La soberanía se refiere al poder de mando en última instancia y se identifica con quien ejerce la autoridad suprema en un Estado (Bobbio, Matteucci, Pasquino, 2000). Si bien los textos constitucionales establecen comúnmente que la soberanía reside en el pueblo, la necesidad del contrato social hace que se deposite en el Estado. Así, es éste y sus instituciones quienes tienen la exclusividad sobre el ejercicio de autoridad, sin interferencia de otros. Esto implica que en el interior del Estado se pueda gobernar y mantener la paz, y que de cara al exterior haya igualdad jurídica entre estados.

Aunque la práctica de la soberanía tiene consecuencias positivas (desde la delimitación del mar territorial y el cuidado de los recursos naturales hasta la protección de los ciudadanos allende las fronteras nacionales), también tiene un lado negativo. La soberanía es usada con frecuencia para frenar la acción internacional ante decisiones arbitrarias, violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por autoridades nacionales. En nombre de la soberanía y el derecho de cada país a elegir su 'propio camino' se han cometido todo tipo de abusos. Así, China justificó la matanza de manifestantes pro-democracia en la plaza de Tiananmen, en 1989.

Es común que, de manera preventiva, países autoritarios invoquen la soberanía y defiendan y promuevan la no intervención. Admitir la validez de un sistema supranacional de derechos humanos, con tratados (desde la Declaración Universal sobre esta materia de 1948 hasta la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 1994), cortes y otros procedimientos equivale a legitimarlos. Invocar la soberanía es medicina preventiva. Así, los países autoritarios usualmente rechazan resoluciones condenando las acciones de un Estado. Apoyar tales decisiones equivale a abrir la puerta para que ellos mismos sean examinados en el futuro. 

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Ante esto, no debiera sorprendernos la votación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de la resolución sobre la invasión rusa de Ucrania. Esta resolución, que exigía "la retirada inmediata, completa e incondicional de las fuerzas militares rusas del territorio de Ucrania", fue aprobada por la requerida mayoría de dos terceras partes de los estados miembros (193 en total). Concretamente, 141 países se pronunciaron a favor. Sin embargo, se registraron 35 abstenciones, cinco votos en contra y algunas ausencias. Si la tesis anterior de 'complicidad autoritaria' es correcta, deberíamos observar que la mayor parte de las abstenciones y votos en contra pertenecen a regímenes autoritarios y, por tanto, renuentes a la idea de que la comunidad internacional limite la acción de un Estado, en este caso de Rusia. 

Pongo esta tesis a prueba utilizando datos de los Índices Globales del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (Idea), con 116 indicadores sobre la calidad de la democracia para 165 países, incluyendo una clasificación de tipo de régimen. La relación entre el sentido de la votación en la Asamblea General y el tipo de régimen es clara. Mientras el 74,3% de los votos a favor de la resolución correspondieron a regímenes democráticos, el 73,1% de los votos en contra, abstenciones y ausencias correspondió a regímenes híbridos y autoritarios (Gráfico 1). El 100% de los países que votaron en contra (Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Siria y Rusia) son autoritarios. Ahora bien, si nos enfocamos en la votación por tipo de régimen (Gráfico 2), descubrimos que las democracias favorecieron la resolución de manera arrolladora (el 85,7% de éstas votaron a favor y ninguna votó en contra), mientras que los regímenes autoritarios en su mayoría votaron en contra, se abstuvieron o se ausentaron.
   

¿Este patrón se repite en el caso de América Latina y el Caribe? En nuestra región hubo un total de 27 votos a favor, cuatro abstenciones (Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua) y una ausencia (Venezuela, quien perdió su derecho de voto en la ONU) (Gráfico 3). De acuerdo con los Índices Globales de Idea, Cuba, Nicaragua y Venezuela son considerados regímenes autoritarios, mientras que Bolivia y El Salvador son clasificados como democracias. En América Latina, utilizando la clasificación formal de tipo de régimen, la hipótesis de complicidad autoritaria se cumple parcialmente. 



¿Qué puede explicar estas abstenciones (y, por tanto, el apoyo o complicidad tácita de estos países latinoamericanos) a Rusia? Los lazos de Cuba y Nicaragua con el país euro-asiático no son nuevos y vienen desde la época en que la Unión Soviética apoyó a ambos países, liderados entonces por Fidel Castro y Daniel Ortega, respectivamente, a través de créditos, materias primas y cooperación militar, entre otros. Pero más allá de la nostalgia de la Guerra Fría, se trata de países cerrados en los que el Gobierno controla las instituciones, reprime toda voz independiente y encarcela a sus opositores. Es decir, se trata de regímenes que cometen abusos y tienen mucho que ocultar a la luz pública y al escrutinio internacional. Por ello, no sorprende que usen su soberanía para cuidar sus espaldas.

Para muestra, un botón. En 2021, Nicaragua acudió a las urnas para elegir presidente y Asamblea Legislativa. Con un Consejo Supremo Electoral controlado por el partido gobernante, tras una campaña desigual con abuso de recursos gubernamentales, arrestos a candidatos opositores y una jornada con irregularidades y sin observación electoral, Ortega se reeligió por quinta ocasión. Ante este fraude, Putin felicitó a Ortega y ofreció su apoyo al régimen por sus esfuerzos "para garantizar la soberanía nacional".



Si bien Bolivia y El Salvador no son formalmente clasificados como países autoritarios o híbridos, en años recientes sus gobiernos han avanzado en esa dirección. En Bolivia, aunque la racha autoritaria se interrumpió con la organización de elecciones libres y limpias a cargo de un nuevo Tribunal Supremo Electoral en 2020, la llegada de Luis Arce ha traído renovada persecución política de opositores y un uso faccioso de la Justicia. En El Salvador, Nayib Bukele ha iniciado un ciclo autoritario tras el control absoluto de los tres poderes del Estado. Ejemplos de ello han sido la irrupción en la Asamblea Nacional acompañado de militares para presionar a los diputados y la aprobación de la reelección presidencial por la Corte Suprema. Ante esto, resulta obvio usar la soberanía de manera preventiva para esconder abusos y escudarse del escrutinio internacional actual y futuro. Sus votos así lo confirman. 

Así, si vamos más allá de la clasificación formal de tipo de régimen, podemos ver que la idea central de este texto (la complicidad entre autócratas) se confirma también en América Latina. No es coincidencia esta relación tan alta entre votos en contra y abstenciones y regímenes autoritarios dando su apoyo a Moscú ante una invasión a todas luces cruel y ventajosa. Los tiranos usan la soberanía para cuidar sus espaldas.