He apreciado el ideal de una sociedad democrática y libre, 
en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades
Nelson Mandela

La democracia no es sólo un tipo de régimen que abriga un poder distribuido entre instituciones, abierto a la competencia de grupos y agendas; es también un proyecto cultural considerable como patrimonio de la Humanidad y no, como algunos insisten desde sus filias o fobias, una muestra de superioridad innata o del afán colonialista de Occidente; capaz de inspirar un proceso histórico de horizonte civilizatorio (la democratización) que potencia diversas luchas por la inclusión y el reconocimiento en el mundo contemporáneo. Esta gran transformación política de nuestro tiempo (la consolidación de la república liberal de masas ensamblada con un Estado social de derecho) ha sido el fruto de una labor intergeneracional de algunas sociedades europeas, latinoamericanas y de otras regiones del orbe. 

En Latinoamérica, primera región del mundo en poblarse de jóvenes naciones con gobiernos electos y constitucionales (aunque lastrada por oligarquías y desigualdades varias), el coste y mérito del avance democrático no es asunto menor. En un continente con tanto rezago en equidad, justicia y desarrollo, es imperativo propagar simultáneamente los derechos civiles, políticos, económicos y culturales que expanden la ciudadanía democrática por encima de polarizaciones inducidas e 'ismos' excluyentes.

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Es demostrable que la consecución de mayores cotas de libertad, justicia y equidad no son monopolio de una ideología particular, en tanto derivan de un marco democrático que permite la reivindicación de derechos y su procesamiento institucional. Si miramos a la Latinoamérica de la última década, vemos que los progresos legales, institucionales y de política pública se dieron en países donde Gobierno y oposición se hallaban en manos de fuerzas ideológicamente plurales, pero moderadas. Naciones donde se construyó institucionalidad sin debilitar la sociedad civil dentro de un marco democrático. Remitámonos a los hechos. 

Comencemos con un elemento de matriz liberal: la realización de elecciones libres y justas, condición básica (aunque no suficiente) para el ejercicio de la política democrática. La región presenta un nivel desigual de aquéllas, siendo los casos de mayor vulneración de los comicios las tres autocracias de izquierda iliberal (Cuba, Nicaragua y Venezuela), seguidos por países (Guatemala, Honduras) en los cuales la violencia política o criminal y la fragilidad institucional comprometen el precario andamiaje democrático. Por su parte, en otros países (en primera línea, Argentina, Costa Rica, Chile y Uruguay) gobiernos con diversa orientación ideológica han mantenido una calidad adecuada en esos procesos de elección popular. 

Sigamos con una causa emblemática de las fuerzas progresistas y los nuevos movimientos sociales, en particular de la comunidad LGBTTTI. El reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido conseguido en Argentina (2010), Brasil (2013), Uruguay (2013), Colombia (2016), Ecuador (2019), Costa Rica (2020) y Chile (2021). Los tres primeros países eran gobernados, en el momento de la aprobación, por fuerzas de izquierda moderada. En los cuatro últimos, se encontraban en el poder formaciones de derecha y centro, respetuosas del orden poliárquico. 



Atendamos por último a una materia de política pública, ligada a la crisis sanitaria y social desatada por la pandemia de la Covid-19. De los países punteros en cobertura de vacunación (Argentina, Cuba, Chile, Panamá, Uruguay) todos menos la isla caribeña tienen gobiernos democráticos. El caso cubano se explica por la existencia de una capacidad para la producción de vacunas, priorizada con fines de exportación. Pero allí la situación sanitaria ha sido grave, por el deterioro de infraestructura, la fragilidad económica y la ausencia de rendición de cuentas.

El manejo de la pandemia, el combate contra la desigualdad y la respuesta a los reclamos de movilizaciones sociales revelan patrones diversos en Latinoamérica. Los casos se distinguen entre sí, en cuanto a formas punitivas o legítimas de control del comportamiento social, a la opacidad o transparencia en la monitorización de la gestión gubernamental y a la violación o respeto de los derechos ciudadanos. Los países con regímenes autoritarios, gobiernos populistas y/o democracias frágiles con baja capacidad estatal y débil sociedad civil se han llevado la peor parte en el continente. 

La agenda de una democracia robusta, con Estado social de derecho y ciudadanía integral, continúa siendo aún una meta por alcanzar en la región. Pero su logro no es monopolio de una ideología o corriente política particular. En los casos más exitosos (Costa Rica, Chile, Uruguay) los consensos amplios, aunque siempre contingentes, trascienden las banderías extremas. La república liberal de masas y una capacidad estatal adecuada, antes que el liberalismo o el socialismo, parece ser la respuesta a las demandas de más progreso económico, justicia social y libertad política. En las 'cracias', más que en los 'ismos', radica la clave.