Por primera vez en la breve historia de nuestra democracia y sus elecciones, los focos demoscópicos de España se dirigen hacia Castilla y León y sus inminentes elecciones. Nunca antes había sucedido que los comicios de esta comunidad autónoma se celebrasen de forma separada a las elecciones municipales y las autonómicas de otras regiones, y sus resultados tendrán consecuencias en la política nacional.
Gracias a esta situación, se ha colocado en la agenda del país un tema olvidado durante años aunque incipiente en los últimos meses: la despoblación. Castilla y León es la comunidad autónoma que más habitantes ha perdido en los últimos 10 años, en torno a un 7%, y estos comicios suponen una gran oportunidad para plantear propuestas y medidas para revertir esta realidad.
Hace meses, se expuso desde esta tribuna la desigualdad en la distribución de instituciones y organismos públicos en España, al concentrarse gran parte en la capital. Esta centralización impulsa el
efecto capitalidad de Madrid frente a otros territorios del país. que no gozan de esta particularidad y cuyos efectos provocan disparidades en las estadísticas económicas y sociales. Se demostró cómo numerosas administraciones estaban situadas en lugares surrealistas, como sería el caso de Salvamento Marítimo.
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Al hilo de este debate, el Gobierno ha decidido emprender un proceso de descentralización de nuevos organismos públicos y localizarlos en lugares que padecen el fenómeno de la despoblación. Algunos ejemplos de lo propuesto son la instalación del primer Centro Nacional de Fotografía en Soria y, en Segovia, de un centro de innovación y tecnificación de alto rendimiento de la Formación Profesional.
Se debe profundizar en este camino abierto, en búsqueda de una mayor cohesión que integre a todas las regiones y haga más país. recientemente surgió, y con razón, la propuesta de trasladar el Tribunal Constitucional a Cádiz, lugar donde se redactó la Constitución de 1812,
La Pepa, cuna del constitucionalismo español.
La historia de nuestro país tuvo momentos de los que sentirse orgulloso como el nombrado de la Tacita de Plata o, quizás, uno menos estudiado como el levantamiento de las Comunidades de Castilla. En tiempo de elecciones castellano y leonesas, conviene acercarnos a ese breve instante de la historia que supuso uno de los primeros destellos del liberalismo español.
Los comuneros, ciudadanos de distintas provincias y clases sociales, se sentían perjudicados por las políticas de una Corte de Carlos V llena de flamencos y borgoñones. Desde los púlpitos castellanos se elevaron las proclamas contra el vacío de las arcas reales para llenar los bolsillos flamencos, contra el aumento de la alcabala y contra la creación de nuevos tributos para los pecheros; es decir, contra el desprecio hacia Castilla y de sus gentes.
Para aprobar estas medidas, el rey Carlos V convocó unas Cortes en Galicia, vacías de debate y llenas de sumisión, con las que se hurtó, sin razón ni ley, el significado de las Cortes del Reino. Los comuneros nunca tuvieron como objetivo negar la figura regia, sino reclamar a ésta lealtad al reino. La constitución de este movimiento llevó a una serie de revueltas urbanas que se coordinaron y organizaron hasta desembocar en lo que se conoció como la Guerra de las Comunidades de Castilla.
El constitucionalismo español se cruzó en aquel acontecimiento cuando, por vez primera, se fraguó uno de los documentos más revolucionarios en la política de la época, la Ley Perpetua de Ávila. La Junta de la ciudad abulense, conocida como la Santa Junta, se convirtió en el foro máximo donde se puso sobre papel este proceso impensable para la época. Los comuneros plasmaron sus reivindicaciones en un documento jurídico cuyo fin era regular las relaciones entre la Monarquía y el pueblo, es decir, una primera delimitación del poder real.
Este texto constituye un primer precedente constitucional y expresa los fundamentos propios de una constitución política para Castilla, tales como que la Corona no podía dar ni instrucción ni mandamiento a los procuradores de las Cortes porque su poder se lo otorgaban libre, voluntariamente, las ciudades y villas a las que representaban, o la reserva de cargos públicos y eclesiásticos a castellanos. Estas limitaciones eran algo impensable en aquel periodo histórico.
El final de esta aventura es bien conocido: los comuneros fueron derrotados las ciudades rebeldes, castigadas, y se estableció un mayor autoritarismo monárquico.
El vacío parlamentario de las Cortes de Galicia convocadas por Carlos V contrasta con la creación de una especie de Cortes extraordinarias en Ávila y la participación de representantes de las ciudades levantadas, que debatieron y sintetizaron sus propuestas en la Ley Perpetua, que establecía unas Cortes definitivas que se reunirían con pleno derecho sin necesidad de contar con la aquiescencia del monarca. Asimismo, reconocía la capacidad de que los presentes "platiquen y provean las otras cosas cumplideras al servicio de la Corona Real y bien común destos Reynos".
La actual senda descentralizadora y de lucha contra la despoblación impulsadas en España no puede olvidar el pasado de la tierra que más sufre este problema, Castilla y León. Es más, ese pasado sirve como base para los cambios. Qué mejor forma de honrar aquel tiempo cuasi reformador con la re-localización en tierras castellano y leonesas de una institución principal de de nuestro sistema constitucional como es el Senado.
En numerosas ocasiones, se ha debatido la posibilidad de trasladar el Senado a otros territorios, ya sea Cataluña o la Comunidad Valenciana, merecedoras de acoger varios organismos públicos. Sin embargo, el traslado del Senado, como símbolo de integración y cohesión de nacionalidades y regiones, enviaría un mensaje sólido al establecerse en un territorio que clama por ser atendido, en contraste a otras comunidades más ricas y más mediáticas.
Esta decisión evidenciaría un cambio en el concepto de España, el de la extrema concentración. El madridcentrismo tendría que adaptarse a los debates y propuestas legislativas que provieneren de la España rural y se constituiría un altavoz muy potente que tendría impacto en otras regiones como Asturias o Extremadura. Igualmente, reconoceríamos como origen, y con orgullo para la época en que sucedió, las Cortes propuestas en la Ley Perpetua de Ávila, que ya designaban representantes por territorios tal y como se hace para nuestro Senado, con representantes votados por los ciudadanos y otros designados por los parlamentos autonómicos.
