Estimadas lectoras, estimados lectores,
Sin participación ciudadana no hay democracia. Es un elemento indispensable (aunque no suficiente) para definir una democracia en teoría y en la práctica. La forma predominante que el aval popular adquiere en las democracias contemporáneos es la elección de autoridades en procesos competitivos y justos que determinan qué partidos y/o personas serán responsables por la gestión y la toma de decisiones durante un periodo determinado. Como este modelo está en crisis, muchas voces proponen como antídoto la introducción de instituciones participativas que amplíen la intervención de la ciudadanía, sea a través de referendos (ocurren cada vez más a menudo, como muestran las experiencias recientes en
México,
Italia y
Escocia, entre tantísimas otras) y/u otros novedosos mecanismos de participación, como las
asambleas ciudadanas sorteadas, que a veces
funcionan bien y a
veces no.
Sería un error, sin embargo, suponer que los regímenes autoritarios no se preocupan por esta cuestión o que pueden sostenerse dándole por completo la espalda a sus 'pueblos'. Hasta las dictaduras más férreas, sostenidas a base de represión y normalización, apelan en alguna medida a un discurso legitimador (funcione o no) con algún anclaje en la ciudadanía. Pasa en China (con el Gobierno del Partido Comunista embarcado en
la pelea por el relato), ocurre en
Rusia con Putin. Los aprendices de autócratas como Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Viktor Orbán, Tayyip Erdoğan, o Augusto Pinochet mucho antes, también se ocupan de cambiar constituciones y reglas (como cabe esperar de contextos democráticos) sea a través de procesos deliberativos o de referendos.
¿Por qué lo hacen, si parecen gobernar sin restricciones?
En 1980, Pinochet, instalado en el poder desde 1973 tras el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, impulsó un reemplazo constitucional que fue orquestado desde arriba y ratificado en un referéndum. Esa Constitución establecía la obligación de convocar otro plebiscito, sobre la continuidad del régimen, en 1988. Llegada la hora, se sabe que Pinochet y su
núcleo duro dudaron, no lo tenían claro; algunas voces pidieron suspender la consulta o cancelarla definitivamente. El mundo estaba cambiando, la democracia avanzaba y la presión internacional, además del desgaste interno, convencieron al dictador de realizarla.
Pinochet confió en su capacidad de 'controlar la opinión pública'. Se equivocó. El
no en las urnas inició el proceso de apertura. Es raro que esto ocurra en regímenes autocráticos. De las pocas experiencias de este tipo, dos se ubican en América Latina (la otra es Uruguay, 1980, convocada por el Gobierno cívico-militar para introducir una reforma constitucional y también rechazada por la ciudadanía).
La concentración de poder en manos del líder y/o del partido es el objetivo. Sin embargo, se requiere algún grado de apoyo político o simulacro del mismo. En contextos de transición a la democracia, se pone en juego también la expectativa de los miembros del antiguo régimen de no ser perseguidos por sus violaciones de los derechos humanos y otros delitos de los que puedan y suelen ser responsables (incluyendo hechos de corrupción). Así, el denominado
autoritarismo participativo busca alguna forma de legitimación, hacia adentro o hacia afuera. Al indicador de Democracia Participativa de VDem no le basta, a juzgar por las calificaciones de Uruguay, Chile y Cuba y su evolución en el tiempo.
Cuba ha abierto este mes una consulta popular sobre el Código de las Familias, que se extenderá hasta el 30 de abril en más de 78.000 puntos de reunión. En lo procedimental, cabe esperar más de lo mismo (véase
'¿otra vez sopa?'). Empezamos con un análisis del caso. De ahí pasamos a una reseña del avance de la Convención Constitucional en Chile. Cerramos con una documentada reflexión sobre las guerras y sus efectos en la popularidad de los líderes que las promueven.
Cuba 'debate' la regulación del matrimonio igualitario
La consulta popular está regulada en Cuba para someter a consideración de la ciudadanía determinadas normas jurídicas. Sólo la puede activar el Gobierno y los resultados no son vinculantes.
Johanna Cilano y
Eloy Viera Cañive lo analizan.
La política constituyente debe trascender la de identidades
El primer encuentro del Pleno de la Convención Constitucional derivó en la votación de 16 artículos presentados por la Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. Se aprobaron 14. Sin simplificaciones,
Pamela Figueroa muestra lo lejos que estamos del caos del que hablan algunos medios.
Guerra y popularidad en los presidentes estadounidenses, ¿hay relación?
En estos momentos en que se habla a diario de una eventual guerra en Ucrania que involucra a otras grandes potencias, como Rusia y Estados Unidos, vuelve a debatirse si la promoción de conflictos armados puede tener consecuencias internas, incrementando la popularidad de los presidentes.
Juan Tovar pone un marco para la discusión.
Buena lectura y hasta la próxima,
Yanina Welp
Coordinadora editorial
