En la Ilíada, Penélope aguarda el retorno de Ulises a Ítaca tejiendo un tapiz que deshila al final del día y al resguardo de la penumbra. Esta metáfora sobre esfuerzos constantes en direcciones opuestas parece caracterizar bien dos pilares de la política de derechos sociales del Gobierno federal en México. Por una parte, ha emprendido una de las políticas de recuperación del salario mínimo más ambiciosas de las últimas décadas (y de toda América Latina) y desde 2019 se han hilado cuatro años de incrementos consecutivos en ese indicador. Por otra, su política social ha sido una de las más tímidas en toda América; y regresiva, al beneficiar desproporcionadamente a los hogares más ricos.

En 2019, el país experimentó el incremento salarial más elevado en 18 años. Más aún, la subida del 20% del salario mínimo parece haber tenido un efecto positivo sobre la determinación retributiva en el resto del mercado laboral mexicano. El salario general (ligado a las empresas con trabajadores bajo un contrato colectivo) ha aumentado un 1,7% en términos reales respecto de 2020. De manera similar, el salario promedio, mucho más representativo del resto del mercado laboral, se ha incrementado un 1,4% en términos reales. Si bien éste último desmerece un poco frente al incremento del salario promedio real en 2020 respecto del año anterior (subió cerca de un 3%), ello refleja un incremento más que proporcional respecto a la inflación, a la que el Gobierno federal parece haber respondido decididamente y en una dirección positiva en cuanto a la política salarial. Más aún, el aumento al salario mínimo del 22%, vigente para este año, es el más ambicioso desde el inicio de la actual administración y, con ello, el montante actual prácticamente ha duplicado su valor. Por primera vez, el salario mínimo cubre más de una canasta básica alimentaria por persona (el 148% para 2021 y el 132% para 2022). 

Sin embargo, lo que Penélope teje un día en el tapiz laboral, pareciera destejerlo al otro con la aguja de su gasto en política social, particularmente frente a la pandemia de Covid-2019. De acuerdo con la edición más reciente del 'Panorama Social de América Latina' (de febrero de 2021) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal), la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 niveles que no se habían registrado en México desde hace casi 20 años. Frente a ello, y envuelto en la retórica francamente neoliberal de responsabilidad fiscal para evitar el endeudamiento (que contrasta con la recurrente afirmación del presidente López Obrador en sus conferencias matutinas diarias de que el neoliberalismo ha sido erradicado del país), la política de respaldo a la población en gasto social gubernamental se encuentra entre las más reducidas de América Latina. Y ello a pesar de que México tenía un mayor espacio fiscal, al gozar de un nivel de deuda menor a la de economías de dimensiones similares como Brasil y Argentina (Cepal, 2020). Aún peor: el informe más reciente de este organismo confirma lo que otras instituciones, investigadores y académicos han señalado desde 2020: el gasto social de la presente Administración es regresivo; es decir, favorece con creces a los hogares con mayores ingresos. Los principales beneficiarios de la exigua política de gasto social han sido el 20% más rico de los hogares mexicanos.

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De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, el organismo con autonomía constitucional responsable de la medición de la pobreza a nivel nacional), una persona es pobre cuando su ingreso es inferior a la Línea de pobreza por ingresos (es decir, el valor de la canastas alimentaria y no alimentaria) y tiene, además, una de las seis posibles carencias sociales (rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, a espacios de vivienda de calidad, a servicios básicos de vivienda y a alimentación nutritiva y de calidad. Por otra parte, la población en situación de pobreza extrema es la que tiene unos ingresos por debajo de la línea correspondiente (en este caso, el valor de la canasta alimentaria) y presenta al menos tres carencias sociales.

Tomando en consideración estos perfiles, entre 2018 y 2020 la población pobre pasó del 41,9% al 43,9% del total, el porcentaje en situación de pobreza extrema también aumentó, del 7% al 8,5% (Coneval, 2021). Destaca especialmente, el incremento del 12% en la carencia por acceso a los servicios de salud, que pasó del 16,2% al 28,2% en el periodo de referencia; casi un tercio de  la población del país.

