El electorado costarricense acudirá el próximo 3 de abril al balotaje para elegir al nuevo presidente de la República, toda vez que ninguno de los 25 candidatos alcanzara en la primera vuelta el 40% de los votos exigidos por la legislación electoral para convertirse en líder del Ejecutivo. La contienda se definirá ahora
entre dos candidatos cuyas diferencias ideológicas son difícilmente identificables: José María Figueres, ex presidente de la República y representante de uno de los partidos tradicionales de la otrora era del bipartidismo, el Partido Liberación Nacional (27,3%); y Rodrigo Chaves, ex funcionario del Banco Mundial y que fue fugaz ministro de Hacienda en el actual Gobierno, representando al recientemente fundado Partido Progreso Social Democrático (16,7%). Según las encuestas más recientes, y teniendo en cuenta de los márgenes de error, ambas opciones se encuentran ante un
empate técnico en cuanto a intención de voto (Figueres 38,1%; vrs Chaves 43,3%).
Las segundas vueltas electorales no son un continuum de las primeras, sino que deben analizarse como elecciones distintas, y eso resulta aún más pertinente en el caso de Costa Rica, donde la distancia temporal entre una y otra convocatorias es la más larga en América Latina. Cinco elementos fundamentales caracterizan la jornada del próximo domingo: el riesgo potencial de que triunfe un candidato anti-sistema, el contexto de desafección partidaria, la desigualdad y la percepción de corrupción, el fenómeno del abstencionismo y los indecisos y, por último, la ausencia de alianzas electorales.
La amenaza anti-democrática
A pesar de tener uno de los sistemas democráticos más estables y sólidos del continente, Costa Rica se encuentra, como en 2018, ante la encrucijada de una segunda vuelta que no sólo decidirá la identidad de un nuevo presidente, sino que determinará la posibilidad de un cambio categórico en la propia institucionalidad democrática. Una vez más, esta segunda vuelta será el mecanismo con el que se comprobará si la ciudadanía brinda o no una oportunidad a un candidato anti-sistema.
Se trata de un proyecto político distinto al que pusiera en vilo al país en la segunda vuelta de 2018, ante la inminente llegada al poder (por aquel entonces) de un candidato neopentecostal promotor de políticas que revertían los avances en derechos humanos (especialmente de las mujeres y grupos minoritarios) y proponía sacar a Costa Rica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, en el próximo balotaje la democracia costarricense afronta riesgos nuevos, particularmente en materia de libertad de expresión, división de poderes y respeto a las instituciones políticas.
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A lo largo de la campaña, Chaves ha atacado y amedrentado en múltiples oportunidades a medios de comunicación y periodistas, acusándolos de representar a grupos de poder del país que, según él, temen las políticas anticorrupción de un eventual Gobierno suyo. De igual forma, tanto Chaves como sus más cercanos colaboradores
han cuestionado la integridad del Tribunal Supremo de Elecciones y lanzado advertencias al Poder Judicial. También han señalado la intención de gobernar por decreto y refererendos, con el fin de evadirse el proceso de discusión de las propuestas del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa. En su programa de gobierno se propone
remover vía reforma el límite de referendos por año, bajando además los porcentajes para la aprobación de las consultas y para convertir sus resultados en vinculantes. Una de sus colaboradoras más cercanas, la periodista y diputada
Pilar Cisneros, ha mencionado incluso la intención de someter a consulta popular asuntos que la legislación prohíbe, tales como iniciativas sobre pensiones o aquéllas relacionadas con derechos humanos como la eutanasia y el aborto.
Desafección partidaria, corrupción y desigualdad
A pesar de las intenciones de este candidato de actuar fuera de las reglas democráticas, existe un grupo ciudadano que le apoya (en mayor medida, en las zonas no urbanas y costeras) con la esperanza de un cambio que puedan revertir la desigualdad, pobreza y desempleo que le afecta más que al resto del país. Son precisamente estas zonas periféricas las más perjudicadas por la ausencia del Estado y no es de extrañar que fuera también allí donde se apoyó en mayor medida la opción anti-sistema de 2018.
Asimismo, los planteamientos de Chaves se han vuelto atractivos en un contexto en el que el 89% de la ciudadanía opina que quienes gobiernan lo hacen para grupos poderosos y en su propio beneficio. Paralelamente, y a diferencia de lo que sucedía en la era del bipartidismo, existe actualmente una alta desafección partidaria:
el 90% de la población no simpatiza con ningún partido. Esto ha favorecido la proliferación de agrupaciones partidarias y el surgimiento de
partidos taxi, puerta de entrada de
outsiders y populistas.
Ante el desencanto y el anhelo de cambio, el electorado se ha sentido también limitado ante las perspectivas del rival de la contienda, Figueres, percibido como representante de la política tradicional que afronta, además, cuestionamientos por corrupción procedentes de una
investigación que se remonta 2004 por supuestos pagos de consultoría provenientes de la firma francesa Alcatel.
