La guerra entre Rusia y Ucrania ha suscitado un creciente interés por una serie de cuestiones relacionadas con el Derecho internacional. Sin embargo, buena parte de las apelaciones que se han hecho al mismo no responden a una voluntad de respetarlo y salvaguardarlo, sino de legitimar ciertas conductas que, de otro modo, podrían parecer más cuestionables. Más allá de manipulaciones deliberadas, también se han difundido informaciones que conviene matizar, o que merece la pena explorar en mayor profundidad. Centrémonos a continuación en algunos de los asuntos más relevantes.

¿Puede invocar Rusia el derecho a la legítima defensa?

No. El presidente Putin afirma que ha acudido al rescate de las repúblicas de Donetsk y Lugansk –cuya independencia reconoció justo antes de invadir Ucrania– en virtud del derecho de defensa colectiva estipulado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, se trata de una maniobra carente de fundamentación jurídica: ningún otro Estado miembro de la ONU (ni siquiera Bielorrusia) ha reconocido estas dos regiones del este de Ucrania como estados independientes, con lo que no tienen la potestad de invocar dicho artículo. Tampoco la tiene Rusia para sí misma: pese a las alusiones de Putin a supuestas "amenazas", no existía ningún indicio de que fuera a producirse un ataque armado por parte de Ucrania contra territorio ruso. El Kremlin también asegura que Ucrania estaba perpetrando un genocidio contra ciudadanos de etnia rusa, pero la Corte International de Justicia acaba de manifestar que no tiene ninguna evidencia al respecto, ordenando a Rusia detener su ofensiva.

¿Rompió la OTAN un compromiso legal ampliándose hacia el este?

No. Putin mantiene que James Baker, secretario de Estado de la Administración de George H. W. Bush, se comprometió en 1990 con el líder soviético Mijaíl Gorbachov a no extender la OTAN hacia Europa del Este. Esto es falso: a lo que Baker se comprometió –tras corregir alguna expresión desafortunada– fue a no estacionar tropas extranjeras en Alemania del Este, formulación que se terminó plasmando en el tratado de reunificación alemana, firmado por la URSS. La discusión nada tenía que ver con expandir la alianza a otros países, como ha reconocido el propio Gorbachov. La OTAN se expandió hacia el este en 1999, nuevamente en 2004, y en posteriores ocasiones hacia los Balcanes. No obstante, cabe recordar que la OTAN y Rusia habían llegado a un acuerdo político en 1997 (el Acta Fundacional) según el cual ya no se consideraban adversarias, lo que dejó vía libre a la primera ampliación.

¿Puede la OTAN intervenir legalmente en el conflicto ruso-ucraniano?

Sí. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha descartado desplegar tropas de la OTAN sobre el terreno "porque no las puede haber". Al margen de si ésta u otras modalidades de intervención directa serían política y estratégicamente convenientes, dados los enormes riesgos que entrañaría un choque entre potencias nucleares, cabe aclarar que serían plenamente legales. Aunque Ucrania no sea miembro de la Alianza Atlántica y no pueda invocar su cláusula de defensa colectiva (el famoso artículo 5), sí que es un Estado soberano sometido a una agresión armada y, por tanto, con derecho a la legítima defensa en todas sus formas. Cualquier país o grupo de países está autorizado –aunque, evidentemente, no obligado– a acudir al rescate de Ucrania. No sería la primera vez que la OTAN interviene en un conflicto sin invocar el artículo 5, bien sea amparándose legalmente en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU (por ejemplo, en Libia) o incluso sin mediar resolución alguna (durante la Guerra de Kosovo). 

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¿Puede ser juzgado Putin en la Corte Penal Internacional?

Sobre el papel, sí. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció su intención de comenzar una investigación por posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ucrania. Para ello, requería la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares o, simplemente, una solicitud por parte de al menos un Estado miembro. Aunque ni Ucrania ni Rusia lo son, el Tribunal de La Haya está facultado a actuar porque Kiev ha aceptado su jurisdicción sobre los crímenes anteriormente mencionados (caso aparte es el del crimen de agresión, que en el caso que nos ocupa solo podría investigarse si lo autorizase el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia tiene poder de veto). Finalmente, un número sin precedentes de estados miembros de la Corte (39) han referido el caso al fiscal, acelerando así los trámites. Para ser juzgado, sin embargo, Putin debería ser extraditado por su país –lo cual requeriría una reforma constitucional– o arrestado en otro. 

¿Están abandonando su neutralidad Finlandia y Suecia?

No, porque ya la habían abandonado. Finlandia y Suecia se mantuvieron neutrales durante la Guerra Fría, pero dicha política se ha venido ajustando, especialmente a raíz de su ingreso en la UE en 1995. Ambos países participan en la Política Común de Seguridad y Defensa e incluso en la Cooperación Estructurada Permanente (Pesco), de la que sí se desmarcó Malta por temor a que interfiriese con el estatus de neutralidad inscrito en su Constitución. Todos los miembros de la UE suscriben la cláusula de defensa colectiva contenida en el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, aunque exista cierta ambigüedad sobre el grado en que dicha cláusula es aplicable a países histórica o nominalmente neutrales. Finlandia y Suecia ya no se definen como tales (con lo que no resulta tan sorprendente, aunque sí novedoso, que Finlandia decida enviar armamento a Ucrania), sino como países no pertenecientes a ninguna alianza militar, o militarmente no alineados. Como es obvio, esta definición decaería si finalmente ingresaran en la OTAN, posibilidad a la que sus respectivas poblaciones se han abierto en las últimas semanas.

¿Podrá ingresar Ucrania en la UE?

A la larga, sí. Según el Tratado de la Unión Europea, la organización está abierta a cualquier país europeo comprometido con una serie de valores básicos. Estos valores son los llamados criterios de Copenhague, entre los que se encuentran la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos, la protección de las minorías y la economía de mercado. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha solicitado el ingreso "inmediato" en la UE bajo un "nuevo procedimiento especial", consciente de que el camino establecido no es fácil de transitar. En diversas fases del proceso, los actuales estados miembros deben pronunciarse por unanimidad, y las negociaciones pueden extenderse durante años o incluso décadas. Los intervalos más cortos entre solicitud y admisión fueron de tres y cuatro años (precisamente, en los casos de Finlandia y Suecia). Además, el ingreso de un Estado en situación de conflicto armado podría acarrear una serie de obligaciones para los demás miembros en virtud del ya mencionado artículo 42.7.