Para contextualizar estos datos, vale recuperar las estimaciones que la Cepal realizó el año pasado; cifras que, para el caso mexicano, difieren levemente de las calculadas por el Coneval (que tiene en cuenta un universo más amplio de carencias). Conforme a la Cepal, la pobreza total en México pasó del 35,5% al 37,4%, mientras que en Argentina la evolución fue del 24,4% al 34,3%, en Chile pasó del 10,7% al 14,2% y en Brasil, se redujo del 20,4% al 18,4%.

Si hablamos de pobreza extrema, en México pasó del 7,7% al 9,2%, en Argentina del 3,6% al 6,3%, en Chile del 1,4% al 4,5% y en Brasil bajó del 5,6% al 5,1%. De esta forma, si bien el ritmo al que se ha agravado la pobreza en México fue uno de los menores en América Latina en ese periodo, las tasas de pobreza y pobreza extrema de 2020 son las mayores de estas cuatro economías de similar tamaño y son cercanas o mayores a las observadas 12 años atrás, en 2008.Parte de la explicación de esta divergencia puede estar en las decisiones de gasto social de sus respectivos gobiernos. En 2020, Brasil, Chile y Argentina destinaron el 22,5%, el 20,2% y el 17% de sus PIBs nacionales a medidas de gasto social; México, apenas el 10,4%. Estos tres montantes responden, pues, a decisiones deliberadas de sus ejecutivos respectivos de incrementar sustancialmente el esfuerzo público frente a la pandemia, y la decisión, también deliberada, del Gobierno mexicano de no hacerlo. En efecto, la tasa de crecimiento anual de esta partida por parte del Ejecutivo mexicano fue de apenas el 3%, en comparación con el 27% y el 18% de Brasil y Argentina. De esta forma, el primero de los tres países pasó de destinar 955 dólares constantes de 2019 per capita a 970, mientras que la evolución brasileña fue de 1.962 a 2.473 dólares. Abundando en la misma tendencia, México sólo dedicó en ese año el 0,2% de su PIB a gasto público para programas laborales, por detrás del 0,3% del promedio americano y del 0,5% de Brasil.Resulta quizás más grave que el ya de por sí limitado gasto social del Gobierno central mexicano frente a la pandemia privilegió a los hogares más ricos del país. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto 2020 (un instrumento de medición que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística publica cada dos años), entre 2018 y 2020 el 10% de los hogares más pobres pasó de recibir el 18% del monto total de transferencias de gasto social a sólo el 10%, mientras el decil poblacional más acomodado duplicó su participación, pasando del 4% al 8%. En 2016, el 61% de los hogares más pobres (el quintil con menores ingresos de la distribución) eran beneficiarios de programas sociales; cuatro años más tarde, ese porcentaje había caído al 35% (Indesig, 2020).



La interpretación de la Cepal es inequívoca al evaluar, en la misma línea, la regresividad de la política social del Gobierno central mexicano frente a la pandemia: “La inclusión de las transferencias aumentó la brecha de ingreso medio en el quintil más pobre con respecto al año previo y la redujo levemente en los otros quintiles” (Cepal, 2021).

Sin lugar a dudas, es necesario realizar una estimación más minuciosa sobre la relación causalmente el montante de las transferencias sociales y su efecto sobre el incremento de la pobreza y la pobreza extrema en México. Si bien su crecimiento fue menor al de otros países, representa una proporción mayor de su población si lo comparamos con los países con economías similares. En cambio, la subida del salario mínimo sería una explicación causal con mayores posibilidades.

El actuar contradictorio de Penélope perseguía un solo propósito en la patriarcal Hélade de Homero: mantener a raya a un ejército de pretendientes hasta que el regreso de Ulises o la mayoría de edad de Telémaco la liberaran de la amenaza de los invasores en su hogar. Sin embargo, la dirección opuesta de las políticas laboral y la social del Gobierno mexicano no parece perseguir un propósito consolidado ni definido. En ese caso, quizás la figura más apropiada para describir metafóricamente las decisiones gubernamentales sea la que Robert Louis Stevenson ofreció en El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde: una dualidad persistente y maligna que acabe por quebrar todos los esfuerzos del protagonista.