Rusia es (cada vez menos) Europa. Bajo la Presidencia de Boris Yeltsin, entró a formar parte del Consejo de Europa, organización internacional creada en 1949 y formada hoy por 47 estados (
desde Portugal hasta Turquía o Azerbaiyán). El Consejo de Europa nace paralelamente a la UE, entonces Comunidades Europeas, después de la Segunda Guerra Mundial, con la intención de crear un espacio europeo seguro, en paz, en el que imperase el Estado de derecho democrático.
El proyecto de lo que hoy es la Unión Europea apostó por la integración política como objetivo a largo plazo, por lo que sus exigencias de entrada son bastante elevadas. En cambio, el Consejo de Europa se erigió como una organización internacional de cooperación, a la que pudiera sumarse el mayor número de estados siempre que se cumplieran unos estándares comunes mínimos en materia de Estado de derecho, democracia, derechos humanos y cohesión social.
A lo largo de siete décadas, el Consejo de Europa se ha convertido en una plataforma política y jurídica de referencia en el establecimiento de estándares en materias relacionadas con sus finalidades, desde el respeto de todas las realidades concurrentes. Esta función la ha llevado a cabo a través de sus instituciones estatutarias (el Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria y la Secretaría General, a las que se sumó el Comisionado de Derechos Humanos) y de diferentes mecanismos de control de las obligaciones internacionales a las que se comprometen sus miembros.
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En este contexto, la 'joya de la corona' es el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), catálogo de derechos individuales, civiles y políticos. Aprobado en 1950, pensado en plena Guerra Fría y, por ello, muy cuidadoso en la elección de sus contenidos (quedaban fuera los derechos sociales), se ha ido ampliando con el paso de los años, mediante protocolos adicionales con nuevos derechos a los que los estados pueden decidir obligarse. La tutela de estos derechos queda en manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Tribunal de Estrasburgo, una jurisdicción internacional ante la que cualquier persona bajo la jurisdicción material de un Estado parte puede interponer una demanda.
A este entramado jurídico se sumó Rusia en 1996 (pese a estar muy lejos de los valores y principios que aquel defiende) en una estrategia política tras la caída del Muro de Berlín para conseguir sumar a los países del antiguo bloque soviético a las estructuras democratizadoras del Consejo de Europa. Era la forma de esta organización paneuropea de contribuir a que la Guerra Fría fuera finalmente superada.
Desde esta perspectiva, la entrada de Rusia era un gran paso. En 1998 ratificó el CEDH, y con posterioridad, ha ido firmando, no siempre pacíficamente, tanto los protocolos de reforma del sistema de tutela que ejerce el Tribunal Europeo como los protocolos de incorporación de nuevos derechos. Es cierto que no se ha sumado a la prohibición general de discriminación o la abolición total de la pena de muerte. No obstante, es importante señalar que el Gobierno ruso dictó en 1977 una moratoria en la aplicación de la pena de muerte, al haberse declarado el Consejo de Europa un espacio libre de la pena capital.
Rusia pronto dio señales de no estar dispuesta a someterse a los órganos de control y estándares del Consejo de Europa. No obstante, el solo hecho de que este país formara parte de sus instituciones permitía ejercer cierto control sobre sus actuaciones y, en todo caso, daba voz a personas o grupos de personas que sufrían gravísimas violaciones de sus derechos. Recuerden el caso de los asesinatos en el colegio de Beslan, en Osetia del Norte, o de los opositores a Putin, Alekséi Navalny y Ilya Yashin, o las investigaciones de periodistas muertos o desaparecidos, entre muchos otros. También ha permitido que Ucrania pudiera interponer hasta cuatro demandas contra Rusia por la anexión de Crimea y de incursiones en otros territorios; o Georgia, en relación con Abjasia y Osetia del sur.
Rusia se ha convertido en el país que más demandas genera ante el TEDH. Actualmente casi el 25% de asuntos pendientes son contra Rusia, lo que significa que
la jurisdicción europea debe hacer frente a unas 17.500 demandas en las que se alega la violación de alguno de los derechos del Convenio por aquel Estado. Estos números, que se mantienen hace años, han provocado que Moscú condicionara su voto para la aprobación de importantes instrumentos de mejora del sistema europeo a un mejor trato por los órganos de control.
Más recientemente, Rusia empezó a poner trabas al cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, alargando los procesos de ejecución o directamente negándose a cumplirlas, especialmente, respecto de los casos con mayor carga política. Uno de los puntos más álgidos de esta resistencia se produjo en 2016, cuando el Tribunal Constitucional ruso declaró que su Constitución gozaba de supremacía sobre el Convenio y las sentencias del Tribunal Europeo y que, por tanto, sus autoridades no se sentirían obligadas a cumplirlas. Esta posición ha quedado plasmada en
la última reforma de su Constitución.
También en el ámbito político Rusia ha tensionado, a veces mucho, las relaciones institucionales con el Consejo de Europa. Destaca la crisis generada tras la ocupación rusa de la península ucraniana de Crimea. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ya venía advirtiendo de los incumplimientos de la Federación Rusa de diversas resoluciones y decisiones adoptadas sobre las consecuencias de la guerra entre Georgia y Rusia y por la ocupación rusa de las provincias georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, entre otras. Sin embargo, la Asamblea, en aquel momento, consideró que no era pertinente la suspensión de credenciales a la delegación rusa, que implicaría poner fin a todo posible diálogo y volver al modelo de la Guerra Fría. La Asamblea apostó, manteniendo el espíritu pragmático del Consejo de Europa, por mantener a Rusia dentro para asegurar que, por poco que fuera, tuviera un foro externo al que rendir cuentas.
Se decidió suspender, durante el periodo de sesiones de 2014, el derecho de voto de los delegados rusos en la asamblea, además de otras facultades. Como
explicaba María R. Sahuquillo en
El País,
la sanción se alargó hasta 2016 y, posteriormente, fue Rusia la que se negó a enviar a sus delegados y, además, dejó de pagar la cuota de sostenimiento de la organización europea que le tocaba por ser miembro. En 2019, se decidió que la delegación rusa recuperara sus plenos derechos. En aquel momento, Ucrania manifestó su total desacuerdo con esta decisión.
La ocupación militar rusa de Ucrania ha supuesto, sin embargo, un punto de inflexión también en las instituciones del Consejo de Europa. De conformidad con su Estatuto, el Comité de Ministros decidió el 25 de febrero suspender a Rusia de sus derechos de representación en el Comité de Ministros y en la Asamblea Parlamentaria, con efecto inmediato. Eso sí, manteniendo el espíritu de la organización europea, siempre proclive a mantener lazos con sus miembros por precarios que sean, se hacía hincapié en que Rusia sigue siendo Estado miembro y parte de sus convenios, incluido el CEDH, y sigue estando bajo la jurisdicción del TEDH. La decisión europea acaba haciendo expreso que "la suspensión no es una medida definitiva, sino temporal, que deja abiertos los canales de comunicación". Las próximas semanas nos dirán si esta decisión permite algún tipo de reenganche de la Rusia de Putin a los valores democráticos europeos, por pequeño que sea, o si estamos, ya hoy, en un punto de no retorno.
