Fijar un precio del carbono se considera una política central para reducir las emisiones de los países. Se trata de un cargo sobre los combustibles fósiles en proporción a la cantidad de carbono que contienen, ya que esto se traduce también proporcionalmente en emisiones de CO₂. Hay dos formas principales de fijar ese precio: (1) un impuesto al carbono y (2) fijar un tope de emisiones y comercializar los derechos de éstas (cap-and-trade).

Establecer un precio del carbono elevará el precio del carbón más que el de la gasolina y este último más que el del gas natural. Así se estimula a los productores y consumidores a cambiar a combustibles con menos carbono, en particular a energías renovables, y a ahorrar energía en calefacción, reducir el uso del transporte basado en combustibles fósiles, etcétera.

No obstante, la fijación del precio del carbono es una política que a menudo encuentra resistencia. En un proyecto de investigación recientemente concluido, hemos investigado si la ciudadanía española encontraría aceptable un impuesto al carbono y de qué tipo.

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Percepciones de justicia por países

La primera tarea del proyecto fue una revisión de 43 estudios para comprender las diversas percepciones de justicia relacionadas con esta política en distintos países. Uno de los principales hallazgos fue que las personas muestran una gran preocupación por los efectos distributivos de fijar un precio del carbono, particularmente por los impactos en las personas pobres. Muchos estudios certifican que esta preocupación, a su vez, reduce el grado de aceptación de esta política.

Si bien el principal objetivo de la fijación de precio del carbono es cambiar los incentivos para reducir el consumo de combustibles fósiles, un efecto secundario es que genera ingresos públicos. Uno de los hallazgos sorprendentes de nuestra revisión fue que, a pesar de las gran preocupación sobre los eventuales efectos regresivos, la gente a menudo prefiere que los ingresos fiscales se utilicen para acciones climáticas adicionales y no tanto para fines sociales. Sin embargo, la redistribución de ingresos a grupos vulnerables fue la segunda opción más popular de uso de ingresos.

¿Qué piensa la ciudadanía española?

Con la revisión de la literatura como base, queríamos conocer la opinión de los españoles acerca de implementar un impuesto al carbono. Para ello realizamos una encuesta representativa a 2.004 personas en 2019.



Con el fin de conocer las percepciones y opiniones de la ciudadanía sobre este impuesto, nuestra encuesta incluyó preguntas de respuesta abierta donde las personas podían responder libremente con sus propias palabras. Una de esas preguntas fue: "¿Qué piensas de la propuesta política de implantar un impuesto al carbono? Tómate tu tiempo y escribe unas pocas frases sobre lo que piensas que es relevante sobre el impuesto al carbono y por qué". Usando métodos de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático, agrupamos las diversas respuestas por temas e identificamos un total de 11 distintos, como se puede ver en la Figura 1. Por ejemplo, uno de los epígrafes agrupa opiniones que reflejan percepciones generalmente positivas sobre un impuesto al carbono (p. ej., "Me parece una buena iniciativa"), mientras que otro grupo aglutina a quienes expresan una aversión genérica a los impuestos (p. ej., "Muy mal, porque ya tenemos demasiados").
     

Uso de los ingresos y efecto de dar información

Nuestros resultados muestran que asignar todos los ingresos del impuesto a proyectos climáticos, como subsidios para energía renovable, plantar árboles o invertir en transporte público es percibido por la mayoría de las personas encuestadas como más efectivo y equitativo. Además, el 69% aceptaría un impuesto con esa aplicación de los ingresos, más aceptable en comparación con otros usos (ver Figura 3).

Según los resultados de la investigación, utilizar la mitad de lo recaudado por esta figura para apoyar el desarrollo de proyectos climáticos y la otra mitad para compensar a los hogares de bajos ingresos es la segunda opción preferida, así como la segunda mejor valorada en términos de efectividad y equidad.

También encontramos que proporcionar información sobre cómo funcionan los impuestos al carbono aumenta la aceptabilidad cuando no se especifica el uso de los ingresos, mientras que no tiene efecto cuando se especifican los ingresos.

Conexión con los debates públicos actuales

La Comisión Europea ha señalado que España tiene niveles de fiscalidad ambiental por debajo de la media. Nuestros resultados con respecto a la aceptación de los impuestos al carbono sugieren que el Gobierno podía ser más ambicioso en este campo.

Cabe señalar que los datos de nuestra encuesta se recopilaron antes de la pandemia, así como antes del reciente encarecimiento de la electricidad. Es posible que, si repitiéramos la encuesta ahora, observaríamos una mayor preferencia por la redistribución a las personas vulnerables. El mercado de la electricidad es complejo, pero es evidente que además de una influencia importante de los altos precios del gas, el encarecimiento de los derechos de emisión del sistema europeo también ha desempeñado un papel. Nótese, a este respecto, que estos precios han subido considerablemente en el transcurso de un año desde valores en torno a 30 € tonelada/CO₂ a más de 80 € tonelada/CO₂.

Un hecho menos conocido es que cada año España, y otros países, reciben ingresos por la participación en el sistema europeo de derechos de emisión. Para el año 2020, éstos fueron de alrededor de 1.240 millones de euros, y obviamente habrán sido mayores para 2021. Vale la pena considerar que, de acuerdo con las normas de la UE, al menos el 50 % de este dinero debe usarse para fines climáticos, y este porcentaje bien puede ser más alto en un futuro cercano. Nuestros resultados también contribuyen al debate sobre el uso de los ingresos generados en el sistema europeo de derechos de emisión tomando en consideración las preferencias expresadas por la ciudadanía.