La consulta popular en Cuba ha sido históricamente señalada por el Gobierno como muestra de capacidad deliberativa y herramienta de incidencia de la ciudadanía en las decisiones políticas. Sin embargo, su diseño legal y su implementación práctica en la isla distan mucho de cumplir con los estándares mínimos internacionalmente reconocidos de mecanismos de democracia directa y participación popular.
La ley cubana establece que la consulta popular es un mecanismo no vinculante en el que se somete a consideración de la ciudadanía el anteproyecto de una determinada norma jurídica. Ha sido utilizada de manera recurrente desde la década de 1970, cuando (casualmente) se utilizó por primera vez para discutir el Código de Familia actual.
La consulta cubana (a pesar de su calificativo de popular) es un instrumento exclusivo del poder estatal. No existen en la norma mecanismos para que la ciudadanía pueda intentar impulsar iniciativas de este tipo. Esta situación ha condicionado que la consulta popular se haya utilizado más como una herramienta de legitimacion y desresponsabilización estatal que como un mecanismo de participación ciudadana autonoma. La figura no se ha utilizado, a excepcion del proceso constitucional de 2018- 2019 (en el que las propuestas más audaces, como la elección directa del presidente, fueron desestimadas), para revisar elementos centrales del modelo o proceso político vigentes.
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En Cuba, la consulta popular ha servido para desviar la atención en momentos de conflictividad social o para ofrecer cierta participación simbólica a la ciudadanía en la producción de algunas normas jurídicas o decisiones económicas; normas y decisiones que el poder estima que, al no tratar temas ligados a la estructura y supervivencia política del régimen, pueden admitir cierto grado de oposición ciudadana, que abandona la autocensura para discutir temas en los que la divergencia no conlleva ser objeto de represión estatal. También, para trasladar a la ciudadanía costes, incluso simbólicos, de decisiones políticamente complejas. En esos casos, la consulta popular funciona como termómetro y filtro para cambios y
performances políticamente asumibles.
El actual proceso de consulta popular sobre un nuevo Código de las Familias es el resultado de otra desarrollada en 2018 con motivo del proceso de reforma constitucional. En aquella ocasión, se debatió un proyecto de Constitución que reconocía y garantizaba expresamente el matrimonio igualitario (artículo 68). Durante los meses de julio de 2018 y febrero de 2019, mientras duró la consulta, se articuló una campaña en contra del reconocimiento constitucional del matrimonio igualitario. Sectores sociales y religiosos
conservadores se organizaron y amenazaron públicamente con votar
no en el referéndum constitucional de mantenerse en el proyecto definitivo la garantía al matrimonio igualitario. Pudieron sostener y amplificar esta postura porque no implicaba rechazar de forma directa el modelo político legitimado por el propio proyecto constitucional. Baste recordar que cualquier muestra de oposición a ese modelo (a diferencia de las relacionadas con las limitaciones de derechos a minorías) siguen siendo respondidas en Cuba con una amplia y sistemática represión estatal.
La consulta popular de 2018 fue el preludio del primer ejercicio electoral competitivo al que se sometían los cubanos desde 1976. En este caso, un referéndum, en el que los cubanos debían decidir sobre dos opciones: sí o no a un proyecto constitucional que reconocía el monopolio politico del partido comunista y la perpetuidad del modelo socialista (de Estado) vigente. Siguiendo esa lógica, el no al proyecto constituyente no sólo significaría el no al matrimonio igualitario, sino también el rechazo a la hegemonía del Partido Comunista y a la perpetuidad de un modelo socialista catalogado como "irrevocable".
Es probable que, por esa razón, el poder haya utilizado el muestreo derivado de la consulta popular para lograr obtener el mayor número posible de apoyos en un referéndum que sabía de antemano que contaría con la oposición y (no menos importante) la abstención de un sector no despreciable del electorado.
Ante la falta de competitividad del sistema electoral cubano, la participación popular en los procesos de este tipo ha sido utilizada constantemente por el aparato de propaganda como muestra de apoyo a la gestión del Gobierno y su
Revolución.
