los niveles de pobreza: las personas que sufren esta lacra tardan hasta cuatro generaciones en alcanzar el nivel de ingresos medio.

La pandemia ha sido un catalizador que ha aumentado la desigualdad y ha visibilizado los grandes problemas de fondo que existen en nuestro país; entre ellos, la pobreza infantil. La cuarta economía del euro no puede ni debe resignarse frente a unas cifras de desigualdad tan elevadas. España debe hacer los deberes y equipararse a otros países europeos para garantizar que todos los niños y las niñas tengan las mismas oportunidades. 
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