Pero Figueres no ha sido el único: también Chaves, que fue sancionado por un tribunal laboral del Banco Mundial por
acoso sexual a seis funcionarias mientras el candidato trabajaba allí. Tiene prohibido entrar al Banco sin avisar previamente a las víctimas. A pesar de los cuestionamientos que pesan sobre ambos, las acusaciones a Figueres han tenido un
mayor impacto en la ciudadanía, con un 47,7% que señala que influyen en su intención de voto, frente a un 33% que dice lo mismo respecto a Chaves.
A pesar de que el PPSD de Chaves compite con la bandera de la anti-corrupción, toda la campaña del balotaje se ha visto permeada por acusaciones relacionadas con la posible existencia de una estructura paralela de financiación electoral en el seno de dicho partido. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió una investigación en su contra tras las acusaciones presentadas por miembros del mismo partido por supuesta falta de transparencia en el manejo de los fondos e, incluso, sospechas de lavado de dinero. El TSE exigió la apertura de las
cuentas bancarias del Fideicomiso Costa Rica Próspera en el Banco Nacional, con el que se sufragaron múltiples gastos de campaña que no fueron reportados al tribunal, según establece la ley. Además, el PPSD recibió donaciones de personas jurídicas y extranjeras, algo prohibido por el Código Electoral. El TSE también ha iniciado una investigación a Figueres por fondos aún no reportados que cubrieron su reciente viaje a República Dominicana.
Esta nebulosa de corrupción en torno a los candidatos y sus campañas se da en un contexto donde el electorado considera la corrupción como uno de los problemas más apremiantes del país (Ciep), y en medio de investigaciones de grandes casos de corruptelas (como el de
Cochinilla, Diamante y Azteca) revelados el último año, que sacaron a la luz el involucramiento de miembros de varios partidos políticos en esquemas de dádivas y favorecimiento ilícito en la construcción de obra pública; incluyendo, en este último caso, una supuesta injerencia de fondos del narcotráfico.
Abstencionismo e indecisión
A pocos días de la elección, Chaves recibe mayor intención de voto de los hombres y las áreas rurales y costeras, mientras Figueres aglutina su apoyo en áreas urbanas como San José (capital) y Heredia, y entre los sectores de mayor edad. Un 73% de las personas se declaran dispuestas a votar. Sin embargo, de continuar la tendencia de la primera vuelta (con un porcentaje histórico de abstencionismo del
40%) y del comportamiento electoral desde las elecciones de 1998, es posible que la participación sea menor a la captada por las encuestas. A ello se suman
las dificultades citadas por muchos para decidir: uno de cada cuatro admite encontrarse en esa situación, y un 54% rechaza ambas candidaturas. El aumento del abstencionismo está claro, y lo mismo se puede decir de la pérdida de motivación ciudadana por el voto como instrumento de cambio en esas zonas. No en vano, en Costa Rica existe una relación directa entre el
abstencionismo y el desarrollo humano, y en los cantones donde éste último es más bajo es donde se observan mayores niveles de abstencionismo.
Más del 16,5% de los encuestados dice no haber decidido aún por quién votar, con porcentajes mayores entre mujeres, jóvenes y personas con educación intermedia. Todo lo anterior explica el énfasis que los candidatos han puesto durante la campaña en estos colectivos y en los habitantes de las costas. Además, ambos candidatos han fortalecido sus estrategias para captar el voto conservador mediante pronunciamientos y actos simbólicos de apoyo a grupos religiosos y a propuestas contra de la llamada
ideología de género y el aborto. En la primera vuelta se pudo ver un apoyo ciudadano importante a partidos de orientación conservadora tales como Nueva República y Unidad Social Cristiana.
Ausencia de alianzas partidarias
La obtención de resultados electorales tan bajos en la primera vuelta tiene como consecuencia la prioridad de construir alianzas con otros partidos no sólo para ganar el balotaje, sino para facilitar la gobernabilidad del nuevo oficialismo. Sin embargo, las alianzas partidarias han estado prácticamente ausentes en esta campaña. Hasta el momento, se ha tratado más de adhesiones de individuos específicos que de coaliciones. Es como si el resto de partidos no quisiera arriesgar su imagen ante un eventual mal desempeño del nuevo Gobierno que pueda afectar a futuro su capital político. De todas formas, tanto el nuevo Ejecutivo como los partidos representados en el Legislativo estarán obligados a buscar alianzas, ya que ninguno de los seis con representación en el Congreso alcanzó un porcentaje de mayoría simple o calificada. El PLN de Figueres necesitaría menos votos adicionales, pues obtuvo el mayor número de curules (19 de 57), mientras que el panorama para Chaves ante un eventual triunfo es más complejo porque estaría obligado a negociaciones de mayor calado a la vista de sus escasos 10 escaños en la Asamblea.
Nada está escrito en piedra para esta elección. Del impacto de cada uno de los cinco factores explicados dependerá el resultado. Y, sea cual sea, Costa Rica no podrá ignorar por más tiempo las señales que emiten el comportamiento del electorado y la calidad de su liderazgo.
