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Ernesto Zelada (Euro Social)

¿Cuántas puertas abre la llave de la Justicia?

Mariano Guillén , María Luisa Domínguez

8 mins - 23 de Marzo de 2022, 14:00

Todas las personas son iguales ante la ley, pero ¿tienen todas las personas el mismo acceso a la Justicia? La respuesta es NO. Todavía. Pueblos indígenas, personas migrantes y refugiadas, con discapacidad, en entornos remotos o mujeres víctimas de violencia de género, entre otros colectivos, encuentran a menudo serias limitaciones para conocer sus derechos, acudir a un tribunal, defenderse o denunciar con garantías, etcétera. Un lenguaje demasiado técnico, la falta de servicios de traducción a lenguas indígenas, el desconocimiento de los propios derechos, distancias físicas insalvables o simplemente miedos y desconfianza son sólo algunos de los obstáculos más habituales que impiden a estos colectivos un acceso efectivo a la Justicia en América Latina.

Además las redes judiciales (Comjib, Aiamp y Aidef) coinciden en que la pandemia ha agravado las dificultades de acceso a la Justicia para los grupos más vulnerables. Así lo manifestaron en la 'Declaración Iberoamericana por el acceso a la Justicia como elemento indispensable para afrontar las desigualdades a propósito del impacto del Covid-19', firmada el pasado 14 de enero en Valparaíso durante la celebración de un encuentro del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea liderado por la Fiiapp.

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Más allá de estas grandes declaraciones de líderes regionales y representantes de todos los operadores jurídicos, es importante no perder la perspectiva de lo que significa el acceso a la Justicia en la vida de las personas. No hablamos de un reconocimiento abstracto de un derecho de tutela judicial efectiva, sino de personas en situación de vulnerabilidad, que necesitan del sistema de Justicia para ver reconocida su plena condición de ser humano: un líder social que protege el agua limpia de su comunidad frente a un vertido ilegal, una madre que reclama una pensión de alimentos para sus hijos, una persona migrante que quiere acceso a la educación o a la salud para los suyos, independientemente de la situación administrativa de éstos, la víctima de un delito violento que es protegida para contribuir a la investigación contra su agresor en condiciones de seguridad… Éstos son sólo algunos ejemplos de derechos esenciales cuyo alcance algunos damos por sentado, mientras otros encuentran serias dificultades para acceder a ellos. 


Abrir la Justicia en tiempos difíciles
No es la pandemia el único reto que afronta la región en su lucha por no retroceder en términos de cohesión social y acceso a derechos: movimientos migratorios masivos, asentamiento estructural de la corrupción en el sector público y los grandes operadores económicos, un sistema tributario débil y una deficiente distribución de la riqueza, unos efectos del cambio climático que se dejan notar con más fuerza entre los más vulnerables son otras causas de un aumento de la desigualdad en la ya de por sí región más desigual del planeta. Desigualdad que, por supuesto, impacta en primer lugar en las mujeres, los pueblos indígenas y personas racializadas, las personas mayores, con discapacidad, en situación de movilidad (migrantes y refugiados), los niños, niñas y adolescentes, las personas LGTBIQ+, las personas con trabajo informal y en situación de pobreza, y que se ha presentado en mayor medida en las áreas rurales. Se trata de amplios sectores sociales que interpelan a los poderes públicos en el reconocimiento de sus derechos. Y es aquí donde la Justicia está llamada a cumplir un papel central, porque sin acceso a ella no es posible una garantía efectiva del resto de derechos si estos son vulnerados. 

Para desplegar ese rol, las Reglas de Brasilia se presentan como un instrumento que llena de esperanza a la región: un conjunto de 100 reglas que consagran estándares básicos comunes para garantizar el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Brasilia en marzo de 2008. Por ahora, son recomendaciones a los estados. Convertirlas en una obligación mediante un tratado internacional marca la hoja de ruta de las redes iberoamericanas y también orienta parte del trabajo de la Fiiapp para los próximos años.  

Recuperar recursos y confianza
No se trata sólo de proteger a las personas, también de evitar el deterioro de la confianza de los ciudadanos en el sistema de Justicia, que es tanto como decir el deterioro de la confianza de los ciudadanos en la democracia. Si los ciudadanos no se sienten atendidos por las instituciones, dejarán de confiar en la Justicia y pensarán que ésta sólo funciona para algunos.

El último Informe de Latinobarómetro 2021 es muy claro en este sentido. Por primera vez, ha medido la percepción en el acceso a determinados servicios como  la salud, la educación y la Justicia. No deja de ser llamativo, que, en una región con notables carencias en el acceso a las dos primeras, como ha quedado evidenciado durante la pandemia, sea, sin embargo, la Justicia la peor valorada por los ciudadanos y ciudadanas con un 77%, por delante de la salud y la educación. 

En el Encuentro de EUROsociAL+ también hubo un consenso en torno a la necesidad de aprovechar la crisis para convertirla en oportunidad y preparar a los sistemas de Justicia para que superen las actuales dificultades garantizando el funcionamiento de un servicio público de calidad, independiente e imparcial con unos plazos de respuesta razonables. La pandemia ha golpeado estructuras y mecanismos laboriosamente puestos en pie a lo largo del tiempo en materia de acceso a la Justicia, cuya marcha se ha ralentizado o detenido en algunos casos. En este contexto, es necesario reconstruir, volver a armar estas estrategias, garantizando que nadie quede atrás, utilizando la pandemia como acelerador de procesos, particularmente en la implantación de las nuevas tecnologías en el sistema judicial.



Una respuesta común para retos compartidos
No será posible hacerlo sin las alianzas y redes de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre instituciones homólogas de la región latinoamericana y europea, que desde hace algunas décadas han permitido avanzar en la construcción de respuestas comunes a problemas compartidos y en la definición de estándares regionales con alto valor axiológico que hay que continuar traduciendo en políticas nacionales, lo que abre un espacio para la asistencia y colaboración de la cooperación internacional, apoyando espacios de diálogo, coordinación y compromiso. Pero para hacer efectivos los compromisos adquiridos se requiere incorporar los objetivos regionales a los planes institucionales y estrategias de desarrollo nacionales, con las dotaciones presupuestarias y los recursos necesarios. También quedó muy claro en Valparaíso que el acceso a la Justicia es una empresa común que requiere respuestas comunes y, en este sentido, se destacó la importancia de la colaboración y coordinación inter-institucional en las políticas de acceso a la Justicia. 

Otro verdadero reto en los procesos de construir y reforzar estos mecanismos es el de incorporar una mayor participación de la sociedad civil. Este elemento también fue evocado en el encuentro de EUROsociAL+ y debe concedérsele también la máxima importancia. La inclusión de la sociedad civil organizada en el debate implica, en última instancia, considerar la voz de aquellos a quien va dirigido el servicio y que deben sentirse reconocidos e invitados por los sistemas de Justicia. Supone la única manera de incorporar al debate la visión de los usuarios de este servicio público, que tienen un conocimiento preciso de los problemas en el territorio, con lo que contribuye en la implementación de soluciones y cumple un rol esencial en el seguimiento y fiscalización de las medidas.

Terminamos señalando que no se puede pensar la seguridad y el desarrollo sin justicia, pero tampoco se puede pensar la cohesión social y la convivencia democrática sin ella. Son dos dimensiones que se complementan, y ambas son necesarias si queremos cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16º de la Agenda 2030; o lo que es lo mismo, si queremos garantizar unas instituciones al servicio de los ciudadanos y del reconocimiento de sus derechos.
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