En las últimas décadas, México ha vivido una revolución innovadora, pacífica y casi silenciosa que ha transformado al Estado (a través de reformas electorales y políticas) y facilitado la incorporación de grupos, como el de las mujeres, que habían estado históricamente ausentes en el ejercicio de la representación política. Tras las más de 200 reformas realizadas en materia del régimen electoral de género a nivel sub-nacional en las últimas tres décadas, la presencia de las mujeres legisladoras en los 32 congresos estatales ha aumentado en casi 40 puntos porcentuales en promedio. Esta transformación ha tenido un impacto directo en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres; en el cambio de paradigma de ver sus derechos como derechos humanos, y en las barreras y prácticas discriminatorias arraigadas en la sociedad, la clase política y el Estado.

Ese aumento femenino masivo en las instituciones políticas es el que motivó la investigación que realizamos desde el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad nacional Autónoma de México, IIjunam y Organización de Estados Americanos, OEA), con la pretensión de explorar en qué medida más mujeres legisladoras transforman el modo en que se ejerce el poder y el tipo de agendas e intereses que se representan desde los congresos estatales. Para ello, estudiamos durante casi dos años la representación política femenina de manera multidimensional en 64 legislaturas de los 32 congresos mexicanos (desde que se aprobó la paridad, en 2014, hasta la actualidad); analizamos la actuación de 2.234 representantes, la integración y presidencia de 1.778 comisiones legislativas y el contenido de 24.397 iniciativas y de 7.696 leyes aprobadas.

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La investigación ha supuesto hallazgos muy positivos para la democratización del país. Las reformas paritarias han sido exitosas en la elección de mujeres, lo que ha impactado a su vez en una mayor proporción de legisladoras dirigiendo los congresos, participando en comisiones de todo tipo y en el uso del lenguaje inclusivo. Es más, una mayor presencia de mujeres ha supuesto un mayor número de iniciativas presentadas por mujeres (más del 10%), mayor capacidad de materializarlas en comparación con la que tienen los hombres (31% vs. 29%) y una mayor aprobación de iniciativas consideradas feministas. 
 
Otros hallazgos no nos permiten ser tan optimistas. Todavía existen retos importantes para la construcción de democracias paritarias en el país con igualdad sustantiva. Las mujeres no consiguen ejercer el poder ni controlar recursos en condiciones de igualdad con los hombres; presiden más comisiones 'blandas' (género, bienestar) que 'duras' (economía, seguridad); experimentan violencia política en razón de género; los congresos siguen 'generizados' y, a pesar del incremento de las iniciativas que podrían ser consideradas como feministas, éstas siguen siendo pocas (un 16,6% de las 24.397 presentadas). La agenda continúa privilegiando los intereses masculinos mientras que los intereses de las mujeres se representan cuando no cuestionan valores establecidos y se integran dentro de las prioridades del partido gobernante. 

Los datos alertan sobre los desafíos pendientes. Esta investigación nos mostró que la representación descriptiva de las mujeres no garantiza el avance de una agenda sustantiva de género, ni progresista ni feminista. Es más, podemos decir que las legisladoras mexicanas ejercen una representación generalizada y no generizada. Esto significa que no consideran que deban legislar para las mujeres, sino que tienden a pensar que su tarea es hacerlo sobre todos los temas. Según el sondeo, que realizamos de manera virtual y respondieron 105 legisladoras de las entidades federativas, el 81% de las entrevistadas dice representar "a toda la ciudadanía" de su Estado y así legislan: la mayoría de las iniciativas que presentan reflejan agendas que no buscan la igualdad de género.


 
Más mujeres en el poder no supone más mujeres con poder para hacer las transformaciones que exigen las democracias paritarias con igualdad sustantiva. Cuando ellas llegan a los cargos de dirección (al poder formal), las decisiones se suelen tomar por canales paralelos. Las dirigencias masculinas de los partidos políticos continúan mandando en la política estatal y nacional y controlando los temas de la agenda legislativa. Por ejemplo, de las iniciativas feministas aprobadas, la mayoría fue sobre violencia contra las mujeres y sobre paridad de género, reflejando los acuerdos del Congreso federal. Otros temas que serían propios de una agenda feminista, como los derechos sexuales y reproductivos o el sistema de cuidados, están ausentes de la discusión legislativa. Se aprueban, por tanto, aquellas agendas que consiguen ingresar en las prioridades del partido gobernante. Las mujeres silencian las agendas feministas y evitan la articulación de una agenda que entre en conflicto con los valores dominantes o la línea de partido. De este modo, los oponentes de las transformaciones sociales ni siquiera tienen la necesidad de hacerlo abiertamente.

La revolución de la presencia ha permitido que muchas más mujeres accedan a los cargos, sin importar su ideología ni la naturaleza de sus propuestas, aun cuando las expectativas del movimiento feminista y de un sector de la ciudadanía fueran que las mujeres en el poder hicieran las transformaciones necesarias para reducir las desigualdades de género de algunas entidades federativas. La investigación evidencia que no todas las legisladoras son feministas; las conservadoras también defienden sus agendas e intereses. De ahí que en los últimos años haya habido en algunos estados retrocesos por la aprobación de leyes que afectan los derechos de autonomía de las mujeres.  

Esta investigación da pistas para una agenda de investigación-acción que contribuya al conocimiento comparado respecto a cómo las mujeres ejercen la representación política. Las tareas pendientes son todavía muchas. Debemos trabajar más en promover parlamentos sensibles al género; en identificar a los actores críticos que integraron las coaliciones amigables al género en las entidades federativas y, también, en las interacciones entre instituciones formales e informales, dado que cuando las mujeres acceden a los cargos formales sus decisiones y acciones se ven limitadas por los poderes fácticos estatales y partidistas. La agenda de investigación debe incorporar, también, el estudio de la representación ejercida por las mujeres conservadoras e indagar acerca de la ejercida por los varones (sobre la que, con frecuencia, se asume que representa a todos o al menos a todos los hombres). En resumen, aún queda mucho por hacer para que la presencia se convierta en influencia, con la intención de reducir las desigualdades de género que viven las entidades federativas.