Estimadas lectoras, estimados lectores,
según el artículo 176 de la Constitución Política de Perú de 1993 (la de Alberto Fujimori, promovida después de su
autogolpe), la finalidad del sistema electoral es "asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa". Este enunciado, que aunque refiere a la normativa electoral peruana registra versiones semejantes en otros lares, deja al menos dos grandes dilemas (a diferencia de un problema, un dilema no tiene solución): la
traducción auténtica y el
reflejo exacto.
La 'traducción auténtica' presupone que hay una voluntad general previa y no sólo hay que revelarla, sino también hacerlo de 'forma exacta'. Sin embargo, no existe nada como un pueblo ostentador de una voluntad general porque lo que las elecciones registran es una sumatoria de voluntades individuales –por cierto, no inmutables sino procesadas, se supone, de un debate informado. Es más, la forma que adquiera esa sumatoria de voluntades individuales está condicionada, entre unas otras variables, por las reglas del juego: proyección caleidoscópica más que
reflejo exacto. Un ejemplo: si hay segunda vuelta, la votante de un partido pequeño puede decidirse por apoyarlo, mientras si la elección se resuelve por mayoría simple es probable que se decante por el
voto útil, que más cabría empezar a enunciar como
voto en contra de una alternativa considerada muy mala.
Chile discute en estos días su nueva Constitución. Algunos de los temas clave son los que se refieren a la forma de gobierno: presidencial, semi-presidencial o parlamentaria.
Sostuvo Ignacio Arana que lo más probable es que se imponga el presidencialismo atenuado por tres razones; 1) los elevados costes de echar abajo una estructura institucional; 2) la incorporación de las reglas del juego por parte de las élites políticas y económicas, que han amoldado sus preferencias e intereses a este sistema, y 3) la alta valoración de la elección directa por parte de la ciudadanía (no es para nada un asunto menor). Mientras seguimos con atención la evolución del debate constitucional, se puede recordar una máxima que parece una paradoja pero no lo es
: las reglas del juego son fundamentales, pero "la sola modificación de reglas y la creación de nuevas instituciones parecen no ser suficientes para alterar la dinámica política" (lo dijo María Eugenia Coutinho
por aquí). Los frutos de la reforma constitucional argentina de 1994 (la pactada en Olivos por el presidente Carlos Saúl Menem y el ex presidente Raúl Alfonsín) se ponen en perspectiva en nuestro primer artículo de hoy, con la intención de alimentar el debate chileno y global.
Hemos señalado que no es buena idea recurrir como principio guía de los diseños institucionales al rechazo visceral de lo existente desde la
retórica anti-política, como sugiere la adhesión al unicameralismo en Chile, implementado hace años
en Perú. Este último país dio una vuelta más de tuerca a esta tendencia al impedir la reelección de los legisladores en el referéndum de 2018. Ahora, la gran crisis que sigue profundizándose en Perú en estos días afronta como reto adicional la resistencia de los legisladores a perder sus puestos si se convocara una eventual nueva elección, sabiendo que no podrán postularse a la reelección. Es evidente que hay algo que va muy mal, pero también es evidente que las soluciones propuestas han profundizado los problemas existentes. No siempre es así (no vamos a caer en la
retórica de la intransigencia).
Volvamos a las segundas vueltas. Su objetivo es reforzar la declinante legitimidad de los gobiernos y abrir la competencia. El riesgo, la elevada fragmentación que alimentan. Ejemplos recientes, Costa Rica, en cuya primera vuelta compitieron
25 candidaturas; o
Ecuador, donde lo hicieron 16. Nuestro segundo artículo de hoy le da un giro más para defender su potencial democratizador.
Si ya hablamos de los procedimientos y organización del gobierno, podemos ocuparnos también de cómo y para quién se gobierna. Un ideal, la igualdad y el bienestar. A juzgar por los datos, muy lejos estamos en América Latina, ya que la región encabeza el mundo en desigualdad.
Según el artículo 13 de la Constitución de Colombia (aprobada en 1991, revolucionaria en su articulado pero no tanto en sus efectos) "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación". Los datos combinados de democracia liberal (Vdem) y desigualdad (índice de Gini) muestran las varianzas regionales. En Brasil ambos indicadores van mal. En Argentina, la democracia se sostiene pero repuntan las desigualdades. En Colombia también repuntan las segundas. mientras en Chile ésta han tendido a caer en las últimas décadas. Nuestro último artículo de hoy se ocupa del tema en Colombia, con otra máxima: "Basta con revisar la historia para observar que
el nivel de desigualdad de un país es una decisión política y que una mayor redistribución no compromete necesariamente su crecimiento económico".
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Una Constitución evidencia con especial intensidad la tensión que emerge de ser concebida para perdurar pero surgir de los condicionamientos del corto plazo.
María Eugenia Coutinho reflexiona sobre la experiencia argentina de 1994.
Democracia y segundas vueltas en las presidenciales de América Latina
Karel Kouba señala que el balotaje genera mayores oportunidades contra líderes con intenciones autoritarias que, en casos como los de Nicaragua o Hungría, acceden al poder con base en la fragmentación de los adversarios. Lo sabe Ortega, que ha impulsado reformas para volver improbable la segunda vuelta. Hay mucho más, no se lo pierda.
La redistribución, el gran reto en Colombia
En la región más desigual del mundo, Colombia es uno de los países más desiguales.
Óscar Barrera,
Ignacio Flores Beale y
Thomas Piketty repasan los datos que dan cuenta de esta desigualdad, incluyendo el género y la tenencia de la tierra, y sugieren medidas que puede que paliaran la situación. En un año electoral, por ahí debería ir el debate. Pase, lea, comente.
Destacado
- 'Podcast'.- ¿La ultraderecha se volvió libertaria? Su agenda económica es libertaria, apela a la destrucción del Estado y además agita las banderas de la anti-política. Y, como sucede en muchos lugares del mundo, su planteamiento populista se entrelaza con consignas ultraderechistas. ¿Es una tendencia, una consecuencia, una moda?
Buena lectura y hasta la próxima,
Yanina Welp
Coordinadora editorial