Así, los números en los procesos electorales cubanos (consulta popular incluida) no son utilizados, como indica la democracia, para determinar el apoyo o rechazo ciudadanos en torno a un tema o representantes, sino como símbolo de la capacidad del régimen cubano de establecer consensos y mantener la confianza de sus gobernados. Para eso el poder cubano ha construido una retórica y forma de informar que es el máximo reflejo de su falta de transparencia. En el momento de dar a conocer los resultados de la consulta popular de 2018, Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, informó de que el matrimonio igualitario había sido el tema sobre el que más pronunciamientos se habían realizado. Dijo también que, de 192.408 opiniones acerca de este asunto, 158.376 propusieron "sustituir la propuesta por la que está hoy vigente", en referencia a la formulación de la Constitución de 1976, que definía al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
La frase de Acosta parecía indicar que la mayoría de las personas que había formulado planteamientos en torno al matrimonio igualitario estaban a favor del cambio de la visión heteronormativa con la que Constitución de 1976 regulaba esta institución. Sin embargo, el portavoz gubernamental no esclareció (tampoco posteriormente) el sentido de los cambios propuestos.
A pesar de esa falta de claridad, la consulta popular dejó un efecto indubitado: la modificación del artículo 68 del proyecto de Constitución, pero en el sentido de dejar de satisfacer las demandas de la comunidad LGBTIQ y plegarse a las del sector conservador, que se había opuesto a la inclusión constitucional del matrimonio igualitario y amenazado con decir
no por transitividad a la hegemonía del socialismo y el Partido Comunista.
El Gobierno decidió después de la consulta popular diferir la discusión y aprobación del matrimonio igualitario a un momento posterior al referéndum de ratificación de la Carta Magna.
Esos manejos son los que justifican que hoy los cubanos se enfrenten nuevamente a una consulta popular que, aunque tiene como centro una norma jurídica diferente, sigue enfocada en las mismas discusiones que tuvieron lugar con motivo del proceso de reforma constitucional de 2018: los derechos de la comunidad LGBTIQ. Esa situación ha facilitado también que las consultas populares más recientes se hayan convertido en procesos de re-victimización de la comunidad LGBTIQ cubana y en instrumentos de des-responsabilización estatal.
Cabe señalar que, dentro de este ejercicio de autoritarismo deliberativo, el proceso de asesoría y escucha que significa la consulta no podrá ser monitorizado por la ciudadanía.
Las reglas, o su ausencia, garantizan la opacidad inherente al sistema cubano. Por otra parte, el control del espacio público por parte de los aparatos de control y la represión de los activismos independientes dificultan el desarrollo de iniciativas de auditoria o veeduría ciudadana que puedan ofrecer mecanismos de supervisión e incidencia ajenos al poder. Previendo la realización de cualquier análisis cuantitivo por parte de la ciudadanía o los estudiosos del tema, el Gobierno cubano ya ha
reconocido que esta consulta popular "no está concebida para contraponer criterios; será para escuchar y asesorar, nunca para entrar en discusión, y nada se someterá a votación".
De acuerdo con declaraciones recientes de la máxima autoridad electoral del país, la mejor muestra del control ciudadano sobre la consulta es la participación de cerca de 900.000 personas (más del 10% del padrón electoral) en el proceso de consulta. Dentro de ellos destacan los miembros de los equipos de procesamiento, los especialistas que filtran los planteamientos y las autoridades electorales; las mismas que, según la
presidenta del Consejo Electoral Nacional, no necesitan ser auditadas porque tienen un sistema de supervisión interno, sistemas informáticos cerrados y confiables y pertenecen a un organismo estatal independiente.
La decisión de someter el reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTIQ a una consulta popular y posterior referéndum es una demostración de que el Gobierno cubano ha decidido evadir su responsabilidad de garantizar los derechos humanos de todas las personas. Al colocar en manos de la mayoría los derechos de minorías históricamente discriminadas por el propio Estado, éste ratifica su apuesta por la estabilidad política antes que por la concesión de derechos